La ‘Farm Bill’, la millonaria apuesta de política pública por el sector agro estadounidense

Las grandes potencias están sufriendo en uno de los pilares fundamentales de la economía: el sector primario. No es ningún secreto que, en Europa y Estados Unidos, competir en precios de producción de materias primas no es fácil. Es por eso que los Estados, como el que preside Donald Trump, se encargan de apoyar a los agricultores con beneficios como subsidios, préstamos y relacionamiento directo entre las regiones y empresas locales o de otras latitudes. De hecho, la cantidad de agricultores cayó de 2,2 millones en 2007 a 1,9 millones en 2022, según el último censo agrícola oficial de Estados Unidos. Más de 142.000 agricultores desaparecieron entre 2017 y 2022, los últimos cinco años contemplados en el estudio.

Una de las iniciativas más importantes que tiene Estados Unidos dentro de su política pública para mantener la base de la pirámide productiva norteamericana es la Ley Agrícola (Farm Bill, en inglés): un paquete legislativo que revisa cómo evoluciona el sector agrícola. Se espera que en septiembre tanto el Senado como la Cámara de Representantes estadounidenses se pongan de acuerdo para poner fin a la prórroga actual y sancionar, tras tres años de extensiones de la normativa, que debía expirar en 2023, una nueva Ley Agrícola que irá hasta 2031, por lo menos. “El tiempo se agota para aprobar la Ley Agrícola este año. El Senado votará nuevamente en el comité la semana del 14 de septiembre. Instamos a los legisladores a unirse y lograrlo antes de las elecciones de noviembre. Le paso la palabra a Virginia para hablar de comercio internacional”, aseguró Brian Glenn, director de Asuntos Gubernamentales de la Federación de Granjas Americanas, gremio que agrupa a más de 5 millones de familias campesinas y cerca de 800 condados.

La Ley Agrícola es una legislación que se aprueba aproximadamente cada cinco años y que impacta los medios de vida de los agricultores, así como la forma en que se cultivan las cosechas y los productos que se siembran. La ley cubre numerosos programas que van desde seguros de cosechas hasta el acceso a alimentos saludables -a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria- para familias de bajos ingresos. Se trata de 12 categorías, entre las que se encuentran las ayudas directas a los agricultores.

Una de sus mayores fortalezas es que, de acuerdo con la legislación norteamericana, debe renovarse cada cinco años. Sin embargo, el último paquete de medidas venció en 2023 y, hasta hoy, rige una prórroga de las normas aprobadas en 2018. Esas prórrogas se hicieron sobre la base de US$428.000 millones aprobados durante ese año para el plan a cinco años. Más de US$326.000 millones van directamente al apartado de Nutrición (76,1%). Ese componente se encarga de la alimentación de las familias agrícolas. La segunda categoría a la que se le asignan mayores recursos es la de seguros en caso de que los cultivos salgan mal, con más de US$38.000 millones. La tercera categoría es una red de seguridad para los campesinos estadounidenses. En este último ítem, basado en commodities, el Gobierno de EE.UU. destina más de US$31.000 millones.

Ahora bien, ¿en qué consiste la Ley Agrícola? El proyecto se basa en la cooperación con los campesinos y el apoyo financiero. La primera rama se encarga de girar subsidios directos a los agricultores para apoyarlos con sus cultivos. Los montos se fijan quinquenalmente, con la aprobación de cada paquete legislativo. Otro pilar es el encargado de la política de préstamos que, mediante tarifas especiales reguladas por el Gobierno norteamericano, brinda a los agricultores el capital necesario para adquirir los insumos requeridos para que sus negocios prosperen. Puede sonar muy similar al modelo colombiano; sin embargo, los bancos privados son los agentes encargados de girar los recursos. Más de 80% de los préstamos se otorgan a través de entidades privadas, mientras que en Colombia entidades como el Banco Agrario manejan una cartera de más de $25 billones en créditos asociados al sector primario de la economía colombiana. Además de estas ramas, existe un robusto sistema de seguros contra desastres y malas cosechas bajo una asociación público-privada: el Estado se encarga de regular las tasas de los seguros, mientras que las compañías privadas son las encargadas de venderlos a los casi 2 millones de agricultores que viven en Estados Unidos. Estos sistemas son parte de la esencia de los programas contemplados en la legislación.

La última legislación

A pesar de que el último proyecto de la Ley Agrícola fue aprobado en 2023 y prorrogado hasta este septiembre, la administración Trump realizó modificaciones a los montos debido a factores geopolíticos: el cierre de Ormuz, el aumento del diésel, la subida del precio de los fertilizantes y el incremento en el costo de los insumos agrícolas. La actual administración proyectó un aumento en el presupuesto del programa de más de US$65.500 millones, siendo los subsidios de la red de seguridad la partida más beneficiada, con un incremento de más de US$59.000 millones durante la próxima década. Esta legislación es conocida como HR-1.

“Invirtieron en programas agrícolas, inyectando alrededor de US$60.000 millones en la red de seguridad durante los próximos 10 años. Actualizaron los precios de referencia para los agricultores, reflejando mucho mejor las condiciones actuales del mercado. Reconocieron que llevamos casi tres años de retraso para una nueva Ley Agrícola y utilizaron esta oportunidad para apoyar a los agricultores”, dijo Glenn. “Aún necesitamos una Ley Agrícola completa de cinco años. Hay muchos programas que no tienen un efecto presupuestario directo (como actualizar préstamos) y no pudieron incluirse en la reconciliación”, comentó el director de Asuntos Gubernamentales de la Federación de Granjas Americanas.