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El poder judicial de Perú impuso 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo

Hoy en día, Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Foto: Gestión
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Un juez dictó esta medida por la investigación en su contra por los casos de Petroperú en los ministerios de Transportes, y de Vivienda

Gestión - Lima

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ordenó 36 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal.

La Fiscalía realizó este pedido contra el exmandatario en el marco de las investigaciones que le realiza por la presunta comisión de delitos organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos de Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Como se recuerda, Castillo Terrones cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, como parte de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión, tras el golpe de Estado.

Durante la audiencia de este jueves 9 de marzo, el juez Checkley consideró que hay graves y fundados elementos de convicción sobre la comisión del delito de colusión por parte del exjefe de Estado en el caso Petroperú.

Asimismo, señaló que si hay un riesgo de fuga de Pedro Castillo por su falta de arraigos y su facilidad para dejar el país en caso esté en libertad, pues enfrentaría a una condena grave. Además, recordó que el exministro Juan Silva, quien también es investigado por este caso, actualmente está prófugo.

En la audiencia del pasado 7 de marzo, la fiscal Galinka Meza Salas invocó 283 graves y fundados elementos de convicción que vinculan al expresidente y a los exministros Silva y Geiner Alvarado con los delitos que les imputa, declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, testigos, actas, reportes y otros.

Por su parte, los abogados de los procesados solicitaron declarar infundado el pedido fiscal, pues presuntamente no se cumplen los requisitos que establece el Código Procesal Penal para imponer la medida.

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