Conflicto de intereses, el problema más frecuente del gabinete de Donald Trump

Además de Tillerson, que ejercía como CEO de Exxon, otros siete de los 25 miembros que componen el grupo de asesores, son o han sido dirigentes o fundadores de diferentes compañías, de los cuales cinco son miembros nominados, uno ya fue nombrado, y dos son posibles postulados.

Uno de los más notables es el millonario Steven Mnuchin, que comparte con el presidente electo el puesto de magnate inmobiliario como CEO de la agencia de bienes raíces Dune Capital Management, y que fue nominado como secretario del Tesoro Nacional.

El inversionista Wilbur Ross, nominado como secretario de Comercio, también hace gala de sus vínculos con la ‘crème’ estadounidense. Ross es fundador y exdirector de la compañía de WL Ross & Co, además de ser uno de los más grandes inversionistas de Wall Street.

El secretario de Trabajo, Andrew Puzder, también aparece en el listado, siendo CEO de la cadena de restaurantes CKE. Igualmente lo hace el consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, propietario de la firma de seguridad Flynn Intel Group.

De acuerdo con el vicedecano de la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia, Richard Briffault, aunque no hay ninguna razón vinculante para que los empresarios se retiren de sus cargos, tal como dijo que lo haría Tillerson o como lo hizo en su momento el mismo Trump, es importante que los futuros funcionarios lo hagan con el fin de legitimar su gestión.

“No hay razones jurídicas para que renuncien a las empresas que dirigen. De hecho, no es la primera vez que hay miembros del gabinete que han tenido vínculos con empresas, pero las razones son más morales para evitar conflictos de intereses y para que su trabajo en el Gobierno sea más legítimo”, afirmó Richard Briffault para LR.

No es solamente el posible lobby que puedan hacer con sus empresas lo que preocupa a los estadounidenses. Es la misma condición de empresarios la que podría poner en jaque su gestión, pues algunos expertos afirman que hay un desprestigio generalizado de estas personas que el pueblo ve en muchos casos como oportunistas.

Pero aunque no hay nada que los obligue, la tarea de velar para que no haya esta clase de inconvenientes queda en manos del Congreso, en donde se debería ejercer control sobre las posiciones de ventaja que le podrían generar a sus firmas los políticos.

“Corresponderá al Senado y a la Cámara hacer ese control para que los empresarios no aprovechen sus posiciones para beneficiar a sus compañías. Además, allí habrá bastantes pujas, pues los políticos tradicionales miran con mucho celo la inmersión de los empresarios en estas instancias ya que la lógica que sigue la dirección de una organización no es la misma que la del Estado”, afirmó el profesor del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir.