La Libertad Avanza blindó la comisión más sensible del Congreso y puso a Lemoine al frente
miércoles, 1 de abril de 2026
Tras dos años de vacancia, el oficialismo tomó el control de la comisión estratégica. El objetivo es clausurar los pedidos de destitución por el conflicto universitario y la causa LIBRA, asegurando que ningún expediente llegue al recinto
Cronista - Buenos Aires
En un movimiento que selló los riesgos de destitución en el Congreso, el Gobierno se aseguró el blindaje de la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados con la designación de Lilia Lemoine como su titular. La diputada asumió esta tarde, tras haber denunciado arduamente durante los últimos dos años la traición que se avecinaba de Marcela Pagano, la anterior postulante del oficialismo.
La reunión constitutiva se llevó adelante este martes desde las 17.45, en el marco de la conformación de decenas de comisiones. Junto con el nombramiento de Sebastián Pareja en la Bicameral de Inteligencia, Lemoine suma otro peso pesado al cordón de soldados de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, ante comisiones clave.
La diputada, con alta presencia mediática, mantiene un estrecho vínculo con la líder de La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei. Pertenece al espacio desde que se gestó el fenómeno libertario, fue asesora de imagen de Milei durante las campañas y es parte del círculo íntimo violeta.
Desde que el economista asumió en la Presidencia, la comisión se mantuvo paralizada, luego que desde LLA frenaran la designación de Pagano en abril del 2024. El presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que llamar a Oscar Zago en plena reunión constitutiva para suspender su ascenso. El entonces jefe de bloque terminó eyectado del espacio, y Pagano al poco tiempo se convirtió en oposición.
La exlibertaria intentó en reiteradas ocaciones llevar la constitución de la comisión al recinto para que, en conjunto con la oposición, que en ese momento era mayoría, se ratifique su presidencia. Dada la crisis política que atravesaba el Gobierno durante la época oscura de la campaña del 2025, desde la Casa Rosada temían que los intentos de juicio político prosperen.
Lemoine fue la que desde ese primer momento denunció que Marcela Pagano y su pareja, Franco Bindi, tenían en su poder “videos y audios” comprometedores de la época de campaña y que los usaba para extorsionar. Son los mismos a los que, en la casa Rosada, apuntaron por los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Además, Lemoine protagonizó con ella cruces constantes en redes y hasta físicos, en pleno recinto, durante las sesiones.
La comisión de Juicio Político tiene la potestad de iniciar las investigaciones para destituir a funcionarios, inclusive el Presidente de la Nación o los Jueces de la Corte Suprema. Es la instancia obligatoria previa para votar esa destitución en el recinto, que de todos modos necesita dos tercios de los votos para ser aprobado.
Javier Milei fue sometido a varios pedidos de juicio político durante el año pasado, pero ninguno se tramitó. Los expedientes con estado parlamentario son numerosos y abundan entre Unión por la Patria y la Izquierda. Abordan el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Causa $LIBRA y las declaraciones públicas que involucran a la Argentina en la guerra con Irán.
“Tenemos temor de que esta sea la última reunión”, sinceró el diputado Nestor Pitrola, del FIT, a sabiendas de que la intención del oficialismo es no dar lugar a ninguno de los pedidos. Con Lemoine al frente, el Gobierno se asegura que los expedientes se cajoneen.
De todos los pedidos, el de Universidades es el que más preocupa al Gobierno, ya que este martes se dio a conocer el fallo de la Justicia Federal que ordenó el cumplimiento de la ley. La Procuración del Tesoro prepara un recurso de queja para ir a la Corte Suprema, pero deberán acatar el fallo. Esto le da un sustento jurídico previo contundente a las acusaciones por “mal desempeño”.
El oficialismo ya presentó un proyecto de ley para modificar la normativa y reducir su costo fiscal para eliminar el riesgo de que continúen avanzando las causas. En la Casa Rosada adelantaron que también planean presentar una alternativa para cambiar la de Discapacidad, luego de haber fallado en el intento de derogarlas en el marco del Presupuesto 2025.