Dudas sobre la credibilidad fiscal no permitió que Fitch otorgue grado de inversión en Paraguay

Síganos y léanos en Google Discover

La calificadora ratificó la nota BB+ con perspectiva positiva, pero advirtió sobre atrasos por US$1.300 millones, reiteradas desviaciones de la regla fiscal y debilidades institucionales. El crecimiento económico sostiene la evaluación, aunque persisten obstáculos para una mejora.

Paraguay continúa a un escalón del grado de inversión en la escala de Fitch Ratings. Aunque la agencia reconoce el crecimiento económico, la baja deuda relativa y la estabilidad macroeconómica, su informe advierte que las deficiencias en la gestión de las finanzas públicas han erosionado la credibilidad fiscal. La acumulación de atrasos, la postergación de las metas de déficit y las debilidades institucionales figuran entre los principales obstáculos señalados en la evaluación soberana del país.

Fitch confirmó la calificación BB+ con perspectiva positiva, que permanece dentro del grado especulativo. El documento no atribuye la decisión a una única causa: presenta un balance entre fortalezas macroeconómicas y limitaciones fiscales y estructurales. Sin embargo, sus cuestionamientos a la administración de las cuentas públicas ocupan un lugar central entre los riesgos identificados.

Atrasos que erosionan la confianza

La advertencia más directa apunta a la acumulación de aproximadamente US$1.300 millones en obligaciones atrasadas, equivalentes a 2% del producto interno bruto (PIB), con empresas farmacéuticas y constructoras. Según Fitch, estos compromisos reflejan pasivos no autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y evidencian deficiencias en la gestión financiera del Estado. Su reconocimiento obligó al Gobierno a modificar la trayectoria prevista para las cuentas públicas.

La agencia vincula este episodio con los atrasos registrados en 2023 y las desviaciones de la regla fiscal desde 2019. La reiteración de estos problemas, sostiene, ha debilitado la credibilidad de la política fiscal. El cuestionamiento alcanza, por tanto, tanto al volumen de las obligaciones como a la capacidad institucional para controlar el gasto y evitar que vuelvan a acumularse compromisos pendientes de pago.

Metas fiscales nuevamente postergadas

La cancelación de las deudas y las mayores necesidades de gasto llevaron al Gobierno a flexibilizar la Ley de Responsabilidad Fiscal y trasladar de 2026 a 2028 el retorno al límite de déficit del 1,5% del PIB. Los nuevos objetivos contemplan déficits de 3,2% del PIB para 2026 y de 3,9% para 2027. Fitch señala que estos niveles siguen en línea con las medianas de países calificados en BB, pero implican una relajación acumulada de 4,1 puntos porcentuales respecto de la trayectoria fiscal anterior.

La calificadora distingue dos componentes: 1,8 puntos porcentuales destinados a cancelar la mayor parte de los atrasos y otros 2,3 puntos para permitir una posición fiscal más flexible y atender mayores gastos en salud y obras públicas. Esta separación muestra que el deterioro de la trayectoria presupuestaria excede el costo extraordinario de regularizar obligaciones pendientes.

Falta de medidas claras de consolidación

Fitch proyecta que el déficit bajará a 2% del PIB en 2028, una estimación que todavía supera el límite de la regla fiscal. Además, advierte que esa reducción está sujeta a incertidumbre. Las presiones sobre el gasto social y los salarios públicos podrían dificultar el ajuste. La agencia también observa una ausencia de medidas claras de consolidación, más allá de la finalización de los pagos extraordinarios de atrasos, antes del próximo ciclo electoral.

Las deudas con constructoras se están cancelando mediante desembolsos presupuestarios que afectarán el resultado fiscal de 2026. En el caso de las farmacéuticas, los pagos combinarán recursos del presupuesto de 2027 y un mecanismo de cesión de cuentas por cobrar que distribuirá el costo entre 2026 y 2029. Para una eventual mejora de la nota, Fitch plantea la necesidad de una consolidación fiscal creíble que estabilice la deuda y prevenga la reaparición de atrasos.

Reforma previsional con beneficios limitados

Otro punto cuestionado es el alcance de la reforma de la Caja Fiscal aprobada en marzo de 2026. Según el informe, cambios paramétricos clave fueron atenuados durante el proceso político, tras presiones del Congreso y de la ciudadanía. La reforma incorpora mayores aportes de los trabajadores de sectores deficitarios, nuevas edades mínimas de jubilación y un apoyo estatal explícito. Sin embargo, Fitch considera que su beneficio a corto plazo es limitado y proviene principalmente del incremento de las contribuciones.

Las estimaciones gubernamentales citadas por la agencia indican que el déficit de la Caja Fiscal pasaría de 0,7% del PIB en 2026 a 1,2% desde 2034, frente a 1,6% previsto sin reforma. Las modificaciones contienen parte del desequilibrio, pero mantienen una presión creciente sobre las cuentas públicas.

Instituciones e ingresos restringen la calificación

Las debilidades de gobernanza también limitan el perfil crediticio. Fitch identifica una capacidad institucional débil, deficiencias en el Estado de derecho y un alto nivel de corrupción. El país se ubica en el percentil 39 de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial utilizados en la evaluación. La agencia incluye avances sostenidos en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones entre los factores que podrían favorecer una mejora de la calificación.

A estas restricciones se suman una base de ingresos públicos reducida y un mercado de capitales local poco desarrollado. Ambos factores limitan la flexibilidad del Estado para financiar sus necesidades y responder a situaciones adversas.

Inversiones todavía sujetas a incertidumbre

El crecimiento y la diversificación económica sostienen la perspectiva positiva. Fitch prevé una expansión de 4,5% en 2026, con posibilidades de un mayor dinamismo si se concretan proyectos de inversión de gran escala. No obstante, señala incertidumbres sobre iniciativas emblemáticas, como la planta de celulosa de Paracel y el proyecto de hidrógeno verde de Atome, este último afectado por una disputa sobre los precios de la electricidad.

La agencia también mantiene entre las vulnerabilidades la exposición a fenómenos climáticos adversos, aunque reconoce que una economía más diversificada está reduciendo ese riesgo. El informe deja abierta la posibilidad de alcanzar el grado de inversión en su escala, pero condiciona una mejora a resultados concretos: crecimiento elevado y sostenido, mayor diversificación, consolidación fiscal creíble y fortalecimiento institucional. La estabilidad macroeconómica respalda a Paraguay; la gestión de las obligaciones públicas y la confianza en sus metas fiscales siguen siendo desafíos pendientes.