Gobierno chileno reordena plan penitenciario no priorizará cárcel de máxima seguridad

Este 1 de junio el Presidente José Antonio Kast encabezará su primera Cuenta Pública, con altas expectativas respecto de los anuncios, especialmente en materias vinculadas a seguridad, eje central de su programa.

Entre esto, destaca el plan de infraestructura penitenciaria que ha desarrollado la administración. La propuesta busca enfrentar la creciente sobrepoblación penal y fortalecer la capacidad del sistema carcelario.

No obstante, las ambiciones de ese plan han cambiado y, según confirmó DF, el gobierno aún se encuentra afinando las últimas definiciones de una estrategia que ha experimentado cambios profundos desde el inicio del mandato.

Lo que ya está definido es que este programa se sustentará en el “Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria” elaborado por la administración de Gabriel Boric, iniciativa con la que se busca sumar cerca de 20 mil nuevas plazas al sistema carcelario. “(Esto) responde a la necesidad inmediata y urgente que existe hoy en esta materia, por esa razón se da continuidad a la política pública de administraciones anteriores”; explicó a DF el Ministerio de Justicia.

Y otro aspecto definido es que la estrategia que prepara el gobierno no priorizará la construcción de una cárcel de máxima seguridad, una de las principales promesas en materia penitenciaria que habían impulsado tanto el Presidente José Antonio Kast como el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

Frente a esta materia, la cartera de Justicia recalcó que “no se descarta en el futuro la construcción de establecimientos de máxima seguridad adecuados a la realidad de nuestro país. Sin embargo, actualmente existen alternativas que cumplen el mismo objetivo como la construcción de módulos dentro de los mismos recintos penitenciarios que son más efectivos”.

Las modificaciones

El diseño actual se remonta a cuando Kast ganó la segunda vuelta e incorporó a su equipo a profesionales de distintos sectores políticos con experiencia en la materia.

Uno de ellos fue el ingeniero civil, Mauricio Márquez, quien hasta entonces colaboraba con Evelyn Matthei y que, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), participó en el desarrollo del segundo programa de concesiones hospitalarias, que contempló 18 recintos de salud. La idea era replicar una lógica similar en materia penitenciaria.

Por esa razón, la primera instrucción presidencial fue que el MOP tuviera protagonismo en el diseño del programa, pese a que Justicia es el mandante natural de los recintos penitenciarios. Según explican fuentes de ambas carteras, la decisión respondió a la intención del gobierno de aprovechar la experiencia del equipo del ministerio en el desarrollo de infraestructura concesionada y poder diferenciarse de la administración anterior.

Ese diagnóstico fue reiterado en diversas ocasiones por el propio mandatario. En abril de 2025, en una entrevista con Radio Bío Bío, Kast emplazó al entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a quien calificó de “ignorante” por descartar la implementación de un sistema carcelario similar al impulsado por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En esa ocasión dijo: “Necesitamos más cárceles, grandes, aisladas y controladas, sin ningún tipo de beneficios para estos criminales. Necesitamos más Bukele y menos Boric”.

Bajo esa lógica, en la campaña se estructuró el “Plan Cancerbero”, que proponía la construcción de “cárceles de máxima seguridad para criminales de alta peligrosidad y extranjeros”, además de elevar la capacidad hasta 100 mil plazas durante el período presidencial.

Con ese objetivo, Márquez asumió el liderazgo técnico y comenzó a desarrollar una propuesta basada en cárceles industrializadas, para acortar significativamente los plazos de construcción. En paralelo, el entonces ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, aludió en distintas ocasiones a la elaboración de un “plan potente vía concesiones”.

El proyecto dio un giro en las últimas semanas. Fuentes vinculadas al proceso aseguran que el MOP decidió remover a Márquez de sus funciones, tras considerar su propuesta excesivamente ambiciosa y de difícil implementación. El liderazgo, entonces, se concentró por completo en el Ministerio de Justicia, nuevamente. La coordinación técnica quedó en manos de la coordinadora ministerial de Planificación, Presupuesto e Infraestructura de la cartera, Loreto González, quien esta semana visitó Argentina para conocer experiencias relacionadas con recintos de alta seguridad y sistemas de construcción industrializada.

Consultado por DF, el Ministerio de Obras Públicas declinó referirse al tema.

El plan

La estrategia de la cartera liderada por Fernando Rabat contempla dos etapas. Primero, llamar a licitación de una serie de recintos penitenciarios durante este año, para incorporar cerca de siete mil nuevas plazas al sistema carcelario, mediante inversiones por alrededor de US$1.300 millones.

Entre los proyectos contemplados figuran el Nuevo Recinto Penitenciario de Calama, la ampliación de Santiago 1 y las relicitaciones de los complejos Alto Hospicio-La Serena, Puerto Montt-Valdivia y Rancagua. A ellos se suma la nueva cárcel de Calama, cuyo proceso licitatorio ya fue iniciado.

Paralelamente, el Ejecutivo continuará impulsando una serie de iniciativas heredadas de la administración anterior, entre ellas la recuperación de recintos como los de La Unión y Antofagasta, además de los nuevos establecimientos de Copiapó y Talca. Con estos proyectos, la expectativa es que cerca de 12 mil nuevas plazas entren en operación hacia 2030.

La segunda etapa contempla un paquete adicional de iniciativas que, según explicó el Ministerio de Justicia a DF, aún se encuentran sujetas a evaluaciones de factibilidad técnica. De concretarse, permitirían sumar otras 10 mil plazas al sistema penitenciario.

Estos proyectos, hasta ahora, se extraerían de un “banco de iniciativas” delineado por la administración anterior, cartera de posibles desarrollos para expansiones de infraestructura penitenciaria. En total, el programa considera proyectos por unas 15 mil plazas.

Entre las opciones que hoy se encuentran en evaluación destacan Alto Hospicio Fase II; ampliación de Antofagasta Fase II; el nuevo Centro Penitenciario de La Araucanía; Coyhaique; Santiago II; Santiago Sur Fase II; la ampliación de Colina I; el nuevo recinto de Ñuble; ampliación Talca-La Laguna; el nuevo penal de Los Ángeles; Rancagua Fase II; y Valparaíso II.

Desarrollar una propuesta basada en cárceles industrializadas, sistema que prometía reducir significativamente los tiempos de construcción.