La Constituyente de Nicolás Maduro pone en juego el futuro de Venezuela

Este domingo los venezolanos elegirán a 545 nuevos representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. De ese número global, 364 son constituyentes territoriales, 173 son sectoriales y ocho son de los pueblos indígenas. Los magistrados tendrán la tarea de redactar una nueva Carta Magna, tras ser elegidos en una votación en la que no participará la oposición por considerar que supone la consumación de una “dictadura”, según señalaron los líderes de este bando.

El presidente Nicolás Maduro convocó el 1 de mayo a la Asamblea Constituyente para reescribir la Carta Magna que diseñó su antecesor, Hugo Chávez. Con esta pretensión, el mandatario actual busca disminuir la crisis en la que se encuentra sumida Venezuela. La oposición está en las calles desde hace más de 100 días y las protestas ya dejaron un centenar de muertos. Un panorama al que se suma el mal rendimiento económico que, según el FMI, se contraerá 12% este año.

La oposición ve con ojos escépticos la convocatoria puesto que consideran que es un golpe de Estado debido a que no cumple con lo establecido en la Constitución Política Bolivariana de 1999, que señala que se debe celebrar un referéndum previo para conocer la intención del pueblo de replantear la ley de leyes.

“Hay que preguntarle al pueblo venezolano si está de acuerdo con la modificación de la Carta Magna a través de un referéndum, ese paso lo obvió (Maduro) y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le dio la bendición. La inmensa mayoría del pueblo venezolano considera que esto es una estratagema de Maduro para conservarse en el poder”, expresó a LR Omar González, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Vente Venezuela.

Por su parte, Juan Manuel Rafalli, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó a LR sobre las votaciones del 30 de julio que “esto es un fraude porque ellos convocaron la Constituyente pero no pretenden cambiar toda la Constitución sino solo algunos de los aspectos” contenidos en ella.

De igual manera, ven este movimiento del Gobierno como un intento de “aniquilar” la democracia del país, según indicó el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges. El funcionario añadió que “si todos no damos todo, corremos el riesgo de que se instale y se atornille lo que el mundo entero está luchando, junto con nosotros, para evitar, y es el aniquilamiento de la democracia”.

Una forma que tiene el Gobierno de hacerlo es eliminar los poderes que tiene la Asamblea, de mayoría de la oposición, y hasta quitarle la potestad a la fiscal general, Luisa Ortega. Por otra parte, la oposición interpreta que los resultados tendrán doble votación.

“Una será por medio del voto territorial y otro por el sectorial. El sectorial permite votar varias veces porque, por ejemplo, si tú haces parte de un equipo deportivo puedes hacerlo por ese sector y otros a los que pertenezcas”, indicó González. También hay un dilema en cuanto a la proporción de votantes por cada municipio. “Las reglas del juego involucran unas elecciones sectoriales mandadas por el Gobierno, sin considerar la base poblacional del territorio”, expresó Raffalli. El abogado añadió que “la representación indígena, que es marginal en términos numéricos, va a elegir el mismo número de representantes que el pueblo de Caracas donde hay más de seis millones de personas”.

La comunidad internacional ha criticado fuertemente la Constituyente e, incluso, Estados Unidos ha dicho que no descarta la posibilidad de imponer sanciones económicas. “¿Por qué los venezolanos tenemos que pagar los platos rotos de la enferma ambición de un partido político? Es más sencillo desmontar la Constituyente que aislar a Venezuela”, dijo ayer Henrique Capriles, líder de la oposición.

El riesgo recae en que el gobierno de Donald Trump imponga sanciones contra la estatal petrolera Pdvsa, la principal fuente de ingresos exportadores de Venezuela. Además, la realización de las elecciones, abre la puerta a que la oposición haga realidad la promesa que realizó cuando ganó el plebiscito y era la de armar un gobierno paralelo, que podría llegar a tener reconocimiento por parte de algunos miembros de la comunidad internacional.

Cancillería otorga extensiones de permanencia

La Cancillería colombiana indicó que otorgará un Permiso Especial de Permanencia a los más de 150.000 venezolanos a quienes se les venció su permiso de permanencia en el país. La medida, que entra en vigor de inmediato, beneficia a los ciudadanos que hayan ingresado a Colombia a través de un puesto de control autorizado donde le hayan sellado su pasaporte. El permiso será otorgado por 90 días y podrá ser prorrogado por dos años, señaló el Ministerio en un comunicado.