Congreso de Chile prorrogó del estado de excepción en donde hay reclamos mapuche

El Congreso de Chile aprobó por sexta vez la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y dos provincias de la Región del Biobío, ante los hechos de violencia y delincuencia en la macrozona sur, región que es escenario de tensiones debido a reclamos territoriales de las comunidades mapuche y el accionar violento de algunos grupos.

La medida, impulsada por el presidente Gabriel Boric y aprobada por ambas cámaras del legislativo chileno, implica que continuará la militarización en las rutas centrales del sur del país por al menos 15 días más. Se trata de la cuarta prórroga sancionada por el Congreso y la sexta en total, ya que las dos primeras fueron por parte del Ejecutivo.

En primera instancia fue votada en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con 121 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, mientras que horas después el Senado la aprobó con 30 votos a favor, cero en contra y una abstención. En la Cámara de Diputados, la sesión debió suspenderse debido a una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición.

Fue cuando la ministra del Interior, Izkia Siches, señaló que “los problemas no partieron el 11 de marzo (fecha de asunción de Boric), ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía”. Siches le apuntó al gobierno del conservador Sebastián Piñera: “En cuatro años se pasó de 400 eventos de violencia a más de 1.700. Claramente, no nos fue muy bien”.

La ministra detalló que desde mediados de mayo se realizaron más de 53.000 controles preventivos en la zona y se detuvo a 88 personas acusadas de robo de madera. Agregó que también se desarticuló una banda criminal a la que se le adjudica la quema de más de cinco camiones.

Desde la oposición, el senador José García Ruminot, afirmó que las cifras muestran que el estado de excepción es “útil porque disminuye los hechos de violencia”, a la vez que lamentó que la herramienta no esté contemplada en la propuesta de texto para una nueva Constitución que los chilenos deben aprobar o rechazar en el plebiscito del 4 de septiembre.

El conflicto en esta zona sur del país lleva décadas y tiene su origen la disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y las empresas forestales, que explotan la tierra y los recursos acuíferos desplazando a los pueblos originarios. En este contexto, Boric aplicó el estado de excepción constitucional de emergencia desde el pasado 17 de mayo. Antes de llegar a la presidencia, Boric había sido un crítico del estado de emergencia, al igual que su coalición política, formada por el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio. La medida permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad en la zona, que
colaboran con las policías.

El estado de excepción, sin embargo, no restringe los derechos y garantías de los ciudadanos. Además, y a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, se estableció una Comisión de Fiscalización dependiente del Congreso, de composición paritaria y plurinacional, e integrada por diputados, representantes de las regionales y de la Defensoría del Pueblo. Instancia que deberá fiscalizar las medidas adoptadas y emitir informes periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la observancia de los derechos humanos.

“Las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades conferidas en los estados de excepción constitucional podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia tanto en su mérito como en su forma. Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones conforme a la ley”, señala la legislación aprobada.