Gobierno británico intenta limitar impacto por quiebra de la constructora Carillion

Carillion quebró el lunes luego de que sus prestamistas perdieron la fe en la empresa británica de construcción y servicios, lo que obligó al gobierno a dar pasos para garantizar importantes contratos de obras públicas.

En uno de los mayores fracasos corporativos británicos en los últimos años, Carillion entró en una liquidación judicial después de que unos costosos retrasos en los contratos y una caída en los nuevos negocios dejó a la empresa inundada de deudas y compromisos por pensiones de alrededor de 1.500 millones de libras (US$2.100 millones).

La desaparición de esta empresa de 200 años plantea un dolor de cabeza para el gobierno de Theresa May, que había entregado a Carillion 450 proyectos que incluyen la construcción y el mantenimiento de hospitales, cárceles, sitios de defensa y una línea ferroviaria de alta velocidad.

La prioridad del gobierno es garantizar que los servicios públicos no se vean afectados, dijo David Lidington, el ministro a cargo de la Oficina del Gabinete que supervisa la gestión del gobierno.

Algunos contratos manejados por Carillion irán a proveedores alternativos, agregó Lidington, que instó al personal de la compañía a seguir trabajando y dijo que el gobierno pagará sus salarios.

Aunque el gobierno ha prometido apoyar a los trabajadores y asegurar que se cumplan los contratos, no rescatará a la compañía como lo hizo con los principales bancos durante la crisis financiera hace casi una década.

Carillion debía alrededor de 900 millones de libras a bancos, entre ellos los cinco más grandes del país: RBS, Santander UK, Lloyds, HSBC y Barclays, y tiene un déficit por pensiones de 580 millones libras.

"En los últimos días no hemos podido asegurar los fondos para apoyar nuestro plan de negocios y, por lo tanto, con el más profundo pesar lamentamos haber llegado a esta decisión", dijo el presidente de la firma, Philip Green.