El presidente Yamandú Orsi de Uruguay afronta polémica por reformas no declaradas en su casa

El presidente Yamandú Orsi volvió a quedar envuelto en una polémica que lo afecta de forma directa. Tras el episodio del descuento en la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe que recibió pocos días antes de asumir el gobierno, el mandatario quedó en el centro de un nuevo tema que le exige dar explicaciones públicas.

Pese a haber hecho mejoras en el patio de su casa en el correr del 2018, Orsi no había declarado los cambios ante la Dirección Nacional de Catastro, tal como informó este lunes Informativo Carve. La actualización del valor catastral es la base para configurar el monto de la contribución inmobiliaria, que es uno de los principales ingresos de la Intendencia de Canelones, gobierno departamental que integró durante dos décadas como secretario general e intendente y de los impuestos de Patrimonio y Primaria.

Luego de conocerse la noticia, el actual intendente de Canelones, Francisco Legnani, llamó a su antecesor para ponerse al tanto de la situación. El jefe comunal contó en el programa Todo un Tema del streaming de El Observador que Orsi le contó que la “inspección final de BPS fue en 2024” y que “estaba iniciando la regularización en Catastro”. “Eso ingresa por Catastro y luego pasa a la intendencia, donde efectivamente se regulariza y se comienza a abonar la contribución correspondiente", explicó Legnani, quien aclaró que no es retroactivo.

Tal como informó Carve y constató El Observador, las imágenes satelitales de la casa de Orsi en Pine Park por Google Earth evidencian que entre octubre de 2018 y marzo de 2019 instaló una piscina en el fondo. Luego, a mediados del 2020, se observa una nueva estructura que, de acuerdo a fuentes consultadas que conocen la vivienda, es un parrillero abierto con techo liviano.
Tras la inspección final del BPS en 2024, Orsi no actualizó el valor catastral de su vivienda. El trámite se inició como resultado de la consulta periodística de Informativo Carve en el correr de la semana.

Desde Presidencia indicaron a ese medio que se entendía que los cambios no requerían notificación a Catastro por tratarse de “aberturas”. Sin embargo, cualquier reforma requiere de una declaración jurada de caracterización urbana y de hecho la incorporación de una piscina debe indicarse con un “código 47”, según consta en un instructivo público de Catastro.

El trámite se hace vía online ante el organismo y debe ir firmado por ingeniero agrimensor o por arquitecto. El Observador consultó este lunes al director nacional de Catastro, Andrés Recalde, quien dijo no tener información sobre el caso.

Si bien dentro del oficialismo entienden que el monto no es significativo y que la no declaración de reformas de este tipo es una práctica extendida en la población, fuentes consultadas en filas del Frente Amplio han evitado justificar la decisión.

La noticia levantó de inmediato críticas de la oposición. Fue analizada en el Directorio del Partido Nacional, donde se manejó que el nuevo episodio requería un posicionamiento firme por dos motivos: por la acumulación de “amarillas” que arrastra el presidente y porque con el caso de la camioneta, que consideran más grave que este, se instaló entre su militancia la versión de que hubo una suerte de “pacto” con el gobierno para bajar el tono y evitar horadar las instituciones.

A la salida del Directorio, su presidente Álvaro Delgado cuestionó que es “otro hecho bochornoso más”. "Cuando uno es presidente de la República, es el primer ciudadano del país. Cuando es el primer ciudadano, tiene más obligaciones que derechos y tiene que dar el ejemplo. Tiene que darlo en lo político, en lo ético y en el cuidado institucional. Y este tipo de cosas dan por tierra todo esto. No se está cuidando la institucionalidad".

El senador blanco Javier García, en tanto, escribió en sus redes: "Exigir como intendente de Canelones estar al día con los tributos y declarar las obras que se hacen, y estar en negro y deberlos en la vida privada siendo presidente, no es solo contradicción, sino doble discurso".

Por su parte, el director de Catastro durante el pasado gobierno, Augusto Alcalde, apuntó que “resulta bastante inverosímil” que Orsi, por su experiencia en la comuna canaria, “no sepa cómo es el trámite” respecto a la declaración jurada de caracterización urbana. El exjerarca blanco señaló que “por un tema político, ético y de justicia tributaria” el presidente, aún cuando no hubiera cierre de obra en BPS, debió haber actualizado su base de datos catastral y recordó la renuncia de la exministra Cecilia Cairo por haber construido su casa de forma irregular.

La casa de veraneo de Lacalle Pou y Ponce de León mantendría una deuda de Primaria
Tras la difusión del caso de Orsi, el periodista Eduardo Preve publicó en sus redes sociales que la casa de veraneo del expresidente Luis Lacalle Pou y de su exesposa Lorena "Loly" Ponce de León en La Paloma mantendría una deuda por concepto del Impuesto de Primaria.

Según sostuvo el periodista, y confirmó El Observador en la web de la Dirección General Impositiva (DGI), la propiedad, identificada con el padrón 6944 y ubicada sobre la primera línea de la costa, registraría una deuda cercana al tributo desde 2023, de acuerdo con información disponible en los registros públicos de la Dirección General Impositiva.

Preve señaló que el entonces matrimonio no habría abonado el Impuesto de Primaria durante 2023 ni 2024 y que, tras el divorcio formalizado el 17 de junio de 2024, la obligación pasó a recaer sobre Ponce de León, quien quedó como titular del inmueble. De acuerdo con esa información, la deuda se habría mantenido también durante 2025 y 2026.

El caso de Andrade en 2021

Cuando en 2021 el programa Santo y Seña reveló que el senador comunista Óscar Andrade había construido su casa en negro en San Luis y que no pagaba impuestos, el intendente que en aquel momento tuvo que administrar la tormenta política y que marcó perfil con ello –ante la cerrada defensa comunista fue Orsi.

El hoy presidente dijo entonces en una audición en la radio San José CW 41 que su correligionario se iba a “poner al día” porque no era “solo una cuestión de montos sino también de imagen”, algo de lo que Andrade era “consciente”.

"Capaz que esto nos viene bien para que reflexionemos que no es el caso de Andrade, no debería serlo, lo difícil que puede ser para algunas personas, repito, no estoy hablando de ese caso, contratar un estudio de arquitectos o un arquitecto, hacer los planos, ir a BPS, registrar, ir a la Intendencia, ver que todo esté bien, pero que capaz que el muro que está allá hay que tirarlo abajo y hacerlo más allá, o la cámara hay que hacerla en otro lugar, esa es la realidad de todos los días acá", reflexionó en aquel momento.

Días después, en un aniversario de Los Cerrillos, se refirió al tema entre líneas y habló de que “en el pago chico todos los eneros (los vecinos) juntan sus pesitos para pagar sus tributos. 'La planilla', dicen los más veteranos, 'hay que pagar la planilla'. Con ese sentido de la responsabilidad, que no precisa que les vayamos a golpear la puerta –porque es un sentido de pertenencia y de retribución para que las cosas pasen, desde cada rincón, desde cada pago chico, nos plantean que consigamos los recursos para hacer las cosas”.

El caso propició incluso que Orsi cesara al titular de la Agencia Tributaria, Germán Casaravilla, por haberse comunicado de forma directa con Andrade para arreglar un convenio. El jerarca cesado pertenecía al Espacio 2040 liderado por quien era su adversario interno en el departamento, el hoy senador suplente Yamandú Costa.

Pagó Primaria

Carve reveló a su vez que una segunda propiedad adquirida por Orsi en un padrón lindero a su casa –tras venderle a su hermana los derechos sucesorios de la vivienda de sus padres– adeudaba el Impuesto de Primaria por todo el ejercicio de 2025 y por la primera cuota de 2026.

Entre la deuda, la mora y los recargos, algo que concretó el fin de semana tras la consulta periodística.

La deuda corresponde solo a esa nueva propiedad, que pasó a estar a su nombre en octubre del 2024. No obstante, en la vivienda en la que vive la familia desde 2010 no se constatan deudas, según surge de los registros de la Dirección General Impositiva.