Empresa matriz de TikTok busca acelerar la demanda por ley de prohibición de EE.UU.

ByteDance Ltd., con sede en China, pidió a un tribunal de apelaciones que acelerara su demanda contra una ley estadounidense que la obligaría a vender la aplicación para compartir videos TikTok o enfrentar una prohibición.

"Es necesaria una pronta consideración de estos casos para evitar daños irreparables", dijeron el viernes los abogados de ByteDance y TikTok en una presentación ante el tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia.

A la compañía se unieron ocho creadores de TikTok que demandaron por separado para bloquear la ley que prohibiría la plataforma en los EE. UU. si ByteDance no se deshace de la aplicación antes del 19 de enero. El presidente Joe Biden promulgó la medida en abril para abordar las preocupaciones de seguridad nacional sobre el acceso del gobierno chino a los datos de los usuarios e influir en los ciudadanos estadounidenses a través de la plataforma.

Se espera que la batalla legal, que enfrenta los derechos de libertad de expresión con los intereses de seguridad nacional, se prolongue y el caso potencialmente llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos. Si el Circuito de DC acelera el caso y la Corte Suprema lo acepta, podría haber una decisión en el segundo trimestre de 2025, dijo Matthew Schettenhelm, analista de Bloomberg Intelligence.

TikTok instó al tribunal de apelaciones a decidir sobre el fondo del caso antes del 6 de diciembre para que haya tiempo suficiente para solicitar una revisión de emergencia por parte de la Corte Suprema.

En su denuncia, TikTok afirmó que la ley es inconstitucional porque viola el derecho a la libertad de expresión.

“Por primera vez en la historia, el Congreso ha promulgado una ley que somete una única plataforma de expresión con nombre a una prohibición permanente a nivel nacional y prohíbe a todos los estadounidenses participar en una comunidad en línea única con más de mil millones de personas en todo el mundo”, según la demanda de 67 páginas.

TikTok también dijo que una “desinversión calificada” según lo establecido por la ley no era factible. “Y ciertamente no en el plazo de 270 días requerido por la ley”, según la denuncia.