El presidente de Unilever está entre los imputados por tráfico ilegal de datos
miércoles, 24 de abril de 2013
Ripe
El presidente ejecutivo de Unilever España, Jaime Aguilera, está entre la treintena de personas que han sido arrestadas por la Policía Nacional en Barcelona y otras ciudades de España en el marco de la tercera fase de la operación Pitiusa, que investiga una presunta red de tráfico de datos. Tras prestar declaración, Aguilera quedó en libertad.
Fuentes de Unilever explicaron que el directivo acudió ayer a declarar ante la policía “con el objetivo de colaborar con la investigación relacionada con el caso Pitiusa”, pero que por la tarde ya no estaba detenido.
Aguilera ha manifestado su “total tranquilidad” respecto a su presunta implicación y la de algún empleado de Unilever respecto a este tema, y ha incidido en su predisposición y colaboración en el esclarecimiento del caso.
Entre los detenidos también ha sido citado a comisaría por la Policía Nacional el exdirector gerente de Mutua Universal, Eduardo Garriga, que también era director ejecutivo de Barcelona Activa pero dejó este cargo recientemente.
Según las mismas fuentes, se investiga si estos empresarios contrataron a detectives para controlar y espiar a algunos de sus trabajadores de quienes sospechaban que podían vender información sensible de la empresa, entre otras irregularidades.
La filial española de multinacional estadounidense Unilever tiene su sede en Viladecans (Barcelona) y es fabricante y distribuidor de productos alimentarios y de higiene. Se trata de la tercera fase de la operación Pitiusa contra una red de tráfico de datos en la que este miércoles se han arrestado a detectives, empresarios, miembros de su propio cuerpo y de la Guardia Civil, y a una funcionaria de la Agencia Tributaria.
En la operación se prevén una treintena de arrestos, de los cuales 16 en Barcelona -de los que ya se han hecho al menos ocho-, cinco en Madrid -entre ellos la funcionaria de Hacienda- y el resto en Cantabria, País Vasco, Aragón y Andalucía. En esta macrooperación, realizada a principios de mayo del año pasado, ya habían sido detenidas 88 personas de 11 comunidades autónomas.