Gobierno pagará bonos de deuda reestructurada

El pago total será por cerca de US$163 millones (según una fuente de un banco oficial que tiene conocimiento de la operación), de los cuales US$3,7 millones  serán procesados por la Caja de Valores, que reemplazará a Citibank Argentina tras la suspensión impuesta el viernes por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“El pago se procesa normalmente como todos los anteriores”, dijo a Reuters una portavoz del Ministerio de Economía.

El país acusó hace un par de semanas a la entidad financiera Citigroup de violar leyes locales al sellar un acuerdo con acreedores que demandan al país en Estados Unidos por sus tenencias de deuda impaga tras una millonaria cesación de pagos en 2002.

El acuerdo alcanzado entre Citibank y los “holdouts”, avalado por el juez Thomas Griesa de Nueva York que interviene en la disputa legal, sólo permite el procesamiento por parte de Citibank pero no del resto de los eslabones de la cadena de pagos, por lo que, según Argentina, no asegura a los bonistas que reciban el vencimiento.

La Caja de Valores de Argentina informó el martes que tras la suspensión dispuesta a Citibank en el mercado de capitales los pagos a bonistas serán acreditados en las subcuentas comitentes de cada uno de los tenedores.

La entidad aclaró que se “incluye el pago correspondiente al 31 de marzo de 2015 del bono Par en dólares y pesos, de la República Argentina, cumpliéndose de esta manera con el cronograma de pagos de los mencionados bonos”.

¿Cómo empezó la disputa con los holdouts?

La disputa con algunos tenedores de bonos, que lleva años, comenzó a pesar de que el Gobierno argentino abrió canjes de deuda en 2005 y 2010, que implicaban una fuerte quita y fueron aceptados por el 93% de los acreedores. Los fondos conocidos como “holdouts” o “buitres” no aceptaron la reestructuración y recurrieron a la justicia de Estados Unidos para buscar la cancelación del total de la deuda. 

Argentina, la tercera economía más grande de América Latina, cayó a mediados del año pasado en una nueva cesación de pagos tras la negativa del país de pagar a los demandantes unos US$1.600 millones  ordenados por Griesa. El magistrado declaró al país en desacato y le prohibió realizar algunos pagos de deuda reestructurada hasta tanto Argentina acate su sentencia.