Fin del registro de alquileres abre una guerra judicial contra el Estado en España

El nuevo revés judicial que el Gobierno recibió el jueves en materia de vivienda, en forma de anulación del registro único de alquiler de corta duración, abre un nuevo frente de batalla en los tribunales. La decisión del Supremo podría generar reclamaciones de los propietarios de pisos turísticos por valor de hasta US$193 millones, que debería asumir el Estado tras haber invadido competencias autonómicas, al imponer la obligatoriedad de obtener un número de referencia para poder anunciarse en las plataformas digitales, como Airbnb o Booking.

Así lo aseguran desde la patronal del alquiler de corta estancia, Fevitur, que cifra en US$38.380 el coste medio por propietario que ha supuesto el registro único de alquiler, debido a las revocaciones, los bloqueos y los problemas derivados del trámite que han tenido que efectuar desde mediados del año pasado para poder operar.

"No hablamos de una cuestión teórica ni de un simple matiz jurídico", afirmó Silvia Blasco, presidenta de la organización, "sino de miles de familias y empresas que, cumpliendo toda la normativa autonómica, han visto limitada o bloqueada su capacidad de operar por un modelo que el Supremo acaba de tumbar".

Cientos de miles de reclamaciones de propietarios contra el Estado

En opinión de Fevitur, el sistema impuesto por el Gobierno trasladó a los registradores de la propiedad "una función habilitante que iba mucho más allá de la mera identificación administrativa, permitiéndoles verificar cuestiones urbanísticas que condicionaban la validez del número", una cuestión que habría condicionado el permiso para operar de miles de propietarios cuyas viviendas estaban "legalmente inscritas en los registros autonómicos, tributando y sometidas a inspección". Según sus propios datos, hasta 64.000 pisos turísticos habrían quedado fuera del registro a pesar de cumplir con la normativa de su comunidad autónoma.

Los propietarios apuestan por reclamar patrimonialmente al Estado no sólo por las tasas abonadas a los registradores -cuyo impacto económico se estima en US$23 millones-, sino también por las pérdidas que el nuevo registro ha ocasionado en el sector. Una posibilidad que los juristas consultados por Expansión reconocen factible.

Teniendo en cuenta que más de 300.000 propietarios abonaron las tasas para obtener el número de registro obligatorio, y que alrededor de 50.000 habrían decidido sacar sus viviendas del mercado turístico tras la entrada en vigor del registro, el número de reclamaciones podría ascender a varios cientos de miles.

Fuentes del Colegio de Registradores afirman que los profesionales "recibieron un mandato que han cumplido con eficacia", por lo que no son ellos los responsables del varapalo judicial del Supremo. Por ello, "será el Estado que aprobó el registro ilegal quien deba hacerse cargo, si así se termina estableciendo, de las pérdidas patrimoniales ocasionadas a los propietarios", explicaron los juristas.

Cómo reclamar al Estado por las pérdidas

La fecha de la sentencia del Supremo que ha anulado el registro único estatal de alquileres de corta duración por invadir competencias autonómicas da el pistoletazo de salida al plazo de un año que los propietarios afectados tendrán para recurrir por la vía administrativa la responsabilidad patrimonial al Estado. Así, podrán hacerlo hasta el 21 de mayo de 2026, fecha a partir de la cual "si el Estado no acepta las indemnizaciones, podrán recurrir a la vía judicial", explicaron los juristas consultados por Expansión.

La Ley establece que, para poder reclamar, "el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas". Desde la patronal del sector cifran este impacto en una media de US$38.380 por propietario, si bien reconocen encontrarse "recopilando documentación y casos concretos de operadores afectados con el objetivo de cuantificar con precisión los perjuicios sufridos y valorar la interposición de reclamaciones patrimoniales frente al Estado por los daños causados por un sistema que el propio Tribunal Supremo ha considerado contrario al marco competencial".

Por el momento, la postura del Gobierno muestra cierta resistencia a devolver a los propietarios el dinero perdido por el registro estatal ilegal. Hoy mismo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, mostró su esperanza en que "las comunidades autónomas no estén pensando en otra cosa que en ver cómo cierran esos pisos, que hay que clausurarlos y sancionarlos, y después con los recursos del plan ponerlos a disposición de la gente con un alquiler asequible".