Indígenas en Bolivia empiezan a mostrar sus inconformidades con Evo Morales

En sus 12 años como presidente del país más pobre de Sudamérica, Evo Morales cumplió con muchos de los objetivos que se fijó al convertirse en el primer indígena en liderar Bolivia.

El izquierdista de 58 años y exrecolector de hojas de coca preside una economía que creció un promedio de 4,6% anual desde que tomó el mando, más del doble que el promedio del resto de América Latina.

Tras nacionalizar las abundantes reservas de gas del país, aplicó políticas económicas amigables con el mercado e invirtió en programas sociales que ayudaron a salir de la pobreza a más de dos millones de personas, casi un quinto de la población.

Con una nueva Constitución a partir del 2009, también cambió el nombre del país de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia, reflejando las diferentes identidades étnicas que por siglos se sintieron ciudadanos de segunda clase.

Para los más de cuatro millones de indígenas de Bolivia, el apoyo de Morales parece haber dado frutos.

La tasa de pobreza bajó desde el 59,9% en 2006 al 36,4% el año pasado. El acceso de comunidades indígenas a electricidad, cloacas y agua potable creció, de acuerdo con el Banco Mundial.

En Charagua, en las remotas tierras bajas en el sur, el pueblo guaraní recientemente disolvió su municipalidad y lanzó el primer experimento de gobierno autónomo en el país. La decisión, posible por la nueva carta magna, busca reemplazar leyes distantes y homogéneas con políticas creadas para la realidad indígena local.

Sin embargo, tanto allí como en el resto de Bolivia, cada vez más indígenas le están dando la espalda a Evo, como se conoce a Morales, quien suele vestir un clásico poncho.

La insatisfacción -que va desde el desarrollo de las tierras indígenas hasta su éxito en eliminar los límites a su mandato- está erosionando lo que hasta ahora era un elogio generalizado hacia Morales como líder emblemático para los movimientos indígenas mundiales.

"Su manera de pensar y sus acciones no son indígenas", dijo Gualberto Cusi, exjuez y aimara, una tribu influyente andina de la que es oriundo el propio Morales. Cusi, quien fue excluido del Tribunal Constitucional por el Congreso el año pasado por sus desacuerdos con el Gobierno, ahora lidera un grupo de indígenas disidentes.

Muchos aimaras se han desarrollado bajo el mandato de Morales. Respaldados por una larga historia de ventas de textiles a lo largo del lago Titicaca, ahora prosperan en actividades comerciales como la importación de productos electrónicos chinos, que venden en lugares tan lejanos como la selva amazónica.

Pero incluso ellos están cada vez más hartos.

"Él debería irse", dice Joaquín Quispe, un cocinero aimara cuya familia se mudó del interior de Bolivia a El Alto, una ciudad que agrandó en las afueras de La Paz por la creciente afluencia de indígenas en los últimos años.

Lo que particularmente les molesta a algunos son los usos que hace Morales de sus partidarios en el Congreso y en la Justicia para consolidarse en el poder.

Aunque su propia Constitución del año 2009 establece un límite de dos mandatos de cinco años, Morales pidió a los votantes en un referéndum en el 2016 que lo dejaran buscar una nueva reelección en 2019.

Cuando el resultado fue negativo, el presidente le pidió al Tribunal Constitucional que igualmente lo autorizara. Este tribunal, integrado por jueces nominados por sus aliados en el Congreso, dictaminó que el límite de dos períodos para el mandato presidencial es una violación a sus "derechos humanos".

Gisela López, portavoz de Morales, no quiso hacer comentarios para esta nota ni otorgó una entrevista con el mandatario.

Un aliado muy cercano, el expresidente del Senado José "Gringo" Gonzáles, dijo que Morales no abandonó a los indígenas sino que evolucionó como presidente para representar y trabajar con todos.

"Él se puede sentar un minuto con un empresario y después con un trabajador", dijo Gonzáles, quien renunció al Senado la semana pasada sin especificar los motivos. "Todavía tiene la humildad y simplicidad que fueron destacadas cuando asumió la presidencia".

Morales es ahora el jefe de Estado que más tiempo seguido lleva en su cargo en todo el continente. Es el único líder que queda de una ola de mandatarios de izquierda -que incluye a Hugo Chávez de Venezuela y a Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil- que dominaron la política de Latinoamérica a principios del siglo.

Su nombre, que adorna escuelas, estadios y centros culturales, es muy mencionado en las protestas callejeras y en los grafitis. En todo el país compiten el "¡Bolivia dijo no!" de sus adversarios con "¡Evo sí!" que escriben los partidarios de su Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales no enfrentará elecciones hasta fines del año próximo. La oposición se mantiene fragmentada y ningún otro líder en Bolivia se compara en estatura política.

Sin embargo, en una encuesta reciente hecha por el diario Página Siete, el apoyo al presidente entre posibles votantes cayó al 27% desde un 31% en noviembre.

Una encuesta de Ipsos de esta semana mostró un nivel similar de apoyo, del 29% de los posibles votantes, con una caída de seis puntos porcentuales durante el año pasado en su aprobación hasta el nivel actual del 43%.

En los últimos ocho meses, Reuters viajó a través de Bolivia para comprender mejor el declive en el apoyo al presidente entre la comunidad indígena.

Desde su altiplano natal, la alta y árida meseta que alberga a los aimaras, hasta las tierras bajas ricas en gas -donde el Gobierno autorizó la extracción en tierras indígenas- muchos nativos dicen que ya no se sienten representados por Morales.

Una nueva era

Para muchos, los años que siguieron a la elección de Morales en el 2005 fueron de júbilo y esperanza.

Antes de su asunción oficial en enero del 2006, "maestros" aimara o líderes rituales hicieron su propia ceremonia en el preincaico sitio de Tiwanaku, al oeste de La Paz. Morales, vistiendo una tradicional túnica roja, subió la pirámide Akapana, donde chamanes presidieron un ritual de fuego y lo presentaron con un bastón que simbolizaba su derecho a liderar a las tribus reunidas.

"Hoy comienza el nuevo año para los pueblos originarios del mundo", dijo Morales. Decenas de miles de activistas indígenas junto a delegaciones de nativos de lugares tan lejanos como Chile y Estados Unidos, lo aplaudieron.

En cuestión de meses, comenzó a desarrollar sus planes de "descolonizar" a Bolivia y darle a los nativos más voz en el Gobierno y mayor participación en la riqueza nacional. El 1 de mayo, día del Trabajador, ordenó a las tropas ocupar los campos de gas natural y nacionalizar todos los hidrocarburos.

"Llegó el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales", dijo en un discurso rodeado de soldados en un campo de petróleo operado por la energética brasileña Petrobras.

Morales comenzó a renegociar los contratos de energía para obtener una mayor porción de las ganancias, una medida a la que finalmente muchas empresas accedieron. Las negociaciones le valieron aplausos de sus seguidores y aumentaron las ganancias del Gobierno justo cuando los precios del gas estaban en alza.

Con las ganancias, Morales lanzó medidas que incluían vales escolares para niños y pensiones para trabajadores que nunca tuvieron un empleo formal.

Para la gestión cotidiana, Morales designó a mujeres, indígenas y dirigentes sindicales en su gabinete. Abrazó a las organizaciones de base y forjó un llamado "pacto de unidad" con líderes de tribus andinas, de las tierras bajas y las amazónicas. Juntos, ayudaron a redactar la nueva Constitución, aprobada por el 60% de los bolivianos en un referéndum el 2009.

Ese año, Morales ganó un segundo mandato en las elecciones. Las tensiones con los grupos indígenas empezaron en 2011.

Aprovechando lo que para entonces era un crecimiento económico constantemente en alza, Morales propuso un camino de 300 kilómetros a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure o Tipnis, un refugio en el Amazonas del tamaño de Jamaica. La carretera, argumentó Morales, era necesaria para llevar servicios básicos a las tribus remotas.

Pero grupos nativos y ambientalistas se enfurecieron.

La ruta, según señalaron, probablemente facilitaría el tráfico de drogas, la tala ilegal y otras actividades no deseadas. Los manifestantes marcharon durante más de un mes, en el que se enfrentaron con la policía en medio de nubes de gas lacrimógeno y ráfagas de balas de goma.

"Cuando (Evo) llegó al poder pensamos que los pueblos indígenas no iban a tener que volver a marchar", dijo Adolfo Chávez, un nativo tacana y expresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), un grupo de 34 tribus de las tierras bajas.

La marcha tuvo éxito, al menos por un tiempo. Ese septiembre, Morales detuvo los trabajos ligados a la carretera para realizar más estudios. Pero las relaciones con algunos nativos ya estaban dañadas.

Dos importantes grupos de defensa de los derechos indígenas, la Cidob y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), abandonaron el pacto de unidad. Desde entonces, la grieta se amplió a divisiones cimentadas en líneas políticas y ya no en rivalidades entre la treintena de etnias de Bolivia.

Pronto, los seguidores del Gobierno comenzaron a presionar a ambos grupos usando a los leales al MAS para llevar a cabo lo que algunos miembros calificaron como golpes dentro de las organizaciones. La política y la lealtad a Morales empezó a importar más que la causa indígena, dijeron.

Chávez, líder de la Cidob, fue expulsado en 2012. Ahora vive en Perú y dice que fue víctima de una persecución política por liderar las manifestaciones del Tipnis.

En los medios locales, Pedro Vare, actual líder de la Cidob, sigue respaldando a Morales y criticando a los manifestantes. Reuters no pudo contactar a Vare para una entrevista.

Una noche lluviosa de diciembre del 2013, activistas del MAS derribaron la puerta de la sede del Conamaq en La Paz. Una vez dentro, obligaron a los miembros a irse.

"No teníamos dónde alojarnos", recuerda Cristóbal Salles, un aimara y hablante quechua que era concejal del Conamaq y ahora cultiva papas.

La disidencia dentro de ambos grupos se desvaneció.

Hilarion Mamani, un quechua de 41 años que lideró la toma de control del Conamaq, dijo a Reuters que la purga había sido necesaria. Mamani señaló que los líderes anteriores actuaban en nombre de los "imperialistas norteamericanos".

Ahora, agregó, "no hay divisiones".

Eso es porque la mayoría de los miembros anteriores formó grupos indígenas disidentes. Estas agrupaciones han hecho campañas para reforzar los límites a los mandatos presidenciales y se han opuesto a los renovados esfuerzos para construir la ruta del Tipnis y otros proyectos sobre tierras nativas.

En 2014, el presidente comenzó un esfuerzo sostenido para quedarse en el poder.

Pese al límite de dos mandatos que impone la Constitución boliviana, Morales argumentó que su primer gobierno no debía contabilizarse porque había sido electo bajo una Carta Magna previa. En el Tribunal Constitucional, entonces conformado mayoritariamente por jueces nominados por aliados de Morales en el Congreso, encontró una audiencia comprensiva.

Excepto por un juez, Cusi, el compañero aimara que por aquel momento integraba la corte, que hizo una interpretación estricta de la Constitución y argumentó en contra de un nuevo mandato consecutivo.

Sin embargo, los demás jueces prevalecieron. Morales se postuló a una nueva reelección y, con el 60% de los votos, obtuvo un tercer mandato que se inició en enero del 2015.

En poco tiempo, las relaciones con los nativos empeoraron.

En febrero del 2015, un contralor del gobierno descubrió un déficit de US$10 millones en un fondo estatal para proyectos indígenas, encontrando registros de iniciativas que habían sido financiadas pero que nunca se habían llevado a cabo. Dos de los exministros de desarrollo rural de Morales fueron acusados en el escándalo y cumplieron breves penas de cárcel.

El escándalo enojó a muchos de los que alguna vez fueron seguidores de Morales.

"Parece que la corrupción se ha institucionalizado", dijo a Reuters Edwin Prada, un abogado y exasesor del Conamaq.

Morales dijo en declaraciones públicas que el fondo estaba mal administrado. Reuters no puedo contactar a ninguno de los dos ministros para obtener comentarios.

Ese año, los precios del gas natural cayeron desde un máximo en 2014 y la economía del país se enfrió, aunque todavía su desempeño superaba al de muchos de sus vecinos.

Las críticas a Morales y su partido crecían.

En marzo del 2015, los residentes de El Alto, exbastión de Morales, le dieron al MAS su primer revés electoral. Votaron para sacar del poder al alcalde de esa agrupación, que polarizó a los votantes al hacer gastos municipales sospechosos, y eligieron a Soledad Chapetón, una aimara de centroderecha que se convirtió en la primera mujer alcaldesa de la ciudad.

Morales, en tanto, retomaba los esfuerzos para extender su propio mandato, primero a través de un referéndum fallido y luego mediante otro pedido al Tribunal Constitucional.

Hacia fin del año pasado, la corte seguía firmemente aliada a Morales.

Tras oponerse a otras iniciativas del Gobierno, el juez Cusi fue sometido a un juicio político en el Senado. El día antes del dictamen, en mayo del 2017, Cusi se encadenó delante de la sede del gobierno y se burló de lo que consideraba su expulsión inevitable del tribunal.

"Señor Evo Morales, señor rey Evo Morales, estoy aquí, ordene mi condena a sus muñecos senadores", dijo el juez aimara.

Oficialmente, Cusi fue acusado de incumplimiento de deberes. Pero muchos críticos del Gobierno calificaron la acción como una remoción con intencionalidad política.

"Han buscado un pretexto para sacarme del tribunal", dijo Cusi a Reuters. Cusi, quien ahora es líder de un grupo escindido de Conamaq, anunció recientemente que buscaría el puesto del fiscal general, que es elegido por el Congreso.

Con luz verde para buscar un cuarto mandato, Morales avivó aún más la ira.

A principios del año pasado, los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, una ciudad con fuerte activismo político, comenzaron a manifestarse. Exigieron más fondos para la educación y luego criticaron la decisión del tribunal de abolir los límites de los períodos presidenciales.

En un enfrentamiento con la policía, un estudiante murió.

La fuerza de seguridad dijo que el joven, Jonathan Quispe, murió cuando los estudiantes arrojaron canicas. Las autoridades universitarias dijeron que la policía le disparó. Reuters no pudo determinar en forma independiente cómo se produjo la muerte de Quispe.

En agosto del año pasado, el Congreso aprobó un proyecto para retomar las labores de la carretera del Tipnis. Otros proyectos de construcción también están generando controversia.

Con un costo para los contribuyentes de US$7 millones, Morales inauguró un museo de tres alas o "bloques" con grandes ventanales modernos en Orinoca, la remota localidad del altiplano donde creció criando llamas. El denominado "Museo de la Revolución Democrática y Cultural" cuenta la historia reciente de Bolivia a través de los logros del propio Morales.

Asimismo, el mandatario boliviano inauguró este mes un palacio presidencial de 28 pisos en La Paz. Morales llama al edificio, cuya construcción costó US$34 millones, "la casa grande del pueblo".

Los proyectos, según los críticos, son la prueba de que Morales se distanció de sus votantes. "Siempre decía voy a consultar el pueblo. Pero lamentablemente hoy no es así", dijo Salles, el exlíder del Conamaq.

En Charagua, la región guaraní de las tierras bajas, los residentes están luchando por implementar su autonomía. Una tarde reciente, los lugareños abordaron en el auditorio de la escuela los problemas que ahora plagan su experimento, el primero de tres áreas autónomas aprobadas recientemente por los votantes.

Charagua, aproximadamente del tamaño de Panamá, en la década de 1930 fue el sitio de una resistencia exitosa contra los invasores paraguayos que buscaban apoderarse de las reservas de gas del área. A pesar del gas, Charagua sigue siendo pobre y accesible solo por caminos de tierra.

El presupuesto regional, financiado en parte por La Paz, continúa en los aproximadamente US$4,5 millones en los que estaba antes de la autonomía. Pero los pobladores aseguran que el gobierno nacional prácticamente los ha abandonado.

"Estamos peor que antes", dijo un residente que se identificó como Víctor. "Hay que hacer un 'recall'", agregó en referencia a dar marcha atrás con la autonomía, antes de salir del auditorio.

El viceministro de Descolonización de Morales no respondió a Reuters los pedidos de diálogo sobre la autonomía y Reuters no pudo contactar al ministerio de Autonomías.

Varios líderes guaraníes en Charagua dijeron que ellos también están disconformes. Ramiro Lucas, un líder de 44 años de un área del sur de Charagua, lamentó que la administración tuviera que dejar de dar desayunos escolares debido a que se necesitaba dinero para los centros de salud.

"¿Para qué sirve la tierra si no tenemos recursos para trabajar? De nada sirve cultivar. No tenemos las condiciones para cultivar (…) no se puede", manifestó Lucas.