La oposición en Chile critica eficiencias de tener un solo administrador en pensiones

Tras un largo día de exposiciones de expertos, cerca de las 20:00 horas de este miércoles, la comisión de Hacienda de la Cámara inició la votación de la reforma previsional.

Entre lo más relevante deliberado estuvieron las modificaciones a la industria. Por ocho votos a favor (siete del oficialismo y uno de la DC) y cinco en contra de la oposición, se dio luz verde a los cambios relativos al Administrador Previsional, que realizará el soporte y la recaudación. Esto implica el fin de las AFP tal como se conocen hoy.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, expresó que en esa indicación recogieron solicitudes de las mesas técnicas para que fuera un organismo licitado, como la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

No obstante, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que el ente funcionará como un “monopolio”, sin eficiencias y se divide la industria, pese a que los técnicos que expusieron durante la jornada habían manifestado sus reparos.

Consejo Fiscal Autónomo analiza el impacto fiscal de alza de la PGU con la reforma

Como una primera aproximación, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, realizó un análisis sobre los efectos fiscales que traería el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) contenida en la reforma de pensiones.

En general, advirtió que el espacio fiscal para el gasto “es muy reducido” para los próximos años.

En concreto, Rodríguez expuso que “no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan las fuentes de financiamiento también permanentes”.

El economista mencionó que las fuentes de financiamiento pueden venir de mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, menor evasión, reasignaciones y una mayor eficiencia del gasto.

Respecto del gatillo que definió el Gobierno para que se pueda subir la PGU con responsabilidad fiscal, afirmó que se cumple conceptualmente el principio de gastos e ingresos.

Con todo, advirtió sobre algunas materias que deben mirarse con atención. Rodríguez aseguró que la sostenibilidad fiscal debe analizarse considerando el conjunto de gastos e ingresos estructurales.

Además, aclaró que en caso de que se gatille lo que establece la ley, pero a futuro bajen los ingresos estructurales, dado que la PGU es un beneficio de seguridad social que no se puede retroceder, habría que ajustar gastos en alguna otra partida.