España confina a la población para tratar de contener la propagación del Covid-19

El Gobierno español aprobó el sábado y por segunda vez en democracia el estado de alarma, atribuyéndose poderes excepcionales de manera temporal para combatir la propagación del coronavirus, entre ellos la limitación de la movilidad de la población y la posibilidad de intervenir empresas para afrontar la crisis sanitaria.

"Esta es una batalla que vamos a ganar, eso es lo importante", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa que se realizó por vía telemática para minimizar riesgos.

"Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener consecuencias (...). Tenemos (por delante) semanas muy difíciles, de esfuerzos y de sacrificios", reconoció Sánchez tras una reunión extraordinaria del consejo de ministros, apelando a la unidad de partidos, organismos y ciudadanía.

Ante la excepcional amenaza a la que se enfrenta el país, el Gobierno ordenó por real decreto que todos los españoles deben quedarse en casa excepto por los siguientes motivos: comprar comida o medicamentos, ir a centros sanitarios, ir al puesto de trabajo, regresar al lugar de residencia habitual, realizar cuidados de personas mayores o dependientes, desplazamientos a entidades financieras u otros motivos de fuerza mayor.

Asimismo, se acordó el cierre de todos los comercios que no respondan a cuestiones de primera necesidad y de las cafeterías y restaurantes.

Con todo, el Gobierno no logró acordar en la reunión del sábado un nuevo paquete de medidas económicas y sociales para mitigar el impacto de la lucha contra el coronavirus, según dijo a Reuters una fuente cercana a las negociaciones.

La fuente dijo que hubo discrepancias sobre cuáles deberían ser las nuevas medidas en la reunión de ministros de la coalición de izquierdas —integrada por el Partido Socialista y Unidas Podemos— en la reunión del sábado, que duró al menos siete horas. La fuente añadió que el Gobierno tratará de acordarlas el martes.

El transporte público se reducirá para reducir los flujos de población pero no se suspenderá, y el Ministerio del Interior controlará todas las fuerzas policiales, incluyendo las locales y regionales, como parte del estado de alarma, que se aplicará en principio durante 15 días.

En un discurso en el que apeló constantemente a la solidaridad, Sánchez dijo que la autoridad en todo el territorio será ahora el Gobierno de España, que podrá disponer de medios públicos y privados en sanidad, y que podrá intervenir empresas para garantizar los suministros alimentarios y energéticos.

Después de Italia, España es el país más afectado de Europa con 183 fallecidos y 5.753 casos de COVID-19 (lo que supone un aumento diario de unos 1.500), de los que más de la mitad están concentrados en Madrid.

El propio presidente del Gobierno dijo el viernes que es probable que España alcance los 10.000 afectados en los próximos días y que las próximas semanas serán duras para un país cuyas calles amanecieron el sábado mucho más vacías de lo habitual.

El estado de alarma, que solo se ha aplicado una vez antes en la democracia española —durante una huelga de controladores aéreos en 2010—, es el primero de los tres escalones de emergencia que contempla la Constitución española y permite medidas como el confinamiento de población, el racionamiento de productos básicos, requisas de bienes o instalaciones y cualquier medida necesaria para que los mercados estén bien abastecidos.

En un contexto de rápido incremento de los casos y con algunos focos descontrolados, Madrid instó a la población a quedarse en casa y Sevilla anunció la cancelación de las populares celebraciones de Semana Santa.

Las clases en todos los niveles de educación se habían suspendido ya en todo el país, y muchos cines, teatros y comercios habían cerrado ya ante la epidemia, que está paralizando la cuarta economía más grande de la zona euro y amenaza con devolverla a la recesión de la que comenzó a salir en 2013 tras un largo bache.

España adoptó pocas medidas para contener el coronavirus en un principio pero cambió de rumbo esta semana al dispararse el número de infecciones. La oposición ha criticado al Gobierno por permitir que se celebraran eventos como las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer.