Fiscal de la Nación dijo que Martín Vizcarra influyó para que testigos mientan en caso Swing

Tras más de dos semanas de análisis, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, resolvió ayer que sí amerita abrir una investigación contra el presidente Martín Vizcarra por sus vínculos en la contratación de Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, con el Ministerio de Cultura.

Mediante un comunicado difundido en las redes sociales, la Fiscalía indicó que al ser jefe de Estado, Vizcarra tiene antejuicio y no puede ser acusado durante su mandato. Por esta razón, los actos indagatorios en su contra por esta investigación iniciarán el 29 de julio del 2021.

No obstante, ¿qué hechos le imputa la jefa de los fiscales al mandatario? De acuerdo a la resolución a la que accedió Gestión, Vizcarra será indagado durante ocho meses por los presuntos delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. A continuación los sustentos de Ávalos.

“Se le atribuye al presidente Martín Vizcarra haber ejercicio influencias sobre la ministra Patricia Balbuena, titular del Ministerio de Cultura (durante el año 2018), con el fin de conseguir la contratación irregular en dicha entidad, de Richard Cisneros”, reza el oficio.

La titular del Ministerio Público señala que “estas influencias habrían sido efectuadas a través de, o en coordinación con Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno. Contrataciones que, en efecto, se materializaron a través de las contrataciones directas mediante la orden de servicio N°03364-2018-S del 25 de julio de 2018 y la orden de servicio N° 5053-2018-S de 29 de octubre de 2018”.

Por dichos contratos, Cisneros percibió la suma total de S/42 mil. “El cantante no habría cumplido con la experiencia debida conforme al objeto contractual, los montos contractuales fueron presuntamente sobrevalorados, y además representaban servicios innecesarios”, expresa la magistrada.

¿Declaraciones coordinadas?
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos también le atribuye un segundo hecho a Vizcarra Cornejo. Según la resolución, el jefe de Estado habría influido en Mirian Morales y Karem Roca –quienes para entonces tenían la condición jurídica de testigos- a fin de que presten declaraciones testimoniales no ajustadas a la realidad de los hechos, respecto a las oportunidades en que Richard Cisneros, habría sido autorizado para ingresar a Palacio de Gobierno.

Esta tesis de investigación se desprende de los audios revelados en el pleno del Congreso, en los que se escucha al mandatario y sus trabajadoras coordinar una presunta estrategia en el caso Richard Swing.

“Acción ilícita que habría realizado el mandatario valiéndose de la posición de subordinación y de dependencia funcional que las testigos antes citadas tenían frente a él”, afirma Ávalos.

Balbuena en la mira
La exministra de Cultura Patricia Balbuena sí será investigada preliminarmente durante ocho meses por la Fiscalía de la Nación. En el documento al que accedió este diario, Ávalos decidió que la indagará por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, alternativamente de negociación incompatible.

“Se le atribuye a Patricia Balbuena, que luego de coordinar con Mirian Morales Córdova, secretaria general de Palacio para conseguir la contratación de Richard Cisneros habría intervenido en razón de su cargo –pues como funcionaria de más alto nivel en dicho ministerio detentaba la facultades para la toma de decisiones-, para que se ejecute la contratación de los servicios del proveedor Richard Cisneros. Para ello coordinó con el secretario general del referido ministerio, Jorge Apoloni, a fin de que se buscara la forma de encontrar un puesto de trabajo a favor del antes mencionado proveedor”, se lee en la resolución.

La magistrada prosigue en el escrito que la acción se habría materializado, al haberse creado una necesidad de servicio no justificada a favor del Swing, direccionando el perfil de su CV al objeto de la contratación.

“Como en consecuencia, Cisneros habría logrado ser irregularmente favorecido con dos ordenes de servicio valorizadas en S/42 mil”, agrega.

En otra página de la resolución, la jefa del Ministerio Público hace hincapié en la cercanía que tiene Balbuena con el Poder Ejecutivo. Narra el desempeño que ha tenido la investigada en distintos altos cargos de confianza del Gobierno, luego que dimitió al Ministerio de Cultura.

"Cabe señalar que la citada exministra, al culminar su mandato (por renuncia al cargo) con fecha 18 de diciembre de 2018, continuó laborando para el Estado, al haber sido designada en el año 2019 como consultora de la secretaria general del despacho presidencial. Posteriormente asumió la jefatura de la oficina de cumplimiento de gobierno e innovación social de la PCM hasta el 4 de octubre de 2019. En esta misma fecha fue, inmediatamente, nombrada como viceministra de Prestaciones Sociales del Midis y con fecha de 18 de agosto de 2020, se volvió aceptar la renuncia que formulo a dicho cargo, luego de que los cuestionamientos que surgieron a raíz de la investigación de los hechos que son objeto de análisis en la presente disposición.

Estos sucesivos nombramientos evidenciarían que dicha exministra habría tenido la expectativa de seguir ejerciendo funciones en el Poder Ejecutivo; lo que en efecto ocurrió con la continuidad de sus designaciones en cargos de dirección y confianza, incluso prestando servicios a oficinas ubicadas en el interior de Palacio de Gobierno", señala Zoraida Ávalos.