Hacienda

Inseguridad y corrupción siguen acabando la confianza en gobiernos de América Latina

Gráfico LR

Los problemas económicos también aparece en las principales preocupaciones de la región, según la encuesta Global de Confianza de la Ocde

Alejandra Rico Muñoz

Un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, reveló que los ciudadanos de América Latina y el Caribe son más optimistas que el promedio de los países miembros sobre la capacidad de sus gobiernos para enfrentar desafíos globales complejos, aunque los niveles generales de confianza institucional siguen siendo bajos.

El estudio, titulado Resultados de la encuesta de la Ocde sobre los factores determinantes de la confianza en las instituciones públicas en América Latina y el Caribe 2025, es la primera encuesta regional del Proyecto Global de Confianza de la Ocde. En su primera edición cubre 10 países de la región y evalúa la percepción de los ciudadanos frente a temas como la fiabilidad de los gobiernos, su capacidad de respuesta, integridad, equidad y apertura.

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Un factor que está muy ligado a la confianza de las personas en los Gobiernos es la percepción en cuanto a los problemas estructurales que aqueja a cada país. De hecho, en este estudio la Ocde demostró que la delincuencia y la inseguridad física se consolidan como las principales preocupaciones para la mayoría de los ciudadanos en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el nuevo informe, seis de cada 10 personas (60%) identifican el crimen o la violencia como uno de los tres principales problemas de sus países, una proporción que duplica el promedio de los miembros de la organización (30%).

Las cifras muestran una amplia variación dentro de la región: en Paraguay, 45% de los encuestados dice estar muy preocupado por la inseguridad, mientras que en Perú el nivel llega a 75%. En total, casi nueve de cada 10 latinoamericanos aseguran sentirse siempre, con frecuencia o al menos ocasionalmente preocupados por ser víctimas de delitos violentos, y 14% afirma que alguien en su hogar sufrió un crimen en el último año.

Estas percepciones se dan en un contexto donde la región enfrenta un repunte del crimen organizado y de las tasas de homicidios. Según la ONU, América Latina y el Caribe registran las cifras de homicidios más altas del mundo, con la mitad de los casos vinculados a redes criminales, frente a uno de cada cuatro a nivel global. Además, estas organizaciones se han expandido hacia nuevas actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de migrantes, mientras la producción de drogas vuelve a crecer.

La corrupción aparece como la segunda gran preocupación de la región. Aunque algunos sondeos muestran mejoras en su percepción, 49% de los encuestados la ubica entre los tres principales problemas de sus países, y uno de cada 10 (11%) reporta que alguien en su hogar fue presionado para pagar un soborno en los últimos 12 meses. En países como Perú la cifra llega a 64%, mientras que en Chile baja a 32%, pero en todos los casos la preocupación supera el promedio de la Ocde (20%).

Los problemas económicos también ocupan un lugar central entre las inquietudes ciudadanas, impulsados por la inflación, la incertidumbre global y el estrecho margen fiscal que enfrentan los gobiernos.

En promedio, 39% de los latinoamericanos señala el desempleo como una de las tres principales preocupaciones, seguido por la inflación (36%) y la pobreza y desigualdad (31%).El impacto económico se refleja en la vida cotidiana: 82% de los ciudadanos de la región dice estar preocupado por la situación financiera de su hogar, frente a 71% en el conjunto de la Ocde. Además, cuatro de cada 10 personas reportaron la pérdida de empleo de algún miembro de su familia durante el último año, una muestra del impacto persistente de la desaceleración económica sobre el bienestar de los hogares.

LOS CONTRASTES

  • Mathias Cormann Secretario general de la Ocde

    “Las percepciones sobre cómo los gobiernos de América Latina equilibran los intereses de las generaciones presentes y futuras, son clave de confianza institucional”.

  • Theodore KahnDir. del equipo de Análisis de riesgos globales de Control Risks

    “La preocupación refleja un incremento generalizado en la presencia del crimen organizado en la región, que realmente es un fenómeno de la última década”.

La confianza en los gobiernos

Según el informe, en promedio solo 35% de los latinoamericanos expresa un nivel alto o moderado de confianza en su gobierno nacional, mientras que 48% asegura tener poca o ninguna confianza. Sin embargo, las percepciones varían ampliamente entre países e instituciones. Las fuerzas armadas, la policía y los medios de comunicación son las entidades que más confianza generan, por encima del poder judicial, la administración pública, los congresos y los partidos políticos.

La encuesta también encontró brechas significativas entre grupos sociales. Las mujeres, los jóvenes y quienes enfrentan dificultades económicas, de seguridad o discriminación tienden a confiar menos en las instituciones públicas. Además, las percepciones sobre la capacidad de influir en las decisiones políticas y el nivel de polarización partidista tienen más peso en la confianza ciudadana que factores socioeconómicos o demográficos.

Solo una de cada cuatro personas (25%) siente que tiene voz en las decisiones del gobierno, y apenas 36% cree que los legisladores hacen un control efectivo de los ejecutivos nacionales. “El estudio muestra que los gobiernos de América Latina y el Caribe pueden fortalecer la confianza pública si garantizan servicios de alta calidad y progresan en la resolución de retos complejos”, afirmó el secretario general de la Ocde, Mathias Cormann.

“Las percepciones sobre cómo los gobiernos equilibran los intereses de las generaciones presentes y futuras, y cómo utilizan evidencia para tomar decisiones, son clave para la confianza institucional”, añadió.

El reporte sugiere que los gobiernos de la región pueden cerrar las brechas de confianza mejorando la calidad, equidad y rapidez de los servicios públicos, fortaleciendo su preparación ante emergencias y apostando por políticas basadas en evidencia, comunicación transparente y rendición de cuentas.

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