La estatal española Sepi estudia entrar en Telefónica para equilibrar la presencia saudí

El hólding empresarial estatal Sepi, controlado por el Ministerio de Hacienda, reveló ayer en un comunicado que está estudiado la posibilidad de tomar una participación en el capital de Telefónica. En un hecho relevante comunicado ayer a la Cnmv la Sepi señaló que "viene monitorizando la situación de Telefónica y está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía. Dicho análisis por parte de Sepi no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición."

Aunque no lo menciona, todos los observadores señalan que la iniciativa que reconoce el hólding estatal está íntimamente relacionada con el anuncio realizado el pasado 5 de septiembre por la empresa estatal saudí de telecomunicaciones, Saudí Telecom Company (STC) por el que reveló que había acumulado una posición de 9,9% del capital de Telefónica, de la que un 4,9% había sido adquirida directamente en acciones y el otro 5% a través de derivados acumulados por Morgan Stanley.

Por tanto, la toma de la participación de Sepi en Telefónica serviría para equilibrar la presencia en el capital de STC y reforzar la españolidad de la operadora, que el Gobierno ha considerado totalmente estratégica.

Con todo, la operación de entrada de STC en la teleco española aún debe ser aprobada por el Gobierno español, especialmente por el Ministerio de Defensa, al ser la operadora española una de las principales contratistas de telecomunicaciones y servicios digitales del Ejército.

Luz verde a STC

La idea de tomar una participación, que podría alcanzar entre 3% y 5% del capital, en cuyo caso, probablemente le permitiría reclamar un puesto en el consejo, alimenta la teoría de que el Gobierno estaría dispuesto a autorizar la presencia de la operadora saudí en el capital de la teleco española. Es decir, sería una forma de neutralizar en parte la influencia del grupo saudí, que depende del fondo soberano de aquel país (Public Investment Fund, PIF), sin tener que vetar total o parcialmente la operación, lo que supondría enfrentarse al estado saudí, uno de los grandes proveedores y exportadores de hidrocarburos mundiales.

En realidad, para poder reclamar un vocal en el consejo, un accionista debería acreditar una participación de 6,66% del capital, ya que actualmente el consejo está formado por 15 miembros.

Sin embargo, tanto CaixaBank -que tiene un 3,5% directo, aunque Criteria tiene otro 2,4%- como BBVA (4,87%), sus dos accionistas de referencia históricos, cuentan cada uno con un vicepresidente: Isidro Fainé en el caso de CaixaBank y José María Abril en el de BBVA. BlackRock, que tiene un 4,48% no dispone de consejero. Bbva descartó ayer elevar su participación.

Sindicato empresarial

El ala de Sumar del Gobierno en funciones se ha opuesto frontalmente a la entrada de STC, mientras que los miembros del PSOE le han dado la bienvenida aunque con prudencia. De hecho, fuentes empresariales han señalado que, desde el pasado septiembre, el Gobierno ha maniobrado para tratar de crear una especie de sindicato de grandes empresas que tomasen una participación en Telefónica y apuntalasen su españolidad, aunque las malas perspectivas del sector teleco han hecho naufragar, hasta ahora, esa iniciativa, que hubiera podido acompañar a la potencial participación de Sepi, así como a las de CaixaBank y Bbva, reforzando el núcleo duro español de la teleco.

La entrada de Sepi en el capital supondría la vuelta del Estado al capital de Telefónica, tras su salida en 1997. Con la llegada de la democracia, Telefónica era una compañía cotizada -las populares matildes-, teóricamente privada, pero en la que el Gobierno de turno nombraba al presidente e influía en la gestión gracias a su participación de 32%. En 1995, el último Gobierno del PSOE de Felipe González inició la privatización, bajando del 32% al 20,9%. Y fue el primer Gobierno del PP de José María Aznar el que vendió esa participación y convirtió a Telefónica en una firma totalmente privada, un caso poco habitual entonces en el conjunto de la Unión Europea, con la excepción de la británica BT.

Amplia presencia estatal

26 años después de la privatización, el sector teleco europeo presenta muchas anomalías, como el hecho de que se permita la competencia entre diferentes operadoras cuando éstas juegan con reglas diferentes, ya que muchas disponen de una fuerte participación estatal de la época en que eran monopolios públicos. Y aunque casi todas están en Bolsa, la participación estatal es importante. Y eso supone una ventaja a la hora de obtener un ráting más beneficioso, lo que abarata la deuda, pero sobre todo, supone una defensa ante entradas hostiles o, al menos, no solicitadas como en el caso de STC con Telefónica. En otras dos de las grandes telecos totalmente privadas, BT y Vodafone, en los últimos años se han producido entradas hostiles por parte de Altice, en el primer caso, y de la emiratí Etisalat, en el segundo.

En la alemana Deutsche Telekom, la teleco más grande de Europa, la participación pública se eleva al 30,46%. Igualmente, en la gala Orange, el Estado controla un 23%. Y en ninguna de estas dos se han producido entradas no solicitadas.

En Telecom Italia es la pública Cassa Depositi la que tiene un 9,81%. En Swiscom el paquete estatal llega a 51%; en la noruega Telenor al 58,4% y en la sueca Telia a 41%. En la holandesa KPN se produce a través de una fundación pública que puede impedir cualquier opa.