Comisión Global de Política de Drogas pide que haya regularización legal en Colombia

En la presentación de un nuevo informe de la Comisión Global de Política de Drogas (Cpgd), el organismo hizo un llamado urgente para que en Colombia se de la regularización de las drogas. En el foro, que se realizó en Bogotá, asistieron varios comisionados, entre ellos la expresidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, el expresidente de México, Ernesto Zedillo; y también los ex presidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, quienes dieron su punto de vista sobre la política de drogas en el país.

Allí, la Comisión Global reiteró que se necesita una profunda reforma relacionada a la política de drogas en Colombia, teniendo en cuenta que el cultivo, la producción y la comercialización de las drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno en el país. Así mismo, la Comisión aseguró que la solución estructural está en el camino a la regulación.

“Es urgente que haya un cambio de paradigma en Colombia,” señaló el expresidente Santos. “La regulación de las drogas es una forma de fortalecer las instituciones que se han visto debilitadas por la prohibición. Los costos de la ‘guerra contra las drogas’ se han detallado en numerosos informes de la Comisión Global de Política de Drogas.”

A su turno, el expresidente Gaviria señaló que “Colombia es uno de los países más perjudicados por el paradigma prohibicionista punitivo respecto de las drogas. El país no puede seguir transitando un camino en el que la violencia relacionada con el actual régimen de fiscalización de drogas amenaza el futuro de los jóvenes, viola activamente los derechos humanos, amenaza la construcción de la paz y socava el potencial económico del país.”

En el quinto informe presentado por la Cpgd y que lleva como nombre "La política de Drogas en Colombia: El camino a una regulación justa", se proponen cinco recomendaciones para que la nación contribuya a la adopción de reformas necesarias en este asunto y que, por ende, ayuden a alcanzar un mayor grado de paz, salud, seguridad y desarrollo.

La primera de las recomendaciones del organismo internacional es que se necesita crear una política que regularice las drogas.

"Las autoridades estatales a nivel nacional, departamental y local deben diseñar, legislar e implementar políticas tendientes a la regulación legal de todas las drogas que actualmente se consideran ilícitas, comenzando por el cannabis y siguiendo con la hoja de coca y la cocaína, así como la amapola o adormidera (los tres cultivos principales de Colombia) como medio de garantizar el disfrute de los derechos culturales, económicos y sociales, aumentar las oportunidades del campesinado y fortalecer el Estado de derecho en el país", dice la Cpgd en su informe.

La segunda de ellas tiene que ver con que se cree una política de drogas con enfoque diferencial, que priorice los derechos humanos.

"Colombia debe adoptar un enfoque integral sobre las políticas de drogas que se base en los derechos humanos, tomando nota de las Directrices internacionales sobre derechos humanos y políticas de drogas (2019). Las estrategias que se adopten deberían basarse en pruebas y datos sólidos. Para ello, las autoridades estatales deben trabajar con diversas comunidades, especialmente las personas que consumen drogas, las comunidades indígenas y afrocolombianas, la sociedad civil, las comunidades que cultivan plantas y producen sustancias que hoy son ilegales, los mecanismos de derechos humanos, el mundo académico y otros, con el fin de recopilar, producir y publicar información y datos desagregados sobre el mercado de drogas que actualmente se consideran ilícitas, las operaciones militares relacionadas con las drogas, los enfoques sanitarios y los ingresos económicos que se generan dentro de estos sectores interconectados".

Buscar la despenalización de todas las actividades, incluido el cultivo, es la tercera recomendación. Aquí se enfatiza en que es clave que las autoridades en Colombia deben poner fin a todas las sanciones (penales, administrativas y civiles) por el consumo, la producción y el cultivo de drogas, junto con otras actividades ilegales no violentas relacionadas con las drogas.

" Esa medida estaría en consonancia con los principios rectores del Acuerdo de Paz, y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y respondería a las necesidades y realidades de las personas que se dedican a estos cultivos, además de ofrecer un mayor grado de seguridad pública y promover la confianza entre los ciudadanos y el Estado".

La cuarta directriz de la Cpgd es un llamado a reparar los daños que ha causado la política prohibicionista de drogas en Colombia. La Cpgd indica que "el Estado debería priorizar la reparación de los daños causados por las políticas de prohibición de drogas. La elaboración, diseño e implementación de las políticas de drogas debería ser independiente de la agenda de seguridad, de modo que se centre la atención en una estrategia orientada a la salud, los derechos humanos, el desarrollo y la reducción de daños. Se debería hacer énfasis en reducir los presupuestos militares y aumentar la financiación de las autoridades civiles".

Por último, se recalca en la necesidad de trabajar en el fortalecimiento institucional.

Para esto dice que las políticas de drogas, implementadas por un conjunto diverso de instituciones colombianas, "necesitan mandatos más firmes y una mayor financiación específica para intervenciones de base empírica en materia de políticas de drogas con el fin de aumentar la eficacia y crear un sólido enfoque de derechos humanos". Por ejemplo, agrega, "se deberían reorientar las acciones militares hacia el narcotráfico a gran escala y aumentar la capacidad del Estado de destinar recursos al enjuiciamiento de los segmentos de alto nivel de la delincuencia organizada, con el fin de reducir la violencia, la corrupción, el blanqueo de dinero y el contrabando".

Pero, además, de fortalecer la guerra a gran escala contra los grandes grupos de narcotráfico, indica el informe, se debe crear un marco institucional que busque recomponer el tejido social.

"Una vez que las políticas de drogas se separen de la agenda de seguridad, se debe dar participación activa a una nueva generación de expertos técnicos, junto con las personas que consumen drogas y las que producen cultivos que actualmente se consideran ilegales, con el fin de ir desmontando la mentalidad burocrática de prohibición predominante en las instituciones públicas".