La economía de México gana impulso gracias a las reformas

El país norteamericano duplicará su crecimiento este año hasta alcanzar el 3,5%, según el FMI. Las reformas impulsadas por Peña Nieto prometen atraer fuertes inversiones al sector energético. La economía mexicana apenas creció un 1,2% el año pasado. 

Sin embargo, este año México avanzará en torno al 3,5%, según los últimos pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas estimaciones suponen un fuerte espaldarazo a las reformas impulsadas y emprendidas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que pretenden ahondar en la apertura económica del país azteca.

El cambio más sustancioso es el que se va a llevar a cabo en el sector energético, ya en marcha tras su aprobación el mes pasado por parte del legislativo mexicano, pese a las fuertes protestas de la oposición. El punto estrella de la reforma es la apertura de Pemex -la petrolera estatal- a los inversores privados, pero todo el sector experimentará un cambio similar.

El Gobierno mexicano espera que este año las inversiones privadas en Energía sumen los US$10.000 millones, para triplicarse en los próximos años. En total, las estimaciones del Ejecutivo apuntan a que el sector energético moverá US$500.000 millones en los próximos diez años. BBVA estima que esta reforma podría aumentar el PIB del país en hasta un 1,5%.

Renovables
El área de los hidrocarburos será la gran estrella de la reforma, con la apertura de Pémex, pero las energías renovables también experimentarán un empuje notables. Según un estudio elaborado por el departamento de Comercio de Estados Unidos, el mercado de las renovables alcanzará los US$27.000 millones en 2020, multiplicando por doce su actual envergadura.

Este incremento estará muy ligado al cumplimiento de las metas energéticas que se ha impuesto la secretaría de Energía mexicana de cara al futuro: para 2026, el 35% de la energía generada en el país deberá provenir de fuentes limpias. Otra de las reformas puestas en marcha por Peña Nieto es la financiera, que tiene como objetivo fundamental impulsar el crecimiento a través de un crédito ágil y barato para empresas y proyectos productivos. Actualmente, el crédito al sector privado en América Latina equivale al 47% del PIB, mientras que en México apenas llega al 27%.

La diferencia es todavía mayor en relación a las economías desarrolladas. Peña Nieto confía en que, de esta manera, la economía mexicana ganará en productividad y también en competitividad, una de sus graves carencias.

Según recuerda un reciente estudio de BBVA Research, México ocupa el puesto 55 de 148 países del mundo, en el índice de competitividad global que elabora el Foro Económico Mundial. De cara a 2014, todos los pronósticos son favorables para México, ya que su tasa de crecimiento superará el 3%, dejando atrás la moderación del año pasado. En primer lugar, el país se beneficiará del mejor desempeño que se espera para Estados Unidos.

La producción industrial estadounidense avanzó un tres por ciento en los últimos meses de 2013, lo que repercutirá positivamente en la industria manufacturera mexicana, muy dependiente de las exportaciones hacia su vecino del norte.

A ello se sumará un mayor gasto público (que pasará de tener un déficit del 0,4% en 2013 al 1,5% que se registrará este año) y una recuperación del mercado laboral, según apuntan los analistas de BBVA

Inversiones
La agenda de Peña Nieto para los próximos años también incluye inversiones en infraestructuras por valor de US$300.000 millones. El 35% de las inversiones previstas se destinarán a proyectos de transporte, mientras que el 65% restante se dedicará a actuaciones en el ámbito de la energía. En total, se llevarán a cabo más de 1.100 proyectos, según un informe elaborado por KPMG.

La consultora explica que "en este mercado hay oportunidades en gasoductos, carreteras, en el tren de alta velocidad que unirá México DF con Querétaro, en el tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado y en plataformas logísticas de iniciativa privada". La mayoría de estos proyectos se llevarán a cabo a través de asociaciones público-privadas, que el Gobierno reguló el año pasado.