El ministro Mario Marcel anuncia que taxonomía verde se dará a conocer a fin de mes

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó este miércoles los desafíos que plantea para las finanzas públicas el fenómeno del cambio climático. En el primer encuentro de DF Capital Sostenible, de Diario Financiero, el secretario de Estado destacó el aprendizaje respecto a que la sostenibilidad es precisamente una ventaja comparativa para los países que son capaces de incorporarla efectivamente dentro de sus políticas dentro del funcionamiento del sector público y del sector privado.

“Y, en el caso de Chile, representa una gran oportunidad de desarrollo futuro”, indicó.

En el mundo, detalló que los flujos anuales de financiamiento climático alcanzaron a US$1,3 billones entre 2021 y 2022, una cifra que dobló lo visto en 2019 y 2020. Y estos montos, advirtió que se espera que se quintupliquen entre 2031 y 2050 ante las necesidades estimadas.

Lo anterior también deja los retos de aumentar la proporción de recursos destinados a adaptación, tanto a nivel global como en Chile; balancear el flujo de recursos públicos y privados; disminuir la disparidad entre sectores económicos, y el desarrollo de mercados, estandarización de conceptos, mejora de marcos regulatorios y potenciar la coordinación internacional.

“Y nosotros, por supuesto, también lo vemos en nuestro país, pero con una diferencia muy importante, que es el hecho de que la transición hacia una economía verde en el mundo abre nuevas oportunidades para un crecimiento económico sostenible en Chile”, explicó.

El ministro indicó que el país podrá apoyarse en sus recursos naturales y ventajas comparativas para ser parte -o protagonista, en algunos casos- del cambio de la estructura productiva que se desarrolla en respuesta a las metas de mitigación del cambio climático.

Tal sería el caso del cobre, explicó, cuya demanda sustantiva y precio sobre los US$4 ha resistido a los ajustes que ha tenido la economía china y desaceleración a un tercio de crecimiento de hace 10 años.

Otro ejemplo, apuntó Marcel, es el del litio, pues en 2022 Chile representó más de un tercero de la producción mundial. También destacó el hidrógeno verde y las energías renovables.

Y aun cuando no se ha hecho un balance completo, recordó que la comisión Marfán estimó que la transición hacia la economía verde podría aportar un 1,1% a la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en el largo plazo de 10 años, subiendo a razón de 0,11% anual.

Una proyección, dijo el ministro, que hace una diferencia grande para la discusión que se ha tenido en los últimos años respecto al potencial de crecimiento del país y la productividad. Además, planteó que estas oportunidades podrían revertir la trayectoria, algo que no es muy común ni muy fácil para los países. “Para nosotros la agenda global relacionada con el cambio climático, tiene un valor importante. Es decir, si pudiéramos hacer el balance de los costos y los beneficios económicos más inmediatos de la lucha contra el cambio climático, Chile es uno de los pocos países que podría obtener un balance más favorable en términos netos que otros países”, afirmó.

Evitar el greenwashing

El ministro también anunció que este mes se publicará el anteproyecto de taxonomía verde, en desarrollo desde el Gobierno anterior, el cual permitirá homologar mediante un lenguaje común cuando una actividad económica se está llevando a cabo de manera sostenible desde el punto de vista medioambiental. Además, se someterá a consulta pública en enero de 2025.

“Se ha estado trabajando de manera muy sistemática, muy seria y se va a dar a conocer este mes el resultado de todo este proceso. Se va a someter a consulta ciudadana y, por lo tanto, ya el próximo año vamos a tener esta taxonomía verde disponible para su aplicación en las emisiones de deuda chilena, pública y, especialmente, privada”, indicó.

La iniciativa fomenta la transparencia y eficiencia en los mercados mediante un lenguaje común, facilitando la toma de decisiones, además de facilitar la identificación de inversiones sostenibles, el acceso al financiamiento y las oportunidades de inversión.

También dará claridad a los procesos de tramitación ambiental y generará estándares confiables, respaldando la reputación de las empresas y evitando acusaciones de greenwashing.

“No es tampoco simplemente un checklist, sino que es una metodología para poder evaluar en su conjunto las emisiones, para poder a través de esto reducir los riesgos de greenwashing, adquirir un sello verde y darle seguridad a los inversionistas de que se está cumpliendo con las características que se pretende definir para las emisiones de deuda”, señaló.