La Unión Europea impone nueva regulación para la transparencia del alquiler turístico

La UE dio ayer un paso en la regulación del alquiler turístico, una cuestión con varias derivadas de entidad para la economía española: por un lado, la vivienda; por otro, el turismo. Así, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, presentó en pleno la propuesta de la Comisión de Mercado Interno y Protección del Consumidor en esta materia, que impone mayores cotas de transparencia a las plataformas en las que se ofertan estos alquileres.

De esta manera, las administraciones locales tendrán una foto nítida de la dimensión del mercado de alquiler turístico y podrán ponerse en marcha nuevas normativas que regulen de la forma más adecuada esta actividad, en torno a la cual existe cierta opacidad y falta de profesionalización. El texto persigue "la vivienda asequible, la protección de centros urbanos y áreas rurales y un turismo más seguro y sostenible". Si nadie se opone a la propuesta antes de esta medianoche saldrá adelante y comenzarán las negociaciones con el resto de instituciones europeas para la aprobación definitiva.

Con influencia en dos temas tan delicados en España como la vivienda y el turismo, la propuesta es fuente de discrepancias. Empezando por el primer tema, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona, valora que es una regulación que "llega tarde" en tanto en cuanto se ha convertido en una práctica con gran protagonismo en muchas ciudades españolas. Y aunque reconoce que hay zonas de las grandes ciudades que tienen un porcentaje muy alto de vivienda turística, considera que son una "oferta complementaria" a la hotelera, y que, como tal, podría debatirse la posibilidad de imponer más impuestos a esta tipología de alquiler y así "contribuyan más y vaya destinado a una mejor conservación de la ciudad, como la tasa turística de los hoteles".

En cualquier caso, Bernardos duda que esta medida tenga una influencia real en los precios, puesto que el número de inmuebles de alquiler turístico no son estadísticamente relevantes hasta el punto de que puedan encarecer la vivienda. "El boom de estos alquileres tiene un efecto claro en la accesibilidad y habitabilidad de las grandes ciudades, pero regularlos solamente no va a acabar con el problema del precio de la vivienda", explica Laura Ballarín, eurodiputada de S&D.

Por el lado del turismo, la crítica es aún mayor. Desde Exceltur, asociación que reúne a buena parte de las mayores empresas del sector turístico español, ponen en tela de juicio la capacidad de esta normativa. En opinión de José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, esto ocurre porque es "muy tibia". De hecho, apunta a que la propuesta de la Comisión "desmoraliza" porque no se pone manos a la obra en una cuestión fundamental: el papel de las plataformas de alquiler turístico en las que los propietarios de los inmuebles cuelgan sus anuncios. Según critica la patronal del sector, estas plataformas no son diligentes a la hora de establecer si los inmuebles anunciados cumplen la normativa del municipio en el que se encuentra, hasta tal punto que "hay una divergencia enorme entre los pisos anunciados y los que están registrados" para el ejercicio de tal actividad.

Ante esta falta de diligencia, "la mayoría de parlamentarios de la Comisión votaron no poner exigencias" a dichas plataformas para cerciorarse de la legalidad de los inmuebles ofertados. Zoreda señala como parte corresponsable a la presidencia española de la Unión Europea por inacción en este sentido: "No se ha hecho valer la ascendencia de esa presidencia en un aspecto que a quien más afecta es al sur de España". Ballarín reconoce que la norma "debería haber ido un poco más allá fijando más requisitos y obligaciones para las plataformas".