El Gobierno confía en la jubilación reversible para hacer frente a la falta de trabajadores
viernes, 22 de agosto de 2025
La Seguridad Social espera que en los próximo cinco años los regresos por parte de retirados al mercado laboral equivalgan a 1,8% del total de salidas que se producen a lo largo de doce meses
Expansión - Madrid
El Ministerio de Seguridad Social viene reiterando en los últimos meses la buena marcha de las medidas aplicadas como parte de la última reforma de pensiones destinadas a elevar la edad efectiva de jubilación de forma voluntaria. Primero, con la modificación de los coeficientes reductores para jubilación anticipada; después, con los incentivos para demorar el retiro, las modificaciones en las modalidades de la jubilación parcial y activa, y ahora con el proyecto de reforma de la jubilación flexible o reversible.
El propio secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha indicado en sus últimas comparecencias en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso que esta puede ser un sostén para paliar, en parte, la situación de merma de la población ocupada en las próximas décadas. La Ocde advierte de que, para 2060, la población en edad de trabajar en España se reducirá 30% y se producirá un desplome de 10,3 puntos porcentuales en la tasa de empleo con respecto a la población entre 2023 y 2060, apunta en su informe Perspectiva del Empleo 2025.
Precisamente, el Gobierno espera paliar parte de esta coyuntura mediante el retraso voluntario de la jubilación y con el proyecto de real decreto ley que ultima con los agentes sociales para la jubilación flexible o reversible.
Regreso paulatino
Según recoge la memoria económica del real decreto, la incorporación de los nuevos jubilados parciales se realizará de manera paulatina durante los próximos cinco años a un ritmo de un 1,8% del total de las altas anuales de jubilación ordinaria y anticipada voluntaria. Esto implicaría unos 6.000 regresos al año de personas que ya se habían jubilado previamente y volverían al mercado de trabajo para tener un empleo a jornada parcial, de entre 40% y 80%, según establece la normativa objeto de negociación con los agentes sociales.
Concretamente, lo que propone el Ejecutivo para hacer más atractiva esta modalidad de jubilación, a la que se accede una vez ya se ha producido el alta en el sistema, es, por un lado, un endurecimiento de la jornada parcial exigida para poder acogerse a la jubilación, que pasará de ser de entre 25% y 75% actual a entre 40% y 80% de la jornada, a cambio de un mayor pago de pensión de entre 10% y 20%, en función de las horas que se cumplan -un extra que será adicional a la parte de pensión que corresponde compatibilizar-. Además, como novedad, podrán acceder a esta modalidad de retiro los trabajadores autónomos.
No obstante, ni el Gobierno ni los agentes sociales parecen esperanzados en que esta medida concreta, de la jubilación flexible, tenga una repercusión sustancial ni en términos de aporte al mercado de trabajo, ni por el ahorro que pueda generar para las arcas el hecho de posponer el cobro total de la pensión los años en los que se compatibilice el empleo con el cobro de la prestación al acogerse a la jubilación reversible. En este sentido, según las prospecciones del ministerio capitaneado por Elma Saiz, a medida que se trabajan más horas en la jornada parcial se produce un mayor ahorro para las arcas de la Seguridad Social.
En los dos escenarios valorados (con una jornada parcial de 40% o de 80%), el ahorro, una vez que esté completamente implantada la medida, puede variar entre 285,3 millones de euros (US$334,66 millones) y 185,8 millones de euros (US$217,94 millones) dependiendo de la jornada que realicen los trabajadores a tiempo parcial, máxima o mínima legal permitida", indica el Ejecutivo.
Capacidad de trabajo
Un reciente estudio publicado por Fedea sobre la capacidad adicional de trabajo de las personas de entre 55 y 69 años subraya que, en comparación con finales de los años 70, los hombres podrían trabajar ocho años más y las mujeres seis años más sin que ello supusiera un deterioro de su salud mayor que el de generaciones anteriores.
Este enfoque resulta esencial porque las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años para incentivar la demora de los retiros cuentan con una mejora de las condiciones de vida que permitan mantener la actividad laboral, que parece compatible con el alargamiento de las carreras de cotización más allá de la edad legal (67 años a partir de 2027).