La Venezuela post-Maduro respalda el cambio con 87% de apoyo ciudadano
jueves, 5 de febrero de 2026
Una encuesta realizada para The Economist indicó que más de un tercio de los consultados considera que Edmundo González, ganador en 2024, debería asumir de inmediato
Treinta días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, Venezuela atraviesa una transición política excepcional en su historia reciente. La salida forzada del mandatario que gobernó el país desde 2013 desmanteló, en cuestión de horas, el núcleo del poder chavista y abrió un proceso de reconfiguración institucional marcado por decisiones aceleradas, fuerte influencia externa y una sociedad que, según los primeros sondeos, respalda el cambio pero exige una restitución rápida de la democracia.
Una encuesta exclusiva realizada para The Economist por la firma Premise ofrece el primer retrato sistemático del sentir ciudadano tras el 3 de enero. Sus resultados muestran una combinación poco habitual en contextos de intervención externa: aceptación mayoritaria del desenlace, optimismo moderado sobre el futuro inmediato y una demanda clara de elecciones libres en el corto plazo.
El respaldo al fin del régimen
De acuerdo con la encuesta, solo 13% de los venezolanos se opone, aunque sea parcialmente, a la captura de Maduro. La cifra confirma el profundo rechazo social acumulado tras más de una década de autoritarismo, colapso económico y denuncias sistemáticas de violaciones a los derechos humanos. Más de la mitad de los encuestados afirma que su percepción de Estados Unidos mejoró tras la operación militar, un dato en un país donde el discurso antiestadounidense fue central durante años. Para casi cuatro de cada cinco venezolanos, la situación política será mejor dentro de un año, y una proporción similar espera mejora en su situación económica.
La encuesta sugiere que el operativo del 3 de enero quebró una sensación de estancamiento prolongado. Antes de la captura de Maduro, una parte importante de la población asumía que el régimen podía perpetuarse durante décadas. Ese temor, al menos por ahora, se ha disipado.
Democracia como prioridad
El punto más contundente del sondeo es la exigencia de democracia. Dos tercios de los venezolanos consideran que deben celebrarse nuevas elecciones presidenciales, y entre ellos, 91% sostiene que deben realizarse en menos de un año. La mayoría preferiría que se convoquen incluso en un plazo de seis meses.
Más de un tercio de los encuestados cree que Edmundo González, quien obtuvo una amplia victoria en las elecciones de julio de 2024 antes de que Maduro se proclamara ganador, debería asumir de inmediato, al considerar que ya existe un mandato democrático desconocido por el chavismo.
El respaldo al actual gobierno interino es notablemente bajo. Solo 10% cree que Delcy Rodríguez debería completar el mandato presidencial hasta 2031 y apenas 13% expresa una opinión favorable sobre su figura. Aunque Rodríguez obtiene una valoración algo mayor cuando se pregunta por su capacidad para garantizar estabilidad, sigue quedando ampliamente rezagada frente a líderes opositores como María Corina Machado.
Estos datos contrastan con la postura de la administración Trump, que ha respaldado públicamente a Rodríguez como figura de transición.
Excarcelaciones
Desde la salida de Maduro, el gobierno interino ha ordenado la liberación de opositores, activistas de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y manifestantes detenidos durante los últimos años. Las autoridades afirman que más de 600 personas han sido excarceladas. Sin embargo, organizaciones como el Foro Penal Venezolano han podido verificar hasta ahora 344 liberaciones, lo que mantiene abiertas dudas sobre la magnitud real del proceso y la situación de cientos de detenidos considerados presos políticos.
El 30 de enero, la presidenta encargada anunció el impulso de una ley de amnistía general que abarcaría desde 1999 hasta la actualidad. “Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política”, declaró Rodríguez. También informó el cierre de El Helicoide, señalado por la Cidh y la Misión de la ONU para Venezuela como centro de torturas.
Estas decisiones representan un giro radical frente al discurso sostenido por el chavismo durante años. En 2024, Maduro advertía que “no habría perdón”, y Diosdado Cabello había rechazado cualquier iniciativa de amnistía o reconciliación.
Petróleo, columna vertebral
El cambio más estructural del último mes se ha producido en el sector petrolero. Tras la captura de Maduro, Trump anunció que Venezuela aceptó entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo a precios de mercado, con los ingresos bajo control estadounidense. Posteriormente, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley de Hidrocarburos que revierte parcialmente la estatización impuesta desde 2007. El objetivo declarado es atraer inversión extranjera y recuperar la producción, hoy en mínimos históricos.
Para el analista John Mario González, “revertir parcialmente la estatización de la industria petrolera significa casi todo en términos de la posibilidad de un nuevo despertar económico y de la transición democrática. Los regímenes autoritarios controlan más fácilmente cuando hay pobreza y desencanto”.
Estabilidad macro
En el plano económico, los primeros movimientos no se han traducido aún en alivio para la población. En enero, el bolívar perdió 18% de su valor frente al dólar oficial. Aunque el dólar paralelo retrocedió tras una intervención estatal de US$300 millones provenientes de la venta de petróleo, los precios se mantuvieron altos. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%, una herencia que condiciona cualquier recuperación en el corto plazo.
¿Transición democrática?
La estrategia del gobierno interino ha sido reanudar relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras casi siete años de ruptura, y aceptar la intervención de actores como la CIA y la diplomática Laura F. Dogu en Caracas. Esto ha generado críticas tanto internas como externas sobre la soberanía del proceso. “El hecho de que se hagan este tipo de cambios a las leyes de hidrocarburos en Venezuela tiene un componente tutelado porque son prácticamente los intereses de Estados Unidos los que están siendo evidentes y plasmados en estas nuevas leyes”, alertó Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura. Según él, esto no significa necesariamente que no exista margen de acción para las autoridades venezolanas, pero sí indica que “hay una fuerte convergencia, ya sea por acuerdos previos o por la presión que limita la autonomía”.
Argentina apunta a la cúpula del poder venezolano
La Justicia federal argentina dio un paso de impacto político y judicial al avanzar contra la antigua cúpula del poder en Venezuela. Ayer, un juez ordenó la captura internacional con fines de extradición de Nicolás Maduro, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y de otros 14 funcionarios, en el marco de una causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática contra la población civil desde al menos 2014.
La decisión se produce semanas después de que Maduro fuera depuesto del poder y detenido en Estados Unidos tras una incursión militar lanzada por Washington la madrugada del 3 de enero. Desde entonces, el exmandatario permanece bajo custodia en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, y tiene prevista una nueva audiencia judicial el próximo 17 de marzo.
El juez federal Sebastián Ramos dispuso la medida en cumplimiento de una orden del tribunal superior y notificó formalmente a Interpol para que active las alertas de búsqueda internacional. El objetivo es que los acusados sean extraditados a Argentina para prestar declaración indagatoria ante la Justicia, según informó el Ministerio Público Fiscal en su página.
La causa judicial sostiene que en Venezuela existió un plan sistemático de represión estatal, caracterizado por violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos. Entre los hechos investigados figuran desapariciones forzadas, torturas, homicidios y persecución política contra una porción de la población civil, en un patrón a lo largo de más de una década.
La investigación se inició a partir de denuncias presentadas en 2023 y 2024 por la Fundación Clooney para la Justicia, CFJ, impulsada por George y Amal Clooney, y por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, Fadd. Ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa, lo que permitió consolidar los elementos probatorios y avanzar en las órdenes judiciales.
En 2024, la Justicia argentina ya había solicitado la captura internacional de Maduro cuando aún se encontraba en el poder. La detención del exmandatario en territorio estadounidense activó ahora el siguiente paso procesal, el pedido formal de extradición.
El rol de Cabello
Uno de los aspectos centrales de la resolución judicial es que no se limita a la figura del expresidente, sino que alcanza a quienes integraron el núcleo duro del poder político y de seguridad del chavismo. Entre ellos se encuentra Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y considerado durante años el número dos del régimen.
La Justicia argentina busca establecer responsabilidades penales individuales dentro de la cadena de mando, bajo el argumento de que los crímenes denunciados no pudieron haberse cometido sin la participación, el conocimiento o la aquiescencia de las máximas autoridades del Estado.
En total, además de Maduro y Cabello, otros catorce exfuncionarios fueron incluidos en la orden de captura internacional, lo que amplía significativamente el alcance del expediente y refuerza la hipótesis de una responsabilidad estructural.
Jurisdicción universal
El caso se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales nacionales a investigar crímenes de lesa humanidad con independencia del lugar donde fueron cometidos o de la nacionalidad de las víctimas y los acusados.
Argentina ha recurrido a esto en otras oportunidades. En 2021 abrió una investigación por los crímenes atribuidos a militares birmanos contra la minoría musulmana rohingya y, en 2022, inició una causa penal contra el presidente, Daniel Ortega.