Juicio a líderes independentistas catalanes refleja las divisiones políticas en España

Doce líderes independentistas catalanes acudieron el martes al Tribunal Supremo español para enfrentar el juicio por su papel en la ofensiva separatista de 2017, un proceso que reabrió heridas históricas y desencadenó la mayor crisis política en el país en décadas.

Los líderes separatistas llegaron el martes al juzgado en dos camionetas flanqueadas por vehículos policiales, procedentes de la prisión de Soto del Real, en las afueras de Madrid, donde se encuentran detenidos.

Una de los temas que se dirimirán es si los líderes catalanes independentistas deben permanecer en prisión. La fiscalía pide penas de hasta 25 años de cárcel por cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos, en un juicio transmitido por televisión.

Cientos de policías, acompañados de agentes antiterroristas, se desplegaron alrededor del edificio judicial, donde partidarios separatistas expresaban su apoyo a los acusados frente a manifestantes contrarios a la independencia.

Entre los partidarios de los independentistas había carteles que decían "Libertad para los presos políticos", mientras que un grupo que se oponía a ellos gritaba "Golpistas", acusando a los separatistas catalanes de haber intentado desmantelar el Estado español con una declaración unilateral de independencia.

En sus primeras intervenciones en el juicio, uno de los abogados defensores dijo que los acusados tenían el derecho a buscar la independencia de su región.

"Tienen derechos a defender esa idea (...) es sinónimo de paz y no de guerra", dijo en el tribunal el abogado Andreu Van den Eyndehe.

El inicio del juicio coincide con un momento difícil para el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que controla menos de un cuarto de los escaños del Congreso y enfrentará el miércoles una votación sobre los presupuestos del país para 2019. En caso de no aprobarse el plan presupuestario, podrían celebrarse elecciones generales este año.

Democracia bajo escrutinio

El caso también pone en el centro de atención el funcionamiento de la democracia española -relativamente joven para los estándares europeos- y la sitúa bajo su mayor escrutinio desde el fallido golpe de Estado de 1981.

Partidarios de los líderes independentistas dijeron el martes que los acusados son presos políticos y que el juicio está politizado, una visión que es rechazada por el Gobierno, que considera que los acusados incumplieron la ley y que el proceso judicial se está realizando de manera independiente.

No está previsto que los acusados hablen en el tribunal en el primer día del juicio, que está reservado para cuestiones de procedimiento. Nueve de los acusados se encuentran en prisión sin posibilidad de fianza desde fines de 2017 o principios de 2018.

Hay otros siete políticos que participaron en el denominado "procés" -incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont- que se encuentran en un exilio autoimpuesto en diferentes países europeos. Puigdemont dijo el lunes desde Berlín que el juicio era "un test de estrés para la democracia española".

El proceso judicial se centra en el prohibido referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, a finales del mismo mes, que llevó a la intervención de Cataluña por parte del Gobierno español, entonces dirigido por el conservador Partido Popular.