Gobierno de Perú aprueba apoyo financiero por US$1.750 millones para Petroperú

El gobierno de Perú aprobó dos operaciones que suman unos US$1.750 millones para Petroperú, según un decreto publicado el sábado en el diario oficial, que establece medidas extraordinarias que permitan superar la coyuntura financiera de la estatal petrolera.

Perúdecretó un apoyo financiero de capitalización por US$750 millones y una operación de endeudamiento de corto plazo por US$1.000 millones para Petroperú, el principal proveedor de combustibles del país andino.

El decreto, firmado por la presidenta peruana, Dina Boluarte, ordena a Petroperú a reducir sus gastos 10% en lo que queda de 2024 y en 30% los costos para el 2025.

También pide a la estatal a vender o gestionar sus bienes, excepto los activos críticos para su operación y contratar los servicios de una firma especializada que se encargue de diseñar y gestionar un proceso de transformación integral para la "sostenibilidad de la empresa".

El gobierno autorizó al ministerio de Economía para que asuma los pagos de vencimientos que ocurran en la segunda mitad del 2024 por la emisión de bonos y préstamos que Petroperú hizo para modernizar su refinería Talara y los vencimientos por préstamos del estatal banco de la nación.

El directorio de la petrolera anunció el martes su renuncia, en medio de la profunda crisis que enfrenta la empresa en medio de abultadas deudas.

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, dijo a principios de este mes que eran necesarias "medidas drásticas", citando un problema de gobernanza y respaldando los pedidos de la empresa de una gestión privada como parte de un plan de reestructuración.

Petroperú perdió en el 2022 su grado de inversión de las agencias calificadoras debido a una crisis tras una inversión de US$6.500 millones para modernizar su refinería Talara.

Desde la década de 1990 Petroperú solo se dedicaba a la refinación y comercialización de combustibles después de su privatización. Ahora ha comenzado a producir crudo en tres lotes que estaban siendo explotados por privados y volvieron a manos del Estado después que los contratos expiraron en el 2023.