El Gobierno español y los sindicatos acuerdan reducir la jornada laboral a 37,5 horas

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, y los representantes sindicales firman el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial.

El Gobierno y los sindicatos han cerrado finalmente este viernes el acuerdo bilateral para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y sin rebaja salarial tras once meses de negociaciones en la mesa de diálogo social. Los convenios colectivos vigentes tendrán como máximo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva jornada semanal de 37,5 horas en cómputo anual.

Un plazo en el que no obstante ha sido imposible sumar a las organizaciones empresariales Ceoe y Cepyme al acuerdo, por lo que la firma cuenta solo con la rúbrica del Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y Ccoo.

Así, la reforma nace sin incluir ayudas económicas para las empresas, una condición que el Ministerio de Trabajo había impuesto a una firma tripartita de todos los agentes sociales.

Con este acuerdo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,con el secretario general de Ccoo, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se da luz verde al inicio del trámite parlamentario del anteproyecto de ley que será llevado al Congreso próximamente, una vez el texto pactado sea aprobado en Consejo de Ministros.

En el acto de la firma, celebrado en el Ministerio de Trabajo, Díaz ha resaltado que éste "es un momento de altura histórica" y que esta rebaja del tiempo de trabajo afectará directamente a 12 millones de trabajadores que tienen una jornada superior a las 37,5 horas, también a los trabajadores a tiempo parcial, a los que "se les van a incrementar sus derechos y sus salarios".

"La evolución productiva a lo largo de estas décadas exige una nueva regulación, especialmente en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios mantienen en la actualidad jornadas semanales de trabajo muy próximas al máximo legal previsto hace más de cuarenta años. Es un deber democrático compensar y evitar diferencias injustas", señala el departamento que dirige Díaz.

"No es un acuerdo más, es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país (...). Esta es una gran conquista laboral (...) contra la precariedad laboral (...). Nos dijeron que era imposible reducir la jornada laboral y aquí estamos, lo vamos a hacer", ha destacado Díaz, que ha remarcado que por medidas como ésta merece la pena "partirse la cara en política".

"La reducción de la jornada afectará a 12 millones de personas", ha dicho Díaz durante el acto de firma, al tiempo que ha asegurado que, en los últimos 40 años, no se ha tocado la jornada laboral, mientras que ha aumentado la productividad por hora trabajada más de 50 %, por lo que "ha llegado la hora de repartirla".

La vicepresidenta segunda ha subrayado además que con este acuerdo "se salda una deuda" con los trabajadores, porque "trabajar menos no puede ser sólo una prerrogativa de la gente de la banca, de las consultorías, de los tres millones de empleados públicas o de las grandes empresas".

La norma saldrá hoy a consulta pública "para que se apruebe cuanto antes en el Congreso y en el Senado", a fin de que "antes de acabar el año 2025 quienes tengan una jornada de 40 horas ganen media hora de vida más al día".

Registro horario, desconexión y multas

El acuerdo para la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales firmado hoy por Gobierno y sindicatos contempla también el derecho a la desconexión digital "que permite garantizar el derecho al descanso fuera del horario de trabajo sin que la persona trabajadora pueda sufrir consecuencias negativas" y la mejora del registro horario que será "diario, digital objetivo, fiable y accesible", ha señalado la ministra Yolanda Díaz.

La norma establece también un registro horario telemático al que pueda acceder en remoto la Inspección de Trabajo para garantizar que se cumplen las jornadas. "La Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuál es la jornada que hacen los trabajadores", ha señalado la ministra, Yolanda Díaz.

Se establecen, además, sanciones individualizadas a las empresas que incumplan con la jornada estipulada. "Antes era una sanción única por la empresa, bastante barato, por cierto, pues ahora va a ser por cada trabajador afectado", ha señalado Díaz: "una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos".

Según el borrador del anteproyecto, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros (US$10.382) por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario: el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros (US$7.787) a 10.000 euros (US$10.382).

"La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 (US$1.382) a 2.000 euros (US$2.076); en su grado medio, de 2.001 (US$2.077) a 5.000 euros (US$5.191) y, en su grado máximo, de 5.001 (US$5.192) a 10.000 euros (US$10.832)".

En la legislación actual de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos) la cuantía de las multas por transgredir los límites legales del tiempo de trabajo se sancionan con 751 a 1.500 euros (US$1.557) en su grado mínimo; con 1.501 (US$1.558) a 3.750 euros (US$3.893) en su grado medio, y con 3.751 (US$3.894) a 7.500 euros (US$7.787) en su grado máximo.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada únicamente se considerará la comisión de una infracción por cada trabajador afectado en los supuestos de ausencia de registro o falseamiento de datos.

El texto recoge asimismo el derecho irrenunciable a la desconexión digital fuera del horario laboral. "La no atención de estas comunicaciones no podrá ocasionar consecuencias negativas para la persona trabajadora que tiene derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por la empresa".

La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se totalizará mensualmente, entregando la empresa al trabajador, junto con el recibo de salarios, copia del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto ordinarias como complementarias.

Igualmente, las horas extraordinarias registradas día a día se totalizarán en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando la empresa copia del resumen al trabajador en un recibo. Todo ello, sin perjuicio de la forma de compensación.

Sin acuerdo tripartito

Finalmente el Ministerio de Trabajo no tiene la ansiada foto de un acuerdo tripartito del que participen CEOE y Cepyme que ha tratado de salvar hasta el último minuto -la patronal se levantó hace un mes de la mesa de negociación-.

A pesar de los esfuerzos realizados con las sucesivas ofertas destinadas a ablandar la postura de las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva con un pliego de ayudas económicas destinadas a ayudar a digerir las implantación de las 37,5 horas a las empresas de menos de diez trabajadores, lo exiguo de las compensaciones planteadas a cambio de una medida que tendrá un elevado coste estructural para el tejido productivo ha terminado por sustanciar el rechazo definitivo de la patronal.

Los empresarios, contrarios a la reducción de jornada de forma generalizada mediante la reforma del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, demandan que la fijación y distribución de las horas de trabajo quede en manos de la negociación colectiva en las más de 4.000 mesas que existen en España entre patronales y sindicatos.

De este modo, los empresarios han ido rechazando de forma contundente las sucesivas ofertas realizadas por el Ministerio de Trabajo que en su punto de mayor extensión llegaron a recoger ayudas por valor de unos 350 millones de euros (US$363 millones) entre bonificaciones para la contratación y pagos directos dirigidos a la digitalización de los negocios.

Compensaciones que, no obstante, están lejos mitigar el impacto de una medida que se calcula le costaría sólo en términos de reducción de horas sin rebaja de salarios unos 15.000 millones de euros (US$15.574 millones) anuales a las empresas.

Choque con Economía

No obstante, pese a este primer paso que supone el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, las espadas siguen en alto con el choque abierto con el departamento de Economía. Así, la firma se convoca dos días después de que el Ministro del ramo, Carlos Cuerpo, abriera la puerta a retrasar la aplicación de los plazos de la medida al menos hasta 2026.

La intención de Díaz es que el 31 de diciembre de 2025 los trabajadores ya cuenten con una jornada laboral semanal máxima de 37,5 horas según el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, pero Cuerpo quiere que se aplique de manera gradual más allá de esta fecha y en función de distintos ámbitos laborales.

Díaz reconoció ayer la tensión con Economía respecto a este asunto: "hacer promesas e incumplirlas es muy grave en democracia", señaló.

"Lo que dice es que hay que llevar (la rebaja de jornada) más allá, que la legislatura es larga", dijo ayer la ministra en una entrevista con La Sexta en la que pidió "cumplir con lo pactado en el acuerdo de investidura" para no "engañar" a los trabajadores.

Díaz también criticó que Cuerpo se haya alineado con la postura de la patronal: "Hoy ha salido el señor Garamendi diciendo que se encuentra muy cómodo con el señor Carlos Cuerpo", agregó. "La cosa es para quién gobernamos y si cumplimos el acuerdo de Gobierno".

Respecto a la posibilidad de que Cuerpo realizase estas apreciaciones a la reducción de la jornada como medio para lograr el apoyo parlamentario de Junts o el PNV, Díaz respondió que el Gobierno lleva al Parlamento muchas medidas sin tener atados los apoyos y se negocia hasta el final, por lo que avisó de que no solo se puede iniciar la tramitación de las leyes que considere únicamente el Psoe.

Ayer mismo Díaz no concretó la fecha para firmar el acuerdo bilateral aunque sí dijo que era "inminente". "No entiendo por qué el Partido Socialista se desmarca en el último momento", remachó.

Pero más allá de las discrepancias, lo que realmente amenaza la puesta en marcha de la medida es el trámite parlamentario, toda vez que el Gobierno deberá recabar los apoyos necesarios en un terreno árido en el que deberá fajarse con Junts, que al menos exigirá recuperar las ayudas económicas para las empresas para dar sus votos.