Continúan los retrasos en el gasto de salud y educación bajo el gobierno de Noboa

Falta poco más de un mes para que concluya el año fiscal 2025 en Ecuador y, pese a que el Gobierno presidido por Daniel Noboa ha señalado que ya se ha utilizado 73% del Presupuesto General del Estado, algunos sectores clave exhiben un desempeño preocupante.

Mientras la ejecución general del presupuesto asciende a aproximadamente US$30.287 millones de los US$41.338 millones aprobados, las carteras del sector salud y educación apenas se sitúan por debajo o en torno a 55% de utilización. En específico, el Ministerio de Salud ha ejecutado apenas 45% de sus recursos hasta el 23 de noviembre, y el Ministerio de Educación presenta un nivel de ejecución de 53%.

El bajo nivel de uso del presupuesto en estos ministerios tiene raíces estructurales. Según el ex ministro de Finanzas Fausto Ortiz, cada año los presupuestos incluyen el incremento constitucional destinado a salud y educación, pero en la práctica ese aumento queda “en el papel” y no se materializa.

Un ejemplo claro es la asignación hecha a bienes de larga duración: el Ministerio de Salud contó con US$2.112 millones, de los que solo US$25 millones fueron efectivamente ejecutados hasta la fecha. En educación se destinaron US$1.854 millones, y apenas US$7 millones tuvieron uso real.

Al mismo tiempo, otros sectores muestran una ejecución más avanzada. Los presupuestos para seguridad interna y las Fuerzas Armadas superan 70%, al igual que el Ministerio de Desarrollo Humano, impulsado por medidas de gasto público vinculadas a bonos sociales y compensaciones tras el retiro del subsidio al diésel.

Esta asimetría en la ejecución presupuestaria evidencia que los fondos están siendo absorbidos mayormente por rubros de gasto fijo como salarios y amortización de deuda, cuya ejecución rutinaria es casi automática, mientras que las actividades de inversión y los programas nuevos enfrentan obstáculos.

Los expertos consultados señalan que esta rigidez presupuestaria limita significativamente el margen de maniobra para implementar obras públicas, actualizar infraestructura o lanzar nuevos programas. El hecho de que casi la mitad del gasto ya esté comprometido en sueldos y deuda deja poco espacio para que los ministerios con menos ejecución puedan mejorar su desempeño durante los pocos días que restan del ejercicio.

En este escenario, el resultado podría traducirse en mayores brechas de servicios esenciales, menor capacidad de respuesta sanitaria y educativa, y efectos negativos en la productividad de largo plazo del país.