Lo que aterra a empresarios e inversores de una coalición entre Psoe y Podemos

La apuesta por un Ejecutivo "rotundamente progresista", aunque con una fuerte dependencia de un amplio abanico de partidos nacionalistas y regionalistas, dispara las alarmas entre los empresarios e inversores. Así, si a Sánchez le puede quitar el sueño nombrar vicepresidente a Iglesias, "como al 95% de los españoles", a empresarios e inversores les puede quitar el sueño la posibilidad de un aumento desmedido de los gastos, una fuerte subida de la presión fiscal y el descontrol de las cuentas públicas, así como el incremento de los costes laborales que podrían venir de la mano de una contrarreforma del mercado de trabajo. Todo ello puede suponer un freno brusco a las inversiones y a la contratación, asestando un duro golpe a una economía que ya está muy tocada.

Incremento de gastos. Si hay algo que tanto el PSOE como Podemos tienen claro es que hay que incrementar el gasto público, ya que es de lo poco que concretan en el documento conjunto, donde hablan incrementos en educación, sanidad, dependencia, pensiones... Muchas de estas promesas pueden sonar bien, pero conllevan una amplia batería de medidas recaudatorias, además de disparar el déficit y restar espacio para un gasto productivo que sí podría impulsar la economía.

Impuestos de Sociedades. Una de las medidas que unieron a ambos partidos en los Presupuestos fallidos de enero fue elevar la tributación de las empresas, imponiendo un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible, con un alza para banca y petroleras hasta el 18%, y la obligación de tributar parcialmente por los dividendos obtenidos por filiales en el extranjero, pese a que estos ya están gravados en los respectivos país. Ahora se podría recuperar esta medida y establecer incluso un recargo a la banca o a las actividades contaminantes de hasta diez puntos, como el que defendía UP en su programa. Asimismo, coinciden en introducir la tasa Google y la tasa Tobin, así como endurecer la fiscalidad de las Socimis.

Subida del IRPF. El PSOE había retirado de su programa electoral el alza del IRPF, señalando que era una idea de Podemos, pero mantenía la propuesta de elevar la progresividad y, al mismo tiempo, señalaba que esta medida sí se podría recuperar en un futuro pacto. Anteriormente, los socialistas hablaban de un incremento del tipo máximo para las rentas del trabajo de 7 puntos, hasta el 52%, aunque Podemos iba más allá y reclamaba un alza hasta el 55%. También defienden una mayor tributación de las rentas del capital, con la imposición de tipos de hasta el 27% y el 30%, respectivamente (ahora, en el 23%).

Ataque a la autonomía fiscal madrileña. Durante los últimos meses, Sánchez e Iglesias han puesto en su punto de mira la autonomía fiscal de Madrid a la que acusan (y, en menor medida, también a Andalucía) de "hacer dumping fiscal" al resto de comunidades, limitando sus ingresos. Para evitar lo que algunos miembros de estos partidos calificaban de "paraíso fiscal", proponían una armonización de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio. Sin embargo, en las últimas semanas el Partido Socialista fue más allá y reivindicó alguna armonizar también el IRPF para poner coto a las rebajas de impuestos que prepara Díaz Ayuso para la región. Hay que señalar que equiparar todos los impuestos de Madrid con el resto de las regiones podría suponer un incremento de la presión fiscal de 5.900 millones, 2.000 euros más por persona.

Subida de cotizaciones. Una de las propuestas que comparten ambos partidos es que los autónomos deben elevar su contribución a la Seguridad Social. Aunque ninguno de ellos ha especificado cuánto más deben aportar, sí que han señalado que muchos cotizan muy por debajo de sus ingresos reales. Asimismo, Podemos hablaba de quitar el tope a la base máxima de cotización de los trabajadores a la Seguridad Social (aunque no indica hasta qué niveles ni cuándo lo haría) y, dado que esta fue una de las medidas que llevó a cabo el Ejecutivo actual a principios de año, es posible que ahora Sánchez repita la misma maniobra.

Alza del salario mínimo hasta 1.200 euros al mes. Asimismo, tanto rojos como morados reclaman un incremento del SMI hasta los 1.200 euros mensuales (con 14 pagas al año) hasta 2023, que podría comenzar por un incremento hasta los 1.000 euros ya el próximo ejercicio, de acuerdo con los compromisos previos de Sánchez y las reclamaciones de Iglesias. Y este incremento de costes, junto con los mayores pagos a la Seguridad Social, podría suponer un freno añadido a la contratación. Hay que recordar que la Comisión Europea calcula que el próximo año apenas se crearán 200.000 puestos de trabajo, frente a los más de medio millón de empleos en cada uno de los ejercicios desde 2014.

'Contrarreforma' laboral. Otra de las medidas de las que más han hablado ambos partidos es de revertir la reforma laboral de 2012, algo que Podemos extiende también a la reforma laboral de 2010. Aunque la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, apuesta únicamente por acabar con "los aspectos más lesivos" de esta regulación, la primacía de los convenios de empresa, lo cierto es que es que son estas herramientas las que dan flexibilidad a las empresas en tiempos de deterioro económico, permitiéndoles sortear las crisis y quitándoles el miedo a contratar, mientras que la incertidumbre opera en sentido contrario. De hecho, muchas empresas llegaron a plantear ERE en las anteriores ocasiones en las que ha habido tentativas de pacto entre PSOE y Podemos, para adelantarse a posibles cambios en la regulación laboral.

Descontrol del déficit. También preocupa entre los inversores el descontrol del déficit público. A pesar del carácter presuntamente tecnócrata de la ministra de Economía y posible vicepresidenta económica, Nadia Calviño, Bruselas calcula que el desequilibrio entre ingresos y gastos ascenderá al 2,2% del PIB el próximo ejercicio, 22.000 millones más que lo autorizado por el Congreso y el Senado. Y esta cifra podría incrementarse, ya que las medidas de gasto esbozadas son muy concretas, mientras que las subidas tributarias son difusas y su recaudación podría quedar a la mitad que lo que estima el Gobierno, según la Autoridad Fiscal.

Control a los alquileres. Por otra parte, el control de los precios del alquiler que plantea Podemos también podría asestar un duro golpe a las empresas inmobiliarias, que ya frenaron sus inversiones tras el último Decreto Ley. A esta nueva vuelta de tuerca, que lastrará la rentabilidad de estas empresas, se suma el recargo tributario ya mencionado a las Socimis.

Banca pública. La formación liderada por Pablo Iglesias quiere crear una banca pública con la fusión de Bankia y el ICO, algo contra lo que alertan los economistas, que señalan que este tipo de empresas suele prestar menos atención a la solvencia de sus clientes, lo que deriva en una mayor morosidad.
Acelerón de la transición ecológica. Otro foco de preocupación para las compañías, especialmente para la industria, es que Ribera ya apostaba por cerrar las centrales de carbón y las nucleares en los próximos años, y el pacto con Podemos puede endurecer esta posición. Esto significa que el sistema eléctrico puede quedar cojo cuando no haya viento ni sol, lo que llevaría a una fuerte volatilidad en el recibo de la luz. Además, la empresa pública que plantea Iglesias puede dañar la rentabilidad del sector.

Patada hacia delante en la Seguridad Social. Por otra parte, Podemos reclama un incremento de las pensiones mínimas hasta los 750 euros, duplicando las cifras actuales, además de incentivar las jubilaciones anticipadas. Esto sería incompatible con el saneamiento del sistema de la Seguridad Social, y el gran problema es que a partir de 2023 comenzará a jubilarse la generación del baby boom por lo que, si no se acaba antes con el déficit, el desequilibrio se puede disparar. Y más, con el frenazo experimenta ya el empleo.

Financiación autonómica. También es necesario acometer la reforma de la financiación autonómica, pero el peligro es que, con un Ejecutivo plurinacionalista, los recursos acaben yendo a aquellas regiones con una mayor influencia política, y no a aquellas peor financiadas, lo que obligaría a un nuevo reparto en el futuro próximo. A esto se suma también la dependencia de Sánchez de los partidos independentistas catalanes, lo que puede obligar al aplazamiento de las actuaciones para restablecer el orden en la región.