Fiscal de Perú archiva denuncia de genocidio contra Boluarte; continúan los casos

La fiscalía de Perú dijo el martes que archivó el presunto delito de genocidio contra la presidenta Dina Boluarte y que la mandataria enfrentará en el Congreso una denuncia constitucional por casos de "homicidio" y "lesiones graves", tras las protestas que dejaron decenas de muertos al inicio de su gobierno.

El caso se inició luego de las protestas antigubernamentales por la destitución y arresto a fines del 2022 del expresidente Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso. En un mensaje en la red social X, el primer ministro Gustavo Adrianzén afirmó que la denuncia por genocidio "fue siempre un despropósito", aunque no mencionó las otras.

La fiscalía dijo en un comunicado que los casos de 44 homicidios y 116 heridos en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad forman parte de una denuncia constitucional que ha presentado al Congreso contra Boluarte y otros funcionarios que estaban en el poder durante las protestas.

La fiscalía detalló que 41 personas murieron por proyectil de armas de fuego y tres por golpes con objeto contundente; mientras que los heridos sufrieron lesiones graves y leves. Asimismo, el Ministerio Público señaló que investiga a unas 824 personas por delitos de entorpecimiento y atentados a los servicios públicos y medios de transporte público, disturbios, daños a la propiedad pública y privada "en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos".

El abogado de la mandataria, Joseph Campos, afirmó a la radioemisora local RPP que espera que el Congreso archive también la denuncia por homicidio y lesiones, porque Boluarte tomó una decisión política frente a las violentas protestas.

Boluarte ha negado las acusaciones de la fiscalía y afirma que en las protestas las Fuerzas Armadas actuaron de forma proporcional frente a manifestantes violentos que quemaron instalaciones de instituciones públicas y privadas.

La mandataria enfrenta además otra denuncia en el Congreso presentada en mayo por la fiscalía, por el presunto delito de "cohecho" y enriquecimiento ilícito vinculado a un escándalo político por el uso indebido de relojes de lujo Rolex. Boluarte, que fue la vicepresidenta de Castillo, tiene un respaldo de sólo 5% de los peruanos, según varias encuestas, el apoyo más bajo entre los mandatarios de América Latina.