El Congreso de Perú buscaría subir el salario de los empleados públicos bajo el CAS

El Congreso del Perú vuelve a poner el foco en los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Esta vez, hay un proyecto de ley (PL) que autoriza la nivelación progresiva de sus salarios. El objetivo, de acuerdo con el documento oficial, es "garantizar el principio de igualdad remunerativa por trabajo de igual valor dentro de una misma entidad pública".

No obstante, las alarmas se acentúan a causa de otros dos elementos también orientados a este grupo. Por un lado, el presidente José Balcázar oficializó la ley N° 32563, que les permite a los trabajadores CAS recibir gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). En la otra "esquina", el Legislativo ha propuesto que el plazo de contratación de dicho personal administrativo sea indeterminado si supera el año de desempeño.

En esta última línea, el PL pretende, además, liberar a los trabajadores CAS, por completo, de cualquier disposición de la ley N° 30057; es decir, del Servicio Civil.

EL ECO DE LA DISPOSICIÓN

Daniel Paniura, abogado laboralista de PPU, advierte que la iniciativa (liderada por el legislador Alex Paredes) "no es clara en su contenido real".

"Lo que ocurriría en la práctica, o al menos lo que se pretendería, sería un incremento remunerativo para los servidores CAS; no obstante, nada asegura este resultado, puesto que el nivel de ingresos en el régimen CAS puede ser, en muchos casos, superior y no necesariamente inferior al de otros regímenes laborales del sector público", explica.

Asimismo, para su ejecución se tendrían que equiparar los niveles y estructuras remunerativas de las instituciones, lo cual, en palabras del experto, conllevaría una consecuencia paradójica: "Carecería de todo sentido mantener distintos regímenes laborales en las entidades del Estado si, al final, las remuneraciones terminan siendo las mismas para funciones equivalentes", subraya.

Claudia Sicoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), coincide e indica sobre ello que "la desigualdad laboral hay que verla en términos relativos, hay que verla en función de los puestos".

A lo cual precisa que, en el régimen CAS, el sueldo debe ser mayor que el sueldo mínimo y no puede superar los S/ 15,600 (US$4.555): "En ese rango pueden variar las remuneraciones de los empleados CAS y de los Servir".

Paniura lo resume: "Esta norma desdibuja progresivamente un acceso al empleo público meritocrático y se contribuye aún más a tener un sistema desordenado que será cada vez más difícil de corregir".

EL FACTOR ECONÓMICO

Pero no es la única preocupación a propósito de la norma: también está en juego si la economía del Perú se encuentra preparada para asumir cambios en materia laboral sin afectar a otros gastos públicos.

Cabe resaltar que, previamente, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (Bcrp), le confirmó a Gestión que los proyectos que expanden los beneficios de los trabajadores CAS "no solo golpean al Tesoro Público, sino a todos". "Lo ideal sería que el Gobierno los observe. Si generan un costo. Estamos entrando con peor pie al nuevo Gobierno y se están debilitando las acciones que podría tomar el nuevo mandato", dijo.

Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de Esan University, se refiere al respecto e incluso establece una comparación: "En el sector público, lamentablemente, los concursos laborales no son eficientes. Cuando hablo de eficiencia, hablo en términos relativos de lo que sucede en el sector privado. En el sector privado la evaluación es de 4 a 6 meses para poder estar plenamente contratado, y la contratación indefinida no sucede al año de iniciar el trabajo, sino que continúan las evaluaciones".

"Entonces, si eso lo aplicamos en el sector público, sí genera un problema porque forma parte del Tesoro Público. Si es un desfalque de recursos inevitablemente", asegura.

Además, hace un análisis sobre la perdurabilidad del beneficio ya avalado por el Estado (CTS y gratificaciones): "No sé cuánto pueda durar esta medida, dado que el presidente lo está haciendo, muy probablemente, porque ya se está acabando su Gobierno, le quedan un par de meses. Lo más probable es que el siguiente Gobierno de turno derogue este programa, y sería saludable que así sea, porque si no, nos vamos a ver nuevamente en un problema de cumplimiento con la regla fiscal. Esta medida es totalmente inadecuada".

Sicoli también fue enfática: "La nivelación progresiva de las remuneraciones va a generar una modificación en las asignaciones presupuestales de este año y de los años venideros".

"Hay cálculos que se han estimado en diferentes ámbitos. El otorgamiento de los aguinaldos de julio a diciembre tendrían un costo de S/ 1,809 millones (US$528 millones) y el de la CTS un costo de S/ 1,055 millones anuales (US$308 millones). [...] El efecto concreto es mayor presión sobre la caja fiscal y, por lo tanto, una afección directa al objetivo de volver a tener un déficit fiscal de 2% o menos del PBI y mucho más lejos de lograr un equilibrio fiscal en el mediano plazo", agrega.

PRESUPUESTO SIN RESPALDO

Paniura, por su parte, subraya que "ningún proyecto que no analice de manera integral, completa y sistemática el régimen laboral público puede ser viable económicamente".

Si bien en el artículo 7 del expediente oficial se acentúa que no se demandarán recursos adicionales al Tesoro Público, en observancia de las reglas fiscales vigentes, el abogado lanza una acotación:

"El mero enunciado resulta insuficiente si no se acompaña de un estudio actuarial y financiero que sustente la capacidad real de las entidades para absorber el incremento de la masa salarial".

En ese sentido, trae a colación la aprobación de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS: "Esta norma no evalúa mínimamente el nivel de nocividad final ni determina con claridad la fuente definitiva de financiamiento. Los legisladores se encuentran en un nivel de irresponsabilidad fiscal pocas veces visto, donde prima el rédito político y el populismo frente a la sostenibilidad financiera del propio Estado".

"Aprobar leyes que generan derechos económicos permanentes sin identificar fuentes sostenibles de financiamiento compromete no solo la estabilidad fiscal, sino la propia viabilidad de los derechos que se pretende reconocer. [...] El proceso legislativo en materia de empleo público carece de una visión articulada que considere simultáneamente la sostenibilidad fiscal, la eficiencia del servicio público y la meritocracia como pilares fundamentales", concluye.