Demanda contra S&P equivaldría 
a dos años y medio de utilidades

Para que Standard & Poor’s (S&P) pueda honrar la demanda que enfrenta en Estados Unidos, por 5,000 millones de dólares, tendría que utilizar las utilidades generadas en un lapso de dos años ocho meses, al promedio de lo que ingresó en el 2011.

De acuerdo con el balance anual del grupo McGraw-Hill, al que pertenece la firma, en el 2011 S&P registró utilidades por 1,767 millones de dólares, un saldo que resultó 4% superior al inscrito en el año previo. Según los consolidados de McGraw, todas las compañías del grupo generaron utilidades en el 2011 por 6,246 millones de dólares.

Esto significa que S&P Ratings aportó ese año 28.2% de las utilidades al grupo. De proceder la demanda, el pago por fraude al gobierno de EU será equivalente a 80% de las utilidades totales registradas por el conglomerado en el 2011.

Perdió en Australia

De proceder la demanda en Estados Unidos, éste sería el segundo país que procede legalmente en contra de la agencia.

El año pasado, el 5 de noviembre, el Tribunal Federal de Australia se convirtió en el primero en el mundo que fincó responsabilidad sobre la agencia calificadora por las “deficientes evaluaciones realizadas a los créditos estructurados”.

De acuerdo con la revista inglesa Risk Magazine, del 30 de enero pasado, en el fallo la juez Jayne Jagot encontró que tanto Standard & Poor’s como el banco global de origen holandés, ABN Amro, “actuaron de forma negligente y engañosa en los procesos de análisis y colocación de obligaciones de deuda estructurada”.

La multa impuesta para cada uno de los demandados fue por el equivalente a 15 millones de dólares estadounidenses y el área jurídica de McGraw anunció que va a apelar contra el fallo.

El caso, como el de Estados Unidos, también se basó en mensajes de correo electrónico, donde ABN Amro, abiertamente discutió como influir en el proceso de calificaciones de S&P. Tras oficializarse la demanda, Standard & Poor’s consideró que el hecho resulta improcedente de hecho y derecho.

En un comunicado, explica que el emplazamiento legal ignora los hechos centrales de que los analistas revisaron los mismos datos de hipotecas de alto riesgo, las llamadas subprime, que utilizaron los gobiernos de Estados Unidos en el 2007 y los propios agentes financieros.