Fiscalía de Bolivia ordena la captura de Evo Morales por bloqueos de carreteras

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por su presunta participación en los bloqueos de carreteras que durante 53 días afectaron el transporte, el comercio y la movilidad en distintas regiones del país. La decisión representa un nuevo capítulo en los procesos judiciales que enfrenta el exmandatario, en medio de la crisis política y económica que atraviesa Bolivia.

La orden fue expedida por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, del departamento de Santa Cruz. Según la investigación, Morales es señalado por presuntos delitos como levantamiento armado, terrorismo, daños a la infraestructura de transporte, instigación pública a delinquir, asociación delictiva y afectación a los servicios públicos. Las autoridades consideran que habría tenido un papel relevante en las protestas que mantuvieron bloqueadas varias de las principales carreteras del país.

Las investigaciones se centran en las manifestaciones registradas entre mayo y junio, que tuvieron un fuerte impacto en Santa Cruz, uno de los principales motores económicos de Bolivia. Durante ese periodo, los bloqueos dificultaron el transporte de alimentos, combustibles y mercancías, además de afectar las actividades productivas y el abastecimiento en varias ciudades.

Esta no es la única investigación que enfrenta Morales. El expresidente ya tiene otra orden de aprehensión por un proceso relacionado con presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual de una menor de edad, hechos que habrían ocurrido durante su mandato entre 2006 y 2019. Sin embargo, esa medida aún no ha podido ejecutarse debido a que permanece en la región del Chapare, donde cuenta con el respaldo y la protección de sus seguidores.

Las protestas comenzaron en medio del descontento por la situación económica y de las exigencias para que el presidente Rodrigo Paz dejara el cargo. Ante la prolongación de los bloqueos, el Gobierno declaró el estado de emergencia el 20 de junio por un periodo de tres meses, con el objetivo de recuperar el control de las vías y restablecer el orden público.

Aunque Morales expresó su respaldo a las movilizaciones promovidas por organizaciones sindicales y sectores afines, ha rechazado las acusaciones en su contra. El exmandatario sostiene que nunca promovió acciones ilegales y asegura que el proceso judicial hace parte de una persecución política impulsada por el Gobierno.

Tras conocerse la nueva orden de aprehensión, Morales publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la decisión de la Fiscalía. Afirmó que las autoridades buscan desviar la atención de la crisis económica y social que enfrenta Bolivia y responsabilizarlo de una situación que, según él, es consecuencia de las políticas del actual Gobierno.

La orden fue emitida después de que el Ministerio del Interior y el Comité Cívico de Santa Cruz presentaran denuncias contra el exmandatario por su presunta responsabilidad en los bloqueos. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades también han capturado en las últimas semanas a varios dirigentes señalados de participar en la organización de las protestas.