La justicia de Perú extiende prisión preventiva para Pedro Castillo por 18 meses

Un día tenso, con nuevas manifestaciones y más fallecidos, se vivió este jueves en Perú, en lo que sería la primera jornada bajo Estado de Emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte, ante el recrudecimiento de las protestas.

Mientras unas 14 regiones registraron nuevas manifestaciones, el Poder Judicial analizaba el destino del exPresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido luego de su frustrado intento de cerrar el Congreso para eludir un pedido de vacancia por parte de legisladores opositores.

Finalmente, pasadas las 20 horas en Perú -luego de tres horas de lectura de la sentencia-, el juez Juan Carlos Checkley Soria, extendió la medida de prisión preventiva por 18 meses contra el exmandatario, por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Escala el impacto

En horas de la noche, el Gobierno decretó la inmovilización social en 15 provincias del país donde se registra el mayor nivel de conflictividad social. La medida entra en vigencia este viernes y se extenderá por cinco días.

Se precisa que durante la vigencia del decreto, las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

Durante el día de ayer, algunas de las vías que permanecían bloqueadas por seguidores de Castillo -como es el caso la Panamericana Sur- fueron despejadas. Sin embargo, en el caso de los aeropuertos el escenario no fue el mismo.
Una quinta terminal, la de Ayacucho, fue cerrada por enfrentamientos en los alrededores, que dejaron 10 heridos y dos fallecidos. Por ello, 283 vuelos fueron cancelados a nivel nacional hasta este viernes, dejando un perjuicio millonario.

En función de estimados de ocupación, tarifas y oferta de asientos entre las aerolíneas que operan de forma doméstica se estimó que las pérdidas por vuelos van entre 32.000 y 56.000 soles (entre US$8.355 y US$14.621).

Así, la cancelación del referido número de vuelos ocasionaría pérdidas de hasta 15,8 millones de soles (más de US$4 millones).

En este escenario, más de 50.000 turistas nacionales y extranjeros han quedado varados en el territorio.
El impacto económico también ha alcanzado otros sectores: el desabastecimiento de combustible de todo uso se siente en todo el país, mientras que los cálculos indican que se pierden unos 600 mil litros de leche por día con la paralización de las plantas de Gloria, Laive y Danper, ubicadas en Arequipa, y que fueron atacadas.

Tensión diplomática
En paralelo, mientras la Justicia analizaba la extensión de la prisión preventiva para Castillo, por 18 meses, el Ejecutivo llamó a consulta a Lima a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México por “intromisión en los asuntos internos”.

Y es que esos gobiernos dijeron en un comunicado conjunto que Castillo había sido víctima de “hostigamiento” político desde que asumió el poder el año pasado y exhortaron al país andino a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.

Mirada externa

La nueva crisis política en la que se encuentra sumido Perú está añadiendo incertidumbre a la economía y al sistema bancario del país, lo que podría debilitar activos y reducir la rentabilidad de las instituciones más allá de lo previsto, dijo este jueves la agencia de calificación de crédito Fitch Ratings.

“Los recientes eventos políticos refuerzan nuestra expectativa de un deterioro del ambiente operacional para los bancos peruanos en 2023”, dijo la entidad en un comunicado.

“Se espera que el crecimiento más lento de la economía y del crédito, los costos de endeudamiento más altos y la persistente incertidumbre política continúen presionando al sector bancario”, añadió la nota.

Fitch indicó también que la situación eleva el potencial de riesgo bajista para los bancos peruanos.
La mayoría de los prestamistas en el país andino ya están bajo el impacto de la perspectiva negativa para la nota soberana.

Fitch revisó en octubre a negativo el panorama para la calificación soberana, dejándole al borde de perder el grado de inversión, en vista de la inestabilidad creciente y los problemas de gobernabilidad de la nación minera.