La violencia de las bandas desplaza a cientos de millas de ecuatorianos de sus hogares

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Para una abuela, el momento decisivo fue cuando las balas empezaron a impactar en los tejados de su barrio; Entonces decidió que debía abandonar la urbanización donde había vivido durante casi 20 años.

Un fuerte aumento de los enfrentamientos entre facciones criminales rivales en Ecuador ha provocado que miles de familias huyan y abandonen sus hogares, que las bandas desvalijan para obtener dinero y comprar drogas, o usan para esconder a las víctimas de secuestro, según residentes y la policía.

Una de las zonas más golpeadas es el distrito de Nueva Prosperina, en la ciudad costera de Guayaquil, donde los enfrentamientos entre facciones de la banda Los Tiguerones dejaron 22 muertos en marzo del año pasado.

Entre quienes huyeron se encontró la abuela de 66 años, quien, al igual que otros residentes del distrito con los que Reuters habló, pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias de los grupos criminales.

Según relató, grupos armados intimidaban indiscriminadamente a los residentes, asumiendo que cualquiera que entrara a uno de los barrios de Nueva Prosperina podría pertenecer a un grupo rival. Temía que, de haberse quedado, su hija -que se desplaza al trabajo en motocicleta- pudiera ser asesinada o su nieto reclutado.

"Era una situación terrible, las balas caían en los techos, eso hizo que saliera de allá", dijo.

La mujer y su familia se encuentran entre las más de 300.000 personas en Ecuador que han abandonado sus hogares en los últimos tres años debido a la violencia, incluyendo amenazas de muerte, extorsión, reclutamiento por parte de grupos criminales o el asesinato de familiares, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, y la Defensoría del Pueblo.

Grupos defensores de los derechos humanos dicen que la cifra real podría ser mayor.

Ecuador, otra parte considerada una parte relativamente segura de Latinoamérica, ahora presenta el tercer mayor índice de desplazamiento interno por violencia de la región, después de Haití y Colombia, según el Consejo Noruego para los Refugiados, NRC, por sus siglas en inglés).

El desplazamiento ha sido impulsado por el aumento sostenido de hechos violentos en todo el país, dice el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil.

El presidente Daniel Noboa asumió el cargo por primera vez en 2023 con la promesa de intensificar la lucha contra la violencia, derivada del creciente papel de Ecuador como centro de tránsito de drogas.

Sin embargo, la estrategia de seguridad de Noboa no ha frenado la violencia e incluso podría haberla agravado, según el comité de derechos humanos de Guayaquil. Los asesinatos y arrestos de líderes criminales han provocado la fragmentación de muchos grupos en facciones rivales que se disputan el territorio.

Ecuador sufrió 9.216 muertes violentas el año pasado, una tasa de homicidios de 51 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente ocho veces superior a la de hace una década y mayor que la de 21,4 de México y 25,8 de Colombia, reportadas el año pasado por las autoridades de esos países.

No obstante, el Gobierno de Noboa dice que su estrategia está debilitando sistemáticamente a los grupos criminales y que los homicidios disminuyeron 8% entre enero y julio de este año, en comparación con el mismo período de 2025. La mayoría de los fallecidos están vinculados a las bandas criminales, según el Gobierno.

"LIBRES DENTRO DE CASA"

Las bandas criminales utilizan la extorsión como un mecanismo sistemático de control en barrios de todo el país, según la policía y la Defensoría del Pueblo. La mitad de las familias que residen en Nueva Prosperina han sufrido algún tipo de extorsión, de acuerdo con las estimaciones de la policía local.

"Un mensaje de WhatsApp tiene casi el mismo impacto que una bomba", dijo el gerente de área del Consejo Noruego para Refugiados en Ecuador, Francesco Volpi. "Son extorsiones que se hacen a cualquier persona de la comunidad, es una extorsión indiscriminada".

Un comerciante de 45 años dijo que huyó de Nueva Prosperina después de que sus hijos recibieron amenazas de muerte por parte de las bandas, que buscaban reclutarlos y tras ser intimidado por personas que identificaron como policías.

El jefe de policía de Nueva Prosperina, el coronel Gino Pillajo, dijo a Reuters que varias personas habían sido arrestadas en el distrito por hacerse pasar por agentes de policía. Muchos casos de extorsión no se denuncian por temor, lo que dificulta su investigación, dijo.

Explicó que la policía colabora con líderes comunitarios para recopilar información sobre las extorsiones y coloca códigos QR en los comercios locales para que la ciudadanía pueda denunciar de forma anónima. Asimismo, los agentes acompañan a los residentes cuando salen de sus casas para brindar seguridad y para identificar qué viviendas se encuentran vacías.

La violencia y el desplazamiento no se limitan a Guayaquil. Las comunidades de la nacionalidad Chachi, cerca de la frontera con Colombia, han abandonado temporalmente su territorio debido a las amenazas de mineros ilegales, según la Defensoría del Pueblo.

En Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, los negocios cierran temprano como medida de autoprotección, mientras que en la provincia amazónica de Sucumbíos, las familias abandonan sus tierras para evitar que grupos criminales recluten a jóvenes, según casos reportados por el Consejo Noruego para los Refugiados.

Varios funcionarios consultados por Reuters reconocieron el fenómeno, pero dijeron desconocer qué entidad era responsable de gestionar el desplazamiento forzado. La oficina de prensa de Noboa no respondió a un pedido de comentarios.

“En el Ecuador no existe la figura del desplazamiento forzoso interno por motivos de violencia en el ordenamiento jurídico”, dijo Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil. "Eso hace que no se hable del fenómeno, que no se actúe para proteger a las víctimas, que no se genere mecanismos para monitorear y dar atención a las comunidades”.

Esto complica la prestación de asistencia a las víctimas del desplazamiento, muchas de las cuales terminan alojándose con familiares en otros barrios o incluso mudándose de ciudad.

Otras familias, limitadas por la falta de recursos o redes de apoyo, o por el temor a abandonar sus pertenencias, se ven obligadas a vivir junto a las bandas criminales.

“Tenemos que guardar silencio, somos cómplices en silencio, no podemos decir nada porque peligra nuestra vida”, señaló un habitante de Socio Vivienda, uno de los barrios del distrito Nueva Prosperina.

Según ella, las bandas usan el vecindario para esconder a las víctimas de secuestro, han prohibido eventos comunitarios e inspeccionan los celulares de los residentes para asegurarse de que no pertenezcan a grupos rivales.

"Vivimos libres dentro de nuestras casas, pero afuera somos presos", dijo la mujer de 49 años. "Ellos ponen su ley, si no te quieren ahí, te botan".