Las empresas aportan un tercio de los ingresos tributarios en España, más que en la UE

La fiscalidad está en el centro del debate económico, porque un modelo inadecuado golpea la inversión y la actividad empresariales y, por ende, lastra las perspectivas de crecimiento. Es justo lo que sucede en España, donde "el endurecimiento continuado de la fiscalidad empresarial está afectando negativamente a la confianza de los agentes económicos, retrae las inversiones y está ralentizando el crecimiento económico y la creación de empleo".

Así lo refleja el informe Competitividad fiscal 2023, publicado este miércoles por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que se pone de relieve que la presión fiscal que soporta el tejido productivo español es muy superior al promedio europeo.

En concreto, el informe resalta que las compañías españolas aportan un 32,4% del la recaudación pública total, en contraste con el 25,8% de media en la UE, señala el documento a partir de datos de Eurostat de 2022, una fuerte inyección a las arcas públicas que proviene esencialmente de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que en los últimos años no han parado de subir, hasta representar el 25,2% del total de la recaudación frente al 17,7% del promedio europeo, y en menor medida del Impuesto de Sociedades, que supone un 7,2% del total versus el 8,1% de la UE.

En términos de PIB, las cotizaciones sociales aportaron una cifra equivalente al 9,5% del Producto Interior Bruto, y el pago por Sociedades un 2,7%; esto es, entre ambas figuras el Estado ingresó una cifra representativa del 12,2% del PIB en contraste con el 10,4% europeo.

En este contexto, el informe denuncia que en España las empresas sufren una presión fiscal normativa muy superior a la media europea "o, lo que es lo mismo, (se) cuenta con un sistema fiscal más ineficiente y distorsionante", que no solo penaliza la inversión, sino también el ahorro. En su análisis, el IEE señala que el Gobierno busca justificar las subidas de impuestos al ahorro y a las empresas con los argumentos de avanzar en la convergencia de la presión fiscal con la UE, que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viene defendiendo desde incluso antes de llegar a la Moncloa; la necesidad de reducir el déficit para cumplir con los objetivos que fija Bruselas, y también para redistribuir la riqueza, "sosteniendo que los grandes patrimonios pagan pocos impuestos".

Sobre la primera cuestión, el IEE resalta que la presión fiscal ha subido con tanta fuerza e intensidad en los últimos años que calcula que en 2023 alcanzó el 39% del PIB, cada vez más de cerca del promedio de la UE, que ronda el 42%. Sin embargo, presión fiscal (peso de los ingresos públicos sobre el PIB) y esfuerzo fiscal (presión fiscal ajustada por renta per cápita) son cosas muy diferentes. Mientras que la primera no ha dejado de subir en los últimos años, la renta por habitante en paridad de poder de compra aún se encuentra muy por debajo del promedio europeo (un 14% inferior a la media de la eurozona en 2023, según Eurostat).

De hecho, de acuerdo con el informe, el esfuerzo fiscal que realizan los españoles es un 17,8% superior a la media de la UE y se encuentra muy por encima del de otras economías de la OCDE: "Entre las grandes economías avanzadas ninguna presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país". En 2019, el esfuerzo tributario que realizaban los contribuyentes españoles era un 8% superior al promedio europeo, lo que significa que en los últimos años el sacrificio fiscal que se les exige se ha multiplicado.

Respecto al argumento de subir impuestos para enjugar el déficit, el organismo cree que es "una de las peores decisiones que puede tomar el Gobierno" en un escenario económico como el actual, marcado por la incertidumbre, ya que las alzas fiscales "deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que necesitamos, y deterioran las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación".

Mientras que sobre el mantra de que los grandes patrimonios pagan pocos impuestos y deben desembolsar más, el informe resalta que "tanto la tributación empresarial como la imposición sobre el ahorro se sitúan entre las más altas de los países de nuestro entorno a pesar de las repetidas manifestaciones en sentido contrario".

El resultado de las constantes subidas de impuestos, que se han disparado durante el mandato de Pedro Sánchez (entre 2018 y 2024, el Ejecutivo "habrá aplicado no menos de 69 aumentos tributarios", según un análisis publicado ayer por el Instituto Juan de Mariana), ha sido una galopante pérdida de competitividad fiscal. Según el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation, en 2023 España se encontraba en la posición 31 de un total de 38 países analizados, "tres puestos por encima que el año anterior, pero todavía ocho puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019".

Esto es, en el furgón de cola de los países desarrollados, con una posición en el ránking que evidencia "una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país desde la posición anterior a la pandemia, reflejando el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios, tendencia que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y el mantenimiento de las nuevas figuras tributarias que fueron, en principio, diseñadas con carácter temporal", en referencia a los impuestos a bancos y energéticas.

Todo ello en un contexto en el que la presión fiscal normativa en España (la carga de gravamen que soporta la economía con independencia de la recaudación que se obtenga) se aupó en 2023 hasta los 117,2 puntos, según el indicador desarrollado por el IEE a partir del ICF, un 17,2% más elevada que la media de la UE, casi un punto superior a los 116,4 puntos de 2022 y muy por encima de los 110,5 puntos que marcaba en 2020.