Diputados sancionaron una reforma de jubilaciones del sector público más flexible

La versión finalmente aprobada es considerada más flexible que la inicialmente impulsada por Diputados, que se había alineado con recomendaciones más estrictas del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, durante el debate legislativo se evidenció que esos mismos técnicos respaldaron ante el Senado una postura más permisiva, lo que generó incomodidad en la Cámara Baja, que quedó expuesta como el principal blanco de críticas por parte de gremios y sectores involucrados.

En tal sentido, el texto del Senado fue asumido como una alternativa intermedia, un “mal menor” en palabras de varios legisladores, que permitió destrabar el proceso y alcanzar un consenso político suficiente para su aprobación.

CAMBIOS CLAVE

Entre las principales modificaciones introducidas por el Senado se destaca el aumento del aporte estatal, que pasa de 5% a 10%, una medida orientada a reforzar la sostenibilidad financiera del sistema previsional público.

En cuanto a las condiciones de jubilación, se establecieron parámetros diferenciados para distintos sectores. Para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, la jubilación ordinaria queda fijada en 53 años de edad y 25 años de aporte, con una tasa de sustitución de 78%, que puede incrementarse gradualmente hasta el 90% al alcanzar los 58 años de edad y 30 años de servicio.

El proyecto también incorpora un reconocimiento de años por maternidad para mujeres del sector educativo, permitiendo computar hasta dos años adicionales por hijos, siempre que se cumpla con un mínimo de 25 años de aporte. Asimismo, se contempla una jubilación extraordinaria para docentes incapacitados, con entre 15 y 20 años de servicio, estableciendo una tasa de sustitución de 40%.

Para los integrantes de las Fuerzas Públicas, la reforma reduce la edad jubilatoria de 57 a 55 años, manteniendo el requisito de 25 años de aporte. En este caso, la tasa de sustitución será de 75% a los 55 años, con posibilidad de alcanzar el 90% a los 60 años y 30 años de servicio.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es su impacto fiscal. Según estimaciones presentadas durante el debate, la versión aprobada permitiría reducir el déficit proyectado de la Caja Fiscal de US$800 a US$600 millones, lo que representa un ahorro de aproximadamente US$200 millones para el Estado y contribuye a mejorar la sostenibilidad del sistema.

OBSERVACIONES

Pese al avance legislativo, la sanción del proyecto no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde la propia Comisión de Presupuesto de Diputados se dejaron constancia de inconsistencias en el texto aprobado por el Senado, que no pudieron ser corregidas en esta etapa del proceso.

Uno de los puntos señalados refiere al reconocimiento de años por maternidad, que beneficia exclusivamente a mujeres del sector docente, dejando fuera a trabajadoras de otros ámbitos del sector público. Esta exclusión fue calificada como inequitativa y generó reclamos para su revisión.

Otro aspecto observado corresponde a los requisitos de jubilación transitoria para magistrados judiciales. Según lo expuesto en el pleno, el texto incluye una exigencia de 58 años de edad que no se condice con lo solicitado por el sector, que pretendía condiciones similares a las del magisterio, con la posibilidad de optar entre el régimen actual y el nuevo con 20 años de aporte.

La aprobación del proyecto también estuvo atravesada por consideraciones políticas y sociales. Algunos legisladores subrayaron la urgencia de evitar conflictos, especialmente en el ámbito educativo, donde eventuales medidas de fuerza podrían afectar el normal desarrollo de las clases.

Con la sanción en Diputados, la reforma de la Caja Fiscal entra ahora en su etapa final. El Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de promulgar la ley, mientras el Congreso ya anticipa que el debate no está cerrado y que los ajustes seguirán formando parte de la agenda legislativa en el corto plazo.