Estados Unidos ofrece US$15 millones por información que ayude a capturar a Maduro

Estados Unidos presentó cargos criminales contra Nicolás Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico, informó Reuters. Este proceso que iniciará el gobierno de EE.UU. también incluye a 14 funcionarios del gobierno de Maduro, ya que también tienen vínculos con el narcotráfico.

Los cargos judiciales dados a conocer por el Fiscal General William Barr en una videoconferencia de prensa van acompañados por el anuncio de una recompensa de US$15 millones por información que ayude a capturar a Maduro.

El detalle del dinero ofrecido, Programa de recompensas de narcóticos, es el siguiente: hasta US$15 millones por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro Moros, a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela; y a Maikel José Moreno Pérez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.

Hasta US$10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Diosdado Cabello Rondón (jefe de la Asamblea Nacional Constituyente), Hugo Carvajal Barrios (exdirector de inteligencia militar), Clíver Antonio Alcalá Cordones (exgeneral de las fuerzas armadas venezolanas) y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, vicepresidente de economía de Venezuela.

También vinculan a dos colombianos, pues ofrecen hasta US$5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", miembro de la Secretaría de las Farc. En la acusación también se menciona a Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich", miembro del Alto Mando Central de las Farc.

"El régimen venezolano, dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción", dijo el Fiscal Barr. Y agregó: “durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las Farc, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales".

Con la designación de Venezuela, por parte de Estados Unidos, como Estado patrocinador del terrorismo y acusar al presidente Maduro, Venezuela entraría a ser parte de un grupo en el que se encuentran cuatro países: Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria.

Estas naciones tienen este estatus debido a que en algún momento patrocinaron actos de terrorismo internacional, según el gobierno de EE.UU., que podrá tomar medidas más drásticas contra la administración de Maduro, tal como lo ha hecho con los otros territorios, luego de que se apruebe la decisión.

Tras conocerse esta noticia, los analistas dijeron que este nuevo proceso marcará un hito entre las relaciones de ambos países, ya que Estados Unidos en cabeza de Donald Trump impondrá sanciones más rudas al régimen de Maduro.

"Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las Farc durante los últimos 20 años", dijo el fiscal federal Geoffrey S. Berman.

“El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico se hizo posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar para los crímenes de narcotráfico desenfrenados descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los otros acusados ​​tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente cocaína. Maduro y otros miembros del cartel tenían títulos nobles en el liderazgo político y militar de Venezuela. Como se alega, los acusados ​​traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con dinero del narcotráfico”, agregó.

Este anuncio se conoció meses después de que varios países, incluido Colombia, no reconocieran a Maduro como el presidente de Venezuela y condenaran su administración debido a una serie de factores como la permanente violación a los derechos humanos y otras decisiones que han llevado a que los ciudadanos venezolanos estén regados por el mundo.

Los funcionarios venezolanos han sido acusados en varios estados de Estados Unidos. Sobre esto, la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan dijo: "Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares (...) Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de Florida se extiende incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE.UU. en el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente US$450 millones".

Otros individuos señalados ​​en acusaciones separadas, según un documento publicado por el Departamento de Justicia, son (se copió textualmente la descripción de los cargos imputados):

1. Luis Motta Domínguez , exministro de Energía, quien fue acusado en el Distrito Sur de Florida por supuestamente violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al recibir sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec a empresas con sede en Estados Unidos.

2. Néstor Reverol Torres, exdirector General de La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional de Venezuela; y Edylberto José Molina Molina , exsubdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York por participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína ayudando a narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos.

3. Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias "Mauro" y "Ángel", excapitán de la Guardia Nacional venezolana, en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York fue señalado de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre 2004 y 2009.

4. Rafael Antonio Villasana Fernández, exoficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre 2004 y 2009.

"Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos", revela el documento.

5. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, ex viceministro de Energía de Venezuela, fue acusado de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esto involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes.

6. Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, exoficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. Supuestamente, conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para pasar de contrabando de los Estados Unidos a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en los aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela. Además, hizo declaraciones falsas y engañosas sobre el envío y documentos de control de exportaciones para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los Estados Unidos.