Los cambios a la Ley de Urgente Consideración que impulsa el gobierno de Uruguay

En un escenario sin mayorías propias, el Gobierno tendrá que convencer a dos diputados opositores de ir en contra de lo que votaron y militaron durante el perIodo anterior; desde la oposición dicen que algunos cambios llevarán a que autores de delitos graves queden en libertad.

Durante la campaña electoral y en este primer año de gobierno, distintos actores del oficialismo han anunciado cambios a la Ley de Urgente Consideración, LUC, aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, hasta ahora casi todos esos anuncios no pasaron de eso. Y eso se explica, en parte, por la dificultad que tiene el gobierno para conformar las mayorías necesarias en el Parlamento.

En una Cámara de Diputados donde el gobierno precisa dos votos de la oposición, hasta ahora solo fueron aprobadas dos modificaciones importantes a la LUC: en la ley de lavado de activos se redujo el límite para operar en efectivo y en el Presupuesto se introdujeron cambios a la regla fiscal. En el primer caso fueron votos colorados y en el segundo cabildantes. Si bien hubo otros cambios fueron menores o considerados positivos por la ahora oposición.

Sin embargo, en la reforma del Código del Proceso Penal, CPP, a estudio del Parlamento, el gobierno plantea varios cambios a distintos pasajes de una de las leyes más importantes del gobierno anterior que, además, fue ratificada en parte por la ciudadanía cuando el Frente Amplio llevó 135 artículos a referéndum. Y en la oposición ya están trabajando en su defensa.

“Cabildo Abierto no va a votar nada que implique un cambio a la LUC”, dijo a El Observador el diputado de ese partido, Álvaro Perrone, que en varias votaciones apareció como el principal aliado del gobierno para generar las mayorías necesarias y ya tiene un antecedente votando cambios a esa ley.

¿Cuáles son los cambios que el poder ejecutivo plantea en la reforma y revierten la LUC?

El proyecto plantea varios cambios a esa ley que, además, estuvieron en el referéndum en el que la ciudadanía respaldó la ley, según un trabajo del equipo de asesores del diputado blanco Pablo Abdala al que accedió El Observador. Ese trabajo no incluye los cambios a la libertad anticipada que el gobierno había incluido en el proyecto pero que, tras el ruido político que se generó, decidió dejar por el camino al menos por ahora.

“Hay otras situaciones similares a ese cambio que se pretendía con la libertad anticipada que conducen a una consecuencia similar, a que autores de delitos graves queden en libertad, por ejemplo los cambios a la libertad a prueba”, explicó Abdala a El Observador.

Libertad a prueba

La reforma del CPP del gobierno incluye una serie de cambios al régimen de libertad a prueba, que es una posibilidad que puede aplicar la Justicia cuando el delito cometido tenga ciertas características. Lo debe solicitar la defensa del condenado y se puede aplicar en la sentencia definitiva o después.

“La libertad a prueba consiste en someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales”, dice la normativa vigente.

Este régimen se puede aplicar para los delitos culposos, esos casos donde la acción se comete sin intención directa de dañar pero produce igual un resultado lesivo, y en los delitos dolosos o ultraintencionados siempre y cuando la pena prevista no supere los 24 meses de prisión. Y ahí el primer cambio: la reforma plantea llevar ese plazo a 3 años de penitenciaría, prisión para el caso de penas graves.