La inversión en infraestructura fue de US$11.700 millones en los últimos cinco años

En los últimos cinco años, en Uruguay, la inversión en obras de infraestructura fue de US$11.700 millones, lo que representó entre un 3% y 4% del Producto Interno Bruto (PIB), un volumen similar, en términos del producto, al del quinquenio anterior.

Así lo afirmó el economista de la consultora Exante, Pablo Rosselli con base a las cifras presentadas por el gobierno en la rendición de cuentas, reales a 2023 y presupuestadas para este año.

Al participar de un debate sobre inversión en infraestructura, organizado por la Cámara de la Construcción y el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, el economista señaló que “es un monto significativo” y que “necesariamente obliga a utilizar diversos instrumentos” de financiamiento.

Sobre este punto, Rosselli dijo que de los US$10.000 millones de inversión (excluyendo los US$1.700 de vivienda) realizadas y en curso, “poco más de la mitad” lo hicieron bajo modalidades que involucran el financiamiento privado de las infraestructuras. En concreto, el economista habló sobre la importancia de combinar diferentes instrumentos tales como los proyectos de participación público-privada (PPP), los contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento (cremaf) y las obras hechas por privados bajo contratos de concesión.

En ese sentido, Rosselli exhibió algunas cifras desglosadas según el tipo de instrumento y dijo que en PPP de carreteras y obras ferroviarias se destinaron unos US$1.700 millones, otros US$200 millones en centros educativos y unos US$750 millones en rutas bajo contratos cremaf.

Asimismo, señaló que en estos días se están por cerrar un par de financiamientos de contratos PPP para centros penitenciarios, sobre los que opinó que si bien “van a tener poquito impacto” en los números de este año, “van a ser obras para el siguiente período de gobierno”.

Sobre el impacto de las inversiones en las cuentas públicas, Rosselli explicó que difiere según el tipo de instrumento de financiamiento que se use. “Las inversiones que hacen los privados bajo contratos de concesión, asumiendo todos los riesgos del proyecto, incluyendo el riesgo de demanda, no tienen impacto en las cuentas públicas”, señaló.

Por el contrario, las que son hechas por las empresas públicas en sus balances, sí tienen impacto en la contabilidad fiscal porque se computan como gasto, mientras que, por ejemplo los contratos PPP permiten diferir en el tiempo el impacto fiscal porque se registra el gasto público a medida que el Estado paga la obra.

“La administración pública contratante hace los pagos por disponibilidad anualmente y las obligaciones derivadas de los contratos de PPP no se consolidan en la deuda pública aunque las tenemos medidas e informadas al Parlamento”, explicó el economista.

Asimismo, Rosselli mencionó que otra solución “bastante sui generis” es la mega concesión que se creó en 2003, la Corporación Vial del Uruguay (CVU), una sociedad de derecho privado que es de propiedad pública. “Como la CVU cuelga a su vez de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), una corporación financiera, las reglas de la contabilidad fiscal hacen que los pasivos de la CVU no se consoliden en la deuda pública. En todo caso, lo que impacta en las cuentas públicas es la subvención que el Ministerio de Transporte le da a la CVU”, detalló Rosselli.

Los desafíos del próximo gobierno ante una “restricción fiscal significativa”

De cara a los próximos años, en materia de inversiones en infraestructura, el economista de Exante dijo que “los desafíos son importantes” porque Uruguay “necesita seguir invirtiendo” en este tipo de obras pero el país tiene “una restricción fiscal significativa”.

En esta línea, Rosselli advirtió que el próximo gobierno “va a tener que seguir trabajando sobre la reducción de ese déficit fiscal”, aunque señaló que “todavía hay un espacio” para firmar contratos PPP.

El marco legal vigente en el país permite utilizar hasta nueve puntos del PIB en ese instrumento y de acuerdo con Rosselli actualmente el monto de los pasivos y contingencias que el sector público tiene por la utilización de las PPP “supera levemente los seis puntos”.

Sobre este punto, dijo que la normativa también establece un segundo tope que son los pagos anuales y que “actualmente representa medio punto del PIB”, mientras que la ley permite que llegue a 0,7 puntos del producto.

“Los desafíos más importantes están en terminar de pensar en la utilización que estamos haciendo del financiamiento de infraestructura bajo el paraguas de la CND”, dijo Rosselli porque si bien las corporaciones financieras “no consolidan en las cuentas públicas, como no consolida, por ejemplo, el Banco República o el Banco Hipotecario, la realidad es que las actividades que estamos haciendo debajo de la CVU no son actividades financieras. Construir rutas, por ejemplo, claramente no es una actividad financiera”, explicó.

En ese sentido, de acuerdo con Rosselli en los próximos años el país debería “fijar con más claridad cuál es el volumen de compromisos” que el país está dispuesto a asumir para seguir usando ese mecanismo de financiamiento.