Gobierno de Lula estudia impuesto digital y otras medidas frente a aranceles de EE.UU.

El gobierno de Brasil está estudiando posibles respuestas a nuevas sanciones del presidente estadounidense Donald Trump, informaron medios locales, aunque el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, negó que el país esté considerando límites a los pagos de dividendos de empresas estadounidenses con operaciones locales.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensifica sus deliberaciones sobre posibles medidas tras el anuncio del gobierno estadounidense de revocar las visas de algunos jueces de la Corte Suprema de Brasil. La medida se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes enviara a la policía a allanar la casa del expresidente Jair Bolsonaro antes de su juicio por intento de golpe de Estado para aferrarse al poder.

El gobierno pretende continuar las negociaciones diplomáticas con la administración Trump, afirmó O Estado de S. Paulo, añadiendo que cualquier medida de represalia podría adoptarse después del 2 de agosto. El gobierno estadounidense anunció un arancel del 50% sobre Brasil que entrará en vigor el 1 de agosto, algo que Trump ha vinculado a los cargos contra Bolsonaro.

El gobierno está estudiando un impuesto sobre los servicios digitales ofrecidos por las grandes empresas tecnológicas, con diferentes tasas según sus ingresos, informó O Globo, indicando que la medida está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda. También se está considerando eliminar la concesión de licencias de patentes de medicamentos estadounidenses, según O Estado de S. Paulo.

Anteriormente, Estado informó que el gobierno está considerando limitar el pago de dividendos a empresas con sede en EE.UU. y operaciones en Brasil. Sin embargo, Haddad afirmó en una publicación en X que no se está considerando la adopción de controles más estrictos sobre los dividendos como represalia a los aranceles estadounidenses.

Lula dijo el sábado que está seguro de que “ningún tipo de intimidación o amenaza de nadie” comprometerá las instituciones del país en su misión de defender el Estado de derecho.

“La interferencia de un país en el poder judicial de otro es inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones”, según un comunicado publicado por el presidente brasileño ofreciendo apoyo a los magistrados de la Corte Suprema.