Corte Suprema de EE.UU. no detendrá acuerdo de deuda estudiantil de US$6.000 millones

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el jueves a detener un acuerdo legal que borraría más de 6.000 millones de dólares en deudas de exalumnos universitarios -muchos de ellos instituciones con fines de lucro- que han dicho que fueron engañados por las escuelas acerca de las perspectivas académicas y laborales.

Los jueces rechazaron una solicitud de tres universidades que impugnan un acuerdo entre el Departamento de Educación de EE.UU. y los prestatarios que vinculaba a las universidades con reclamos de "mala conducta sustancial", una acusación que disputan.

Tres de las escuelas identificadas en el acuerdo, Lincoln Educational Services Corp con fines de lucro y American National University Inc, así como Everglades College Inc sin fines de lucro, impugnaron el acuerdo luego de que fuera aprobado por un juez federal en California en noviembre pasado. Alrededor de 3.500 prestatarios con derecho a la cancelación automática del préstamo en virtud del acuerdo asistieron a una de las tres escuelas.

La decisión fue independiente de un caso pendiente ante el tribunal superior sobre la legalidad del plan del presidente Joe Biden para cancelar US$430.000 millones en deuda estudiantil para unos 40 millones de prestatarios. Se espera un fallo en ese caso para fines de junio.

La disputa más reciente surgió de un acuerdo de demanda colectiva en virtud del cual el Departamento de Educación cancelaría automáticamente la deuda de casi 200.000 prestatarios que asistían a 151 escuelas.

Las escuelas han sido acusadas de aumentar la inscripción a través de tácticas de venta agresivas, así como tergiversaciones sobre la calidad de sus ofertas académicas, las perspectivas de carrera de los graduados y las oportunidades de establecer contactos, según Eileen Connor, directora de litigios en Project on Predatory Student Lending, un grupo que representa a los prestatarios involucrados en el acuerdo.

"La acción rápida y decisiva de hoy del tribunal supremo debería poner fin, de una vez por todas, a cualquier debate en curso sobre la legitimidad de este acuerdo. El mensaje es claro: los derechos de los estudiantes prestatarios no flaquearán, incluso frente a acuerdos bien financiados". , exagerados ataques políticos disfrazados de argumento legal", dijo Connor a Reuters.