El periódico New York Times demanda al Pentágono por su restrictiva política de prensa

El periódico New York Times demandó el jueves al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un esfuerzo por obligar al Pentágono a abandonar su nueva y restrictiva política de prensa, el último intento de una organización de noticias estadounidense por recuperar el acceso a espacios gubernamentales.

La política de prensa, promulgada el mes pasado, requiere que los periodistas reconozcan que podrían ser considerados riesgos para la seguridad y que se les podrían revocar sus credenciales de prensa del Pentágono si piden a los empleados del departamento que revelen información clasificada y algunos tipos de información no clasificada.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, también incluye al portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell. En un comunicado, Parnell declaró: "Estamos al tanto de la demanda del New York Times y esperamos con interés abordar estos argumentos en el tribunal".

Al menos 30 organizaciones de noticias, incluidas Fox News, Washington Post y Reuters, optaron por renunciar a sus credenciales de prensa en lugar de firmar la nueva política, citando una amenaza a la libertad de prensa y a su capacidad de realizar recopilación de noticias independiente sobre el ejército más poderoso del mundo.

El Times dice que la política viola el derecho a la libertad de expresión

En su denuncia, el Times alega que la política viola los derechos a la libertad de expresión y al debido proceso y que, si se permite que siga vigente, "privará al público de información vital sobre el ejército de Estados Unidos y sus líderes".

"Esta política es un intento de ejercer control sobre la información que no le gusta al gobierno, en violación del derecho de la prensa libre a buscar información bajo sus derechos de la Primera y la Quinta Enmienda protegidos por la Constitución", dijo el portavoz del New York Times, Charlie Stadtlander, en un comunicado.

El periodista del New York Times, Julian Barnes, es codemandante en la demanda. Los representantes del Pentágono y de la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.

La política promulgada bajo Hegseth establece que recibir o publicar información sensible "está generalmente protegido por la Primera Enmienda", pero agrega que solicitar la divulgación de dicha información "puede influir en la consideración de si usted representa un riesgo para la seguridad".

Los reporteros acreditados tradicionalmente han estado limitados a espacios no clasificados en el Pentágono y han trabajado al otro lado del pasillo de la oficina de prensa, lo que les ha permitido acceder a los portavoces del departamento. Las credenciales de prensa indican que han pasado una verificación de antecedentes.

Nuevo cuerpo de prensa se reúne en el Pentágono

Desde el éxodo de los medios de comunicación tradicionales el mes pasado, el Pentágono ha reunido un nuevo cuerpo de prensa compuesto en gran parte por medios e individuos pro-Trump.

Entre ellos se incluyen la activista Laura Loomer; LindellTV, un sitio de noticias digitales dirigido por el teórico de la conspiración electoral Mike Lindell; y James O'Keefe, quien fundó el grupo de derecha Project Veritas y ahora dirige O'Keefe Media Group.

El martes, el Pentágono organizó su primera conferencia de prensa para el grupo, durante la cual el secretario de prensa, Kingsley Wilson, atacó al cuerpo de prensa tradicional. "El pueblo estadounidense no confía en estos propagandistas porque dejaron de decir la verdad", dijo Wilson a los asistentes.

La acción del New York Times sigue a una demanda presentada en febrero por Associated Press, que demandó a tres altos asesores de Trump después de que la Casa Blanca limitara el acceso de AP a las reuniones de prensa. Lo hizo en respuesta a la decisión de AP de seguir utilizando el nombre establecido del Golfo de México, aunque reconoció la orden ejecutiva de Trump que lo renombró Golfo de América.

AP sostiene que las restricciones son un intento de obligar a la prensa a utilizar el lenguaje preferido de la administración, violando las protecciones constitucionales tanto de la libertad de expresión como del debido proceso.

En su fallo de abril, el juez federal de distrito Trevor McFadden dijo que AP tenía derecho a una orden judicial preliminar a su favor, pero en junio el Circuito de DC suspendió esa orden mientras consideraba la apelación de la administración Trump.