El Banco de España reclama al Gobierno "una respuesta ambiciosa" ante la situación

El Banco de España (BdE) ha solicitado hoy en su informe anual que el Gobierno ponga en marcha una "política económica ambiciosa" para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la economía española, que según sus previsiones, podría caer hasta un 15,1% este año en el peor de los escenarios.

"El calibre de los desafíos que marcarán el devenir de la economía española en las próximas décadas exige una respuesta ambiciosa, en forma de un amplio paquete de reformas de calado", ha apuntado el Banco de España.

En este sentido, el organismo ha asegurado que ante la "gravedad de la situación" desencadenada por la pandemia del Covid-19, el Ejecutivo debe buscar "un alto grado de consenso entre los distintos agentes políticos, económicos y sociales, de forma que las bases sobre las que se asiente nuestro crecimiento sean estables y no queden sometidas a los avatares del ciclo político".

Consolidación fiscal a medio plazo para contener la deuda
Entre las medidas que la entidad ha reclamado destacan un plan fiscal. "Si bien en el corto plazo la respuesta fiscal a esta crisis debe ser expansiva, en el medio plazo es necesario acometer reformas de calado para reducir el endeudamiento público y reconstruir márgenes para la actuación de la política fiscal ante futuras perturbaciones negativas", ha insistido en su informe.

Concretamente, el BdE ha considerado que "convendría avanzar en el diseño y anuncio de un plan de consolidación fiscal a medio plazo suficientemente detallado, para su aplicación una vez que se haya superado la actual crisis y se haya consolidado una senda robusta de recuperación".

Un plan de crecimiento
"La respuesta de la política económica debería incluir una estrategia de crecimiento de medio plazo, integral, ambiciosa y sustentada en amplios consensos", ha destacado la entidad.

"Los retos que condicionan las perspectivas de crecimiento de la economía española y el bienestar de nuestra sociedad están estrechamente relacionados entre sí y tratar de resolver algunos de ellos de forma aislada no es ni factible ni conveniente. Por ello, se necesita una estrategia bien planificada en la que se valore el impacto que puede tener cada decisión de política económica en múltiples dimensiones y se alcancen equilibrios entre distintos objetivos que no siempre son compatibles de forma simultánea", ha explicado.

Subida de impuestos: más recaudación y menos beneficios fiscales
Por el lado de los ingresos, el Banco de España ha defendido que "existe margen para redefinir la cesta de impuestos, con objeto de que favorezca en mayor medida el crecimiento económico". En este sentido, ha destacado que la recaudación impositiva en España, incluidos los ingresos por cotizaciones sociales, es inferior a la del promedio de la UEM en unos 2 puntos porcentuales del PIB.

Y ha explicado que en torno al 40% de esa diferencia se explica por los menores ingresos del IVA en España, consecuencia del mayor porcentaje de bienes de consumo tasados al tipo reducido o superreducido.

Por su parte, la recaudación derivada del impuesto sobre sociedades y de los impuestos especiales representa, en ambos casos, en torno a un 30% de la diferencia.

En el caso de los impuestos especiales, la menor recaudación en nuestro país se debe, en gran medida, a la baja imposición sobre los hidrocarburos y, en menor medida, sobre el tabaco y el alcohol.

Por su parte, el IRPF y las cotizaciones sociales no contribuyen significativamente a la brecha recaudatoria con la zona euro, si bien es cierto que las cotizaciones sociales que recaen sobre los empleadores en España son superiores al promedio europeo. Finalmente, la imposición medioambiental, que incluye además de algunos impuestos especiales, como el de hidrocarburos o el de la electricidad, otros impuestos indirectos, como el de transporte, también se sitúa en España unos 0,8 pp por debajo del promedio de la Uem.

"Un elemento distintivo de la fiscalidad española susceptible de reconsideración es el elevado nivel de beneficios fiscales", ha aputando el organismo. "Estos beneficios, derivados de la presencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, generan con frecuencia pérdidas importantes de recaudación y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo", ha añadido.

Frente a la temporalidad en el trabajo: contrato único y mochila austriaca
Además, el organismo ha subrayado que "la crisis actual ha vuelto a poner de relieve los problemas que genera una excesiva temporalidad en el empleo, no solo en términos de las dinámicas del mercado laboral, sino también en cuanto a la evolución de la desigualdad".

De hecho, una vez más, el empleo que más se ha destruido es el temporal. "En este sentido, los mecanismos contractuales que evitan fuertes discontinuidades en el grado de protección del trabajador, en función del tipo de contrato que tenga en cada momento, constituyen una opción interesante para afrontar esta importante disfuncionalidad de nuestro mercado laboral", ha abogado el organismo.

"En particular, figuras como la de los contratos con costes de despido crecientes pueden ser un buen punto de partida en el debate sobre el diseño de un nuevo marco regulatorio, que en ningún caso debería promover una ampliación de la brecha de protección ya existente entre trabajadores temporales e indefinidos", ha añadido. "También merecen atención aquellos modelos mixtos que combinan la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo (a modo del tipo de la «mochila austríaca») mientras el trabajador mantiene el empleo con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente en función de la experiencia acumulada", ha explicado.

El BdE ha defendido que "en la coyuntura actual, la mejora de las políticas activas de empleo debe ser una prioridad".

Reclama que el ERTE pueda ser compatible con otro trabajo
El Banco de España cree que la política económica debería favorecer la formación de los trabajadores afectados por ERTE y, en algunos casos y bajo determinadas condiciones, permitir compaginar esa situación con el trabajo en otros sectores o empresas.

La entidad ha incidido en que existe una notable incertidumbre sobre el porcentaje de empleados en ERTE (casi 2 millones a cierre de junio) que acabará recuperando su empleo.

Ha señalado que la movilidad de los empleados más perjudicados por la crisis es en general escasa, especialmente en la hostelería y el comercio, y que convendría no retrasar una posible reasignación de trabajadores en previsión de un eventual repunte de la destrucción de empleo en los próximos meses.

Al respecto ha recordado que tras la crisis de 2008 los más perjudicados fueron los trabajadores del sector de las construcción y que en 2013 más de la mitad de los que se quedaron sin empleo permanecían desocupados y solo un 23 % había conseguido trabajo en otra rama de actividad.

A juicio de la entidad, la evolución de los ERTE dependerá no solo de sus ventajas económicas, sino también del desarrollo de la crisis sanitaria y de la capacidad de crecimiento y adaptación al nuevo entorno de cada sector y cada empresa, situación en la que parten con ventaja las ramas de manufacturas y las empresas de mayor tamaño.

Mitigar el daño al tejido empresarial
Al deterioro persistente que esta crisis podría causar al mercado laboral, se suma el daño sobre el tejido empresarial, para el que el Banco de España cree que habría que considerar medidas a corto plazo como el pago inmediato de las devoluciones del IVA o de los saldos pendientes a proveedores por parte de las Administraciones Públicas, así como nuevos programas de liquidez vinculados al cobro de la deuda de sus clientes o a los gastos fijos de su actividad comercial.

Mejorar la productividad
El organismo ha explicado en su informe que "desde una perspectiva temporal amplia, el bajo crecimiento de la productividad es el principal factor determinante del modesto crecimiento potencial de la economía española".

El Banco de España ha asegurado que esta baja productividad se explica en buena parte por el reducido tamaño de las empresas españolas y, en menor medida, por la composición sectorial.

Por ello, reclama que "en el futuro, será necesario profundizar en los motivos, de diversa índole, por los que el tejido empresarial español permanece tan sesgado hacia las compañías pequeñas, y disponer de mecanismos para favorecer el crecimiento empresarial".

En este sentido, ha considerado que "es esencial reforzar los mecanismos de apoyo a la innovación y mejorar la evaluación y la selección de las carreras investigadoras para incentivar un mayor volumen de inversión en I+d+i".

Ajustar la pensión a lo cotizado
Por otro lado, ante la presión demográfica ve necesario introducir medidas adicionales para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, sobre todo después de la decisión de revalorizar las pensiones con el IPC y de suspender la aplicación del factor de sostenibilidad.

Así, para asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones, la institución ha reclamado un debate "riguroso" que aborde el nivel de prestaciones que debe proveer el sistema y cómo movilizar los recursos suficientes para sufragarlas.

El Banco de España ha visto conveniente reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando siempre un nivel de suficiencia para aquellos hogares con recursos más limitados, y ha recordado que varios países, como Alemania, Suecia, Italia o Portugal, ya han establecido un vínculo entre el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación y la esperanza de vida, "opciones que podría ser adecuado considerar en el caso español".

Asimismo, ha instado a valorar la conveniencia de fomentar el desarrollo de mecanismos de ahorro privado complementarios al sistema público y ha abogado por que las empresas impulsen el teletrabajo entre los trabajadores de mayor edad, cuando sea posible, a fin de facilitar la prolongación de la vida laboral, pues son estos trabajadores los que ven más atractivo y utilizan con mayor frecuencia el teletrabajo.

El reto de la desigualdad y el IMV
El Banco de España cree que el ingreso mínimo vital (IMV) aprobado recientemente por el Gobierno puede ser útil para reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con dificultades estructurales especiales, pero estima conveniente "vigilar estrechamente" la posibilidad de que este instrumento, al ser una transferencia permanente, pueda acabar provocando "algunos efectos indeseados".

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado que se inicia la actual crisis "con más desigualdad que la anterior" y ve "muy probable" que la actual crisis aumente aún más dicha desiguldad ya que está afectando en mayor medida a los colectivos con rentas relativamente bajas.

Por ello, sostiene que medidas como el ingreso mínimo junto con una agenda de reformas estructurales "ambiciosa" para el empleo y la productividad podrían corregir el impacto social de la crisis.

No obstante, avisa de posibles efectos no deseados en el ingreso mínimo vital, entre los que menciona la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos o un posible desplazamiento de algunas actividades económicas a la economía sumergida.

En este sentido, estima necesario evaluar la efectividad de algunas de las medidas previstas en el IMV, como el mantenimiento temporal de al menos una parte de la cuantía subsidiada cuando el beneficiario encuentra trabajo.

En su último informe anual, la institución aboga por que el IMV se acompañe de un seguimiento "continuo y riguroso" de su funcionamiento, de su coste y del grado de consecución de los objetivos perseguidos.

Así, considera que hay que analizar si se solapa con otras ayudas ya dispuestas a escala central, regional y local, y precisar si los requisitos de elegibilidad establecidos en el diseño actual, como los relativos a la necesidad de estar registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal, excluyen de la ayuda a algunos colectivos vulnerables, o si otros requisitos "pueden recalibrarse" para proporcionar "una imagen más fiel del verdadero grado de necesidad de los beneficiarios".

En este punto, señala que, en lo que respecta a los umbrales al patrimonio establecidos, "posiblemente" debería incluirse algún tipo de requisito de información acerca del nivel de endeudamiento del solicitante.