EE.UU.

Juez bloquea plan de Trump para Oregon mientras guardias se desplazan a Illinois

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La jueza de distrito estadounidense Karin Immergut dijo que el despliegue de la Guardia Nacional en Portland no parecía estar justificado debido a la naturaleza limitada de las protestas

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Un juez federal impidió temporalmente que el presidente Donald Trump enviara fuerzas militares a Portland, Oregón, para sofocar las protestas contra su ofensiva inmigratoria, incluso cuando se ordenó el envío de 300 tropas de la Guardia Nacional a Illinois a pesar de la objeción de los funcionarios estatales.

La jueza de distrito estadounidense Karin Immergut, designada por Trump, dijo en una orden el sábado que el despliegue de la Guardia Nacional en Portland no parecía estar justificado debido a la naturaleza limitada de las protestas y la capacidad de las fuerzas del orden locales para manejar la situación.

“La decisión del presidente simplemente no se ajustó a los hechos”, escribió la jueza. Añadió que la orden de restricción temporal tendrá una vigencia de 14 días, bloqueando la federalización de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón en Portland.

La administración Trump ha apelado el fallo del juez, según un expediente judicial.

Por otra parte, el sábado, Trump autorizó el despliegue en Illinois a pesar de las objeciones del gobernador demócrata JB Pritzker, quien calificó la medida de "antiamericana".

Los casos son los últimos de una serie de disputas por el uso de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump para sofocar las protestas contra las políticas de su administración, y para combatir el crimen y ayudar a los funcionarios federales a hacer cumplir las leyes de inmigración en ciudades gobernadas por los demócratas.

Las tropas de la Guardia Nacional estatal están bajo el control de gobernadores individuales, pero la administración ha argumentado que el presidente tiene la autoridad de federalizar las tropas en caso de una “rebelión” o “invasión”.

En el caso de Oregon, el juez dijo que no había hechos que respaldaran las afirmaciones de Trump en las redes sociales de que Portland estaba devastada por la guerra y que anarquistas y agitadores profesionales estaban tratando de quemar propiedades federales y otros edificios.

La Casa Blanca indicó que probablemente presentaría apelaciones.

“El presidente Trump ejerció su autoridad legal para proteger los activos y el personal federal en Portland tras los violentos disturbios y ataques a las fuerzas del orden”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “Esperamos ser reivindicados por un tribunal superior”.

La jueza estuvo de acuerdo en que el precedente legal requiere que los tribunales den gran deferencia al presidente al tomar tales decisiones, pero no estuvo de acuerdo en que Trump hubiera tomado su determinación sobre Portland de buena fe y dictaminó que la deferencia "no es equivalente a ignorar los hechos sobre el terreno".

Una orden de restricción temporal inmediata estaba justificada, agregó, porque Oregon “sufrirá un daño a su soberanía” tan pronto como se desplieguen las tropas federales, mientras que las fuerzas del orden locales pueden continuar protegiendo las instalaciones de ICE como lo han estado haciendo incluso con una orden de restricción temporal en vigor.

“Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en los asuntos civiles”, escribió Immergut. “Esta tradición histórica se resume en una simple proposición: esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial. Los acusados ​​han presentado diversos argumentos que, de ser aceptados, corren el riesgo de desdibujar la línea entre el poder federal civil y militar, en detrimento de esta nación”.

Tensión en Chicago

La disputa en Illinois también se intensificó el sábado. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificaron su actividad y aumentaron las tensiones entre agentes federales y manifestantes frente a un centro de procesamiento de inmigración en el suburbio de Broadview, Illinois.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional informó que el sábado agentes federales dispararon a una mujer para defenderse, quien posteriormente condujo hasta el hospital. La policía de Chicago indicó que acudió al lugar de los hechos, pero no participó en el incidente ni en la investigación.

La fiscalía federal de Chicago acusó a tres personas relacionadas con el incidente, alegando que utilizaron sus vehículos para obstaculizar el trabajo de los agentes federales. Dos de las tres personas presuntamente utilizaron sus vehículos para atropellar a quienes eran conducidos por agentes federales, mientras que la tercera presuntamente chocó por detrás a un vehículo de las fuerzas del orden federales, según un comunicado de la Fiscalía Federal.

“Esta mañana, el Departamento de Guerra de la administración Trump me dio un ultimátum: llamen a sus tropas o las llamaremos nosotros”, declaró Pritzker el sábado. “Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y en contra de nuestra voluntad”.

Plan más amplio

Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., Memphis y Los Ángeles. Un juez federal de California dictaminó que el despliegue en Los Ángeles violó las leyes federales que limitan la autoridad del ejército estadounidense para hacer cumplir la ley civil, pero la Casa Blanca está apelando el fallo.

Funcionarios de Oregon presentaron una demanda después de que la administración Trump ordenó a las tropas de la Guardia Nacional responder a las protestas en Portland y proteger a los funcionarios de inmigración y la propiedad federal en el área.

Al movilizar a las tropas, Trump escribió que ordenaba al Departamento de Defensa que "proporcionara todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra". El presidente afirmó que las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) están "sitiadas por los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales".

En una audiencia el viernes, el abogado de Oregón, Scott Kennedy, criticó duramente las declaraciones públicas de Trump sobre Portland en Truth Social, afirmando que no se basan en la realidad. En una publicación a principios de esta semana, el presidente calificó la ciudad de "un desastre sin fin".

Kennedy describió las protestas en las instalaciones del ICE en Portland en los días previos al anuncio de Trump como "disminuyentes y relativamente tranquilas". La protesta más grande tuvo lugar en junio y se manejó sin tropas federales, dijo.

“La defensa no ha identificado ninguna incapacidad para hacer cumplir las leyes”, dijo Kennedy.

Eric Hamilton, abogado del Departamento de Justicia, dijo que los 200 soldados propuestos eran apropiados para el nivel de violencia en Portland, que fue menor que el observado en Los Ángeles a principios de este año.

En presentaciones judiciales, los líderes policiales de Oregon argumentaron que las fuerzas federales probablemente crearían más problemas de los que resolverían.

En respuesta, Trump argumentó que la solicitud estatal de intervención judicial era prematura "antes de que los guardias hubieran comenzado la misión". Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia también afirmaron que los agentes federales de inmigración se han enfrentado a violencia física y amenazas de muerte por parte de "activistas crueles", incluyendo la instalación de una guillotina frente a la oficina de ICE en Portland.

El jueves, el juez inicialmente asignado al caso se recusó de manejarlo después de que los abogados del gobierno alegaran que podría tener un conflicto de intereses debido a los comentarios hechos por su esposa, la congresista demócrata Suzanne Bonamici, que fueron críticos del despliegue.

El juez federal de distrito Michael Simon dijo en una orden escrita que no creía que estuviera obligado bajo las circunstancias a reasignar el caso, pero aceptó porque "es necesario que el foco de esta demanda permanezca en las cuestiones constitucionales y estatutarias críticamente importantes presentadas por las partes".

 

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