Javier Milei sufre un revés legal en el caso YPF de Burford por US$16.000 millones

Argentina debe renunciar a su participación controladora en la emblemática empresa energética YPF dentro de dos semanas después de que un juez de Nueva York se pusiera del lado de los litigantes en una sentencia de US$16.000 millones, lo que supone un revés para el impulso económico del presidente Javier Milei antes de las cruciales elecciones de mitad de período.

La jueza Loretta Preska dio al gobierno de Milei 14 días para entregar 51% de las acciones de la compañía a una cuenta de custodia global, desde donde se transferirán a los demandantes: antiguos accionistas que demandaron a Argentina por la nacionalización de YPF en 2012. El Ministerio de Economía de Argentina y el portavoz de Milei no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el caso.

Los bonos soberanos de Argentina y las acciones de YPF cayeron tras el fallo del lunes, mientras que el tipo de cambio paralelo del país se debilitó. Las acciones de Burford Capital, que lidera el litigio, se dispararon más de 20% en la bolsa de Nueva York antes de reducir sus ganancias.

La orden de Preska, que Argentina puede apelar, supone un duro golpe para Milei, quien heredó el caso al asumir el cargo hace unos 18 meses con la misión de sanear definitivamente la economía argentina. La demanda sigue pesando sobre el país mientras lucha por acumular reservas de divisas —y no por fugar aún más dólares—, incluso después de haber apelado la sentencia. Esto se debe a que Preska dio a los litigantes el derecho a intentar obtener el dinero mientras se resuelve la apelación.

Milei ha intentado, en gran medida, ignorar el caso. Si bien ha afirmado que Argentina estaría dispuesta a pagar si tuviera el dinero, los abogados del país han seguido luchando con uñas y dientes. Entre bastidores, hasta marzo, Milei y sus principales asesores ni siquiera habían respondido a los negociadores de Burford para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial.

La orden de Preska del lunes puede obligar a Argentina a sentarse a la mesa, especialmente si la transferencia de las acciones interfiere con los planes de YPF con sus socios para avanzar en los planes de exportación de petróleo y gas desde el floreciente yacimiento de esquisto conocido como Vaca Muerta, según Walter Stoeppelwerth, director de inversiones de Grit Capital Group, la correduría con sede en Buenos Aires.

“Con las acciones en el limbo, estos procesos podrían retrasarse significativamente”, dijo. “Esto debería llevar al equipo económico a acelerar el proceso de negociación para llegar a un acuerdo financiero”.

El gobierno federal argentino posee 26% de YPF y custodia 25% de las participaciones de los gobiernos provinciales. La participación que se le ha ordenado al gobierno entregar asciende a unos US$6.000 millones.

El caso se deriva de la toma de YPF por parte del gobierno argentino en 2012. Preska dictaminó en 2023 que la nacionalización violó los estatutos de YPF que requerían que la compañía hiciera una oferta pública de adquisición a todos los accionistas y ordenó al gobierno pagar 16 mil millones de dólares en compensación e intereses.

Ese fallo está en apelación, pero Argentina no depositó la garantía durante la apelación. Esto llevó a Preska a dictaminar que la sentencia —la mayor jamás dictada por el tribunal federal de Manhattan— estaba sujeta a cobro inmediato, antes de que se decidiera la apelación.

El juez rechazó el argumento de Argentina de que el principio de cortesía internacional —respeto por las leyes y los actos oficiales de otro país— requería que ella aceptara ante Argentina la entrega solicitada.

“Si bien la República exige que este tribunal mantenga la cortesía, al mismo tiempo se niega a hacer cualquier esfuerzo para honrar la sentencia no suspendida del tribunal”, dijo Preska.

El caso es Petersen Energia Inversora SAU v. República Argentina, 15-cv-02739, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).