Inestable coalición alemana se encamina hacia un presupuesto de US$82.000 millones

El gobierno alemán se está preparando para un fallo judicial crucial que podría quitar hasta 75.000 millones de euros (US$82.000 millones) de ingresos fiscales de las arcas públicas y potencialmente poner en peligro a la golpeada coalición a solo un año de las elecciones programadas.

El Tribunal Constitucional Federal escuchará este mes los argumentos sobre la legalidad del llamado recargo de solidaridad introducido para hacer frente a la carga de la reunificación alemana. En juego están aproximadamente 66.000 millones de euros (US$71.600 millones) recaudados desde 2020, más otros 9.000 millones de euros (US$9.700 millones) en intereses, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

Si el tribunal falla en contra del gobierno, sería un golpe devastador para el canciller Olaf Scholz.

La coalición tripartita ya está luchando con una economía que se contraerá por segundo año consecutivo, mientras industrias como la automotriz y la química luchan con transformaciones disruptivas, y Scholz no ha podido encontrar puntos en común con su vicecanciller, Robert Habeck de los Verdes, y el ministro de Finanzas liberal, Christian Lindner.

El gobierno ya está envuelto en una amarga lucha por el presupuesto del próximo año, con Lindner exigiendo recortes de gasto para cubrir un déficit de unos 8.000 millones de euros (US$8.600 millones) y un fallo adverso podría hacer que sus diferencias sean insalvables.

El asunto expone las contradicciones fundamentales en el corazón de la administración: surge de un caso presentado por el adjunto de Lindner, Florian Toncar, antes de que los Demócratas Libres entraran al gobierno en 2021 después de la sorpresiva victoria electoral de Scholz.

Si bien la eliminación del recargo sería el peor escenario posible para el gobierno, a Lindner y a los Demócratas Libres les vendría muy bien, según un alto funcionario del partido. Cumpliría un objetivo político de larga data y podría ofrecer un impulso a la economía, dijeron.

Al mismo tiempo, un resultado de ese tipo probablemente obligaría al gobierno a levantar los límites constitucionales de endeudamiento, y Lindner, un autoproclamado halcón fiscal, ha hecho de la protección del freno de la deuda una de sus principales prioridades.

Si los jueces optan por una estrategia más mesurada, podrían permitir que el gobierno federal conserve el dinero que ya ha recaudado, pero bloquear su uso en el futuro. Incluso en ese caso, Lindner y sus colegas tendrían que encontrar 13.000 millones de euros (US$14.100 millones) adicionales para 2025.

“Si el gobierno federal pierde, me resulta difícil imaginar que el tribunal ordene la devolución de la totalidad del importe”, afirma Henning Tappe, profesor de Derecho en la Universidad de Trier, que considera que el impuesto es legal. “Es más probable que el recargo se anule sólo para el futuro. Pero con una cantidad en juego de unos 13.000 millones de euros al año (US$14.100 millones), esto también sería un problema grave”.

El recargo también forma parte del plan de financiación a medio plazo del gobierno, por lo que también sería necesario reestructurarlo, con 55.000 millones de euros (US$59.700 millones) menos de ingresos en los cuatro años hasta 2028.

El Tribunal Constitucional ha fijado una audiencia para el 12 de noviembre y la sentencia podría tardar varios meses. Las próximas elecciones federales están previstas para el 28 de septiembre del año próximo.

Un portavoz del Ministerio de Finanzas dijo que el gobierno todavía asume que el impuesto es constitucional.

Altos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que no esperan el resultado más duro ya que los jueces considerarán que tal decisión crearía inestabilidad y que sería irresponsable obligar al gobierno a reembolsar una cantidad tan grande.

Pero hace un año decían cosas parecidas, justo antes de que el mismo tribunal declarara inconstitucional un fondo climático de 60.000 millones de euros (US$71.600 millones). Esa decisión sumió al gobierno en una crisis de la que nunca se ha recuperado del todo.

Después de semanas de negociaciones, Scholz, Lindner y Habeck acordaron recortes para compensar el déficit inesperado, pero el compromiso provocó protestas a nivel nacional, dañó el apoyo a la coalición y dañó permanentemente la relación entre sus actores clave.

El recargo de solidaridad se introdujo en los años 90 tras la reunificación, pero las críticas contra el impuesto han aumentado con el paso de los años. Los críticos sostienen que, décadas después, el antiguo bloque comunista del este del país ya no necesita disposiciones tan especiales.

Hasta 2020, casi todos los contribuyentes tenían que pagar un impuesto adicional sobre la renta. A partir de 2021, el gobierno aumentó el umbral para el impuesto adicional de 5,5%, de modo que 90% de los contribuyentes estaban exentos, dejando solo a las personas con mayores ingresos y a las empresas para que pagaran.

Muchos contribuyentes han presentado demandas individuales contra el impuesto, pero hasta ahora ninguna ha prosperado.

En un fallo de principios de 2023, el máximo tribunal fiscal de Alemania confirmó el impuesto, argumentando que sigue siendo necesario porque se necesita una generación para abordar una disrupción histórica como la unificación. Ese fallo pareció indicar que, en algún momento, esa fase terminará.

En un análisis jurídico solicitado por el Tribunal Constitucional, el Colegio de Abogados de Alemania escribió que la fase ya ha pasado y que el recargo debe eliminarse. También dijeron que viola el principio de igualdad, ya que ahora solo 10% de los contribuyentes están cubiertos.

En los últimos meses, Lindner ha instado repetidamente a sus socios de coalición a abolir el controvertido impuesto de forma gradual, en lugar de esperar a que los jueces lo resuelvan. Además, de forma intencionada, no envió a un representante para defender el recargo en la audiencia del tribunal fiscal superior del año pasado. El viernes se hizo público un documento de políticas de Lindner en el que pide que el impuesto de solidaridad se reduzca el próximo año y se abole en 2027.