Juez de EE.UU. bloquea política de Trump de multar a migrantes con hasta US$1,8 millones
martes, 6 de octubre de 2026
En julio, el departamento informó que había impuesto más de 103.000 multas a migrantes por un total de unos US$84.000 millones
Reuters
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el lunes los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por imponer multas de hasta US$1,8 millones a los migrantes que no abandonen el país después de recibir órdenes definitivas de deportación.
El juez federal de distrito George O'Toole, en Boston, dictó la decisión en una demanda colectiva presentada el año pasado por dos de los miles de migrantes a los que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, ha impuesto sanciones civiles.
El magistrado determinó que el Gobierno impuso las multas de manera ilegal. O'Toole señaló que era necesario suspender las políticas relacionadas con esas sanciones porque su cobro probablemente llevaría a los demandantes a la insolvencia.
«Los demandantes viven en una situación económica precaria incluso sin que se les impongan las exorbitantes multas del Gobierno», escribió O'Toole.
El DHS no hizo comentarios de inmediato.
En julio, el departamento informó que había impuesto más de 103.000 multas a migrantes por un total de unos US$84.000 millones desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.
Aunque el Congreso autorizó las sanciones civiles mediante la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, ningún Gobierno intentó imponerlas hasta el primer mandato de Trump.
Desde el año pasado, el segundo Gobierno de Trump comenzó a imponer multas de US$998 diarios a los migrantes que no abandonaran Estados Unidos después de recibir una orden de deportación. Las sanciones se han aplicado de forma retroactiva por periodos de hasta cinco años, con una multa máxima de US$1,8 millones.
En julio de 2025, el DHS y el Departamento de Justicia de Estados Unidos implementaron un nuevo procedimiento que, según las autoridades, agilizaría la imposición de multas al eliminar un plazo de notificación previa de 30 días y acortar el proceso para impugnar las sanciones.
Los demandantes, entre los que también figuraba el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, impugnaron esa política, así como lo que describieron como una práctica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, una agencia del DHS, consistente en imponer multas mediante formularios estandarizados sin evaluar de manera independiente si la persona había incumplido la obligación de salir del país de forma «deliberada» o «voluntaria».
O'Toole, nombrado por el entonces presidente demócrata Bill Clinton, dio la razón a los demandantes y determinó que las multas eran ilegales e infringían la Ley de Procedimiento Administrativo, porque los formularios carecían de alegaciones específicas que explicaran por qué la conducta de una persona justificaba una sanción.
El juez también concluyó que el Gobierno había incumplido los procedimientos de elaboración de normas al adoptar su sistema agilizado de imposición de multas, porque no había ofrecido previamente al público la oportunidad de presentar comentarios sobre el cambio de política.